El proyecto para reformar una cuestionada ley de seguridad española, juzgada represiva por sus detractores que la llaman "ley mordaza", fracasó hoy después de que dos aliados del Gobierno progresista de Pedro Sánchez votaran en su contra en una comisión parlamentaria.
El texto concluyó sin éxito su recorrido parlamentario, pese a haber sido negociado desde hace más de un año por la coalición de izquierdas en el poder y sus socios parlamentarios habituales. En consecuencia, la normativa aprobada en 2015 por el Gobierno conservador de Mariano Rajoy seguirá vigente.
La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana formó parte del pacto de investidura entre socialistas y Unidas Podemos, pero parece complicado que el Ejecutivo encuentre una alternativa antes de las elecciones legislativas de finales de año.
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Rechazada por los partidos opositores de derecha y ultraderecha, la medida tampoco contó con el apoyo de los socios independentistas del Gobierno, los catalanes de Izquierda Republicana de Cataluña (ERC) y los separatistas vascos de Bildu, que consideraron "insuficientes" los cambios pactados por el oficialismo y el Partido Nacionalista Vasco (PNV).
"Es una reforma light y edulcorada", sostuvieron ante la Comisión de Interior, según reportó la agencia de noticias Europa Press.
Según explicaron, su negativa al proyecto legislativo fue porque no prohibía el uso de grandes balas de goma por parte de la policía, ni tampoco la devolución inmediata de los inmigrantes irregulares, aunque desde el Gobierno alegaron que ambas cuestiones no están reguladas en dicha ley, sino en protocolos policiales y la ley de extranjería.
"No podemos asumir una reforma que se queda cortísima", justificó la diputada de ERC, María Dantas Carvalho.
En tanto, el legislador de Bildu, Jon Iñarritu, argumentó en la televisión vasca que rechaza un texto que mantiene "el corpus represivo de la 'ley mordaza' anterior", consignó la agencia de noticias AFP.
El partido minoritario de la coalición de Gobierno de Sánchez, la formación de extrema izquierda Unidos Podemos, que sí apoyó la reforma, culpó a sus socios socialistas de la falta de apoyo a la ley, acusándolos de no mostrar voluntad de acuerdo con ERC y Bildu.
No obstante, ambos partidos han coincidido en que la propuesta de reforma buscaba garantizar los derechos de los ciudadanos que fueron "coartados" por el conservador Partido Popular en 2015, al añadir "más garantías" a la labor policial.
Desde el PNV, Mikel Legarda, también lamentó que cayera el texto que buscaba no confundir el principio de autoridad con "autoritarismo".
En su opinión, el dictamen sometido a votación incidía en el "uso proporcionado" de las pelotas de goma, algo que se tiene que abordar en protocolos policiales, sin prohibirse en una ley orgánica como la de seguridad ciudadana.
Esta ley "de protección de la seguridad ciudadana", aprobada en 2015 bajo el Gobierno de Rajoy, prevé fuertes multas en caso de manifestaciones no autorizadas, o para aquellas tentativas de impedir desahucios de viviendas.
Implantada en plena ola de manifestaciones contra los recortes del gasto público, la ley provocó la repulsa de organizaciones de los derechos humanos como Amnistía Internacional y la izquierda había prometido cambiarla.
"Hubiera sido deseable esta derogación, nosotros creíamos que apoyando esta iniciativa dábamos cumplimiento a nuestro compromiso y es una pena", dijo a la prensa la vocera del gobierno, Isabel Rodríguez, según consignó la AFP.
El texto que proponía el Gobierno contemplaba varios cambios, como la reducción de las diferentes multas, esgrimieron los socialistas.
Con información de Télam
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