La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dispuso esas medidas cautelares tras considerar que Bernardo Arévalo y Karin Herrera Aguilar, electos presidente y vicepresidenta de Guatemala el último domingo, "se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Guatemala", informó en un comunicado publicado en su página web. En el mismo día, el Ministerio Público Fiscal solicitó quitarle los fueros a tres jueces del Tribunal Supremo Electoral que dio el aval para que la pareja del binomio del movimiento Semilla pudiera participar de las elecciones.
Arévalo y Herrera Aguilar, dijeron desde la CIDH, son "objeto de estigmatización, hostigamientos, acoso, exposición pública de su información personal por medio de plataformas virtuales, así como amenazas que incluye la existencia de dos planes para atentar en contra de sus vidas e integridad, uno incluso notificado por fiscales", dijo el organismo.
De acuerdo con el texto, el Estado evaluó que Arévalo y Herrera Aguilar "cuentan con un amplio esquema de protección, el cual fue reforzado y puede continuar brindándose en el marco de los procedimientos internos" y el organismo valora "las acciones implementadas por el Estado y la disposición para presentar la información en este asunto".
Sin embargo, la resolución de la CIDH responde a "los hechos alegados a la luz del contexto que viene monitoreando en Guatemala" y observa "con preocupación la información sobre, por lo menos, un posible plan en contra de la vida e integridad de las dos personas beneficiarias, que fue notificado formalmente por integrantes del Ministerio Público, sin información sobre las acciones adoptadas al respecto".
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Además de ordenar al Estado de Guatemala a proteger a Arévalo y Herrera Aguilar, insta a las autoridades a concertar "las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y sus representantes" e "informar sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición".
La solicitud de medidas cautelares había sido presentada al CIDH por el abogado Alfredo Ortega Franco y Christian González Chacón, doctor en derecho y especialista en derecho internacional graduado por la universidad Georgetown, en Estados Unidos. En el balotaje del domingo pasado, Arévalo se impuso con 58,4% de los votos a la candidata de Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, que obtuvo 36,8%.
El Ministerio Público apuntó contra los jueces del TSE
Arévalo pudo presentarse a la compulsa después de que, pocas semanas antes de la segunda vuelta, el TSE denegara una solicitud del Ministerio Público que buscaba retirarle la personería política al Movimiento Semilla, en medio de una embestida judicial. Ahora, de hecho, el mismo Ministerio Público solicitó a la Justicia que retire la inmunidad a tres jueces del Tribunal Supremo Electoral (TSE), incluida su presidenta, Irma Palencia, en nuevo capítulo de la tensión que rodea al proceso que debió haber culminado con el balotaje del domingo pasado, informó la prensa internacional.
La Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA), que enviaron misiones de observación a los comicios, reaccionaron denunciando interferencias en el proceso electoral y acoso a los magistrados del TSE y a otras autoridades. La Fiscalía de Delitos Administrativos acusó a Palencia y a los jueces Mynor Custodio Franco y Álvaro Cordón de incumplimiento de deberes, abuso de autoridad e implementación de resoluciones violatorias de la Constitución.
La imputación, basada en una denuncia recibida en marzo pasado, se debe a la decisión del TSE de avalar la candidatura de Manuel Baldizón, condenado por lavado de dinero en Estados Unidos, aunque finalmente quedó fuera de la carrera electoral. La Fiscalía entiende que los magistrados tenían pleno conocimiento de que Baldizón no cumplía los requisitos constitucionales, por lo que pidieron poder iniciar las investigaciones y establecer si existe la comisión de hechos constitutivos de delito, según la agencia de noticias Europa Press.
Tras conocerse la solicitud, la misión de observación de la UE afirmó que el personal del TSE está siendo “acosado” por el Ministerio Público. “Con independencia del origen de los casos, las solicitudes del Ministerio Público se producen mientras las juntas electorales departamentales realizan las audiencias de revisión de escrutinios de la elección presidencial del pasado 20 de agosto, paso previo a la oficialización de sus resultados por parte del TSE”, dijo la misión de la UE en un comunicado.
Con información de Télam
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