Estados Unidos anunció que reactivará las sanciones al sector del petróleo, gas y al oro de Venezuela, después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) mantuviera la inhabilitación política de la opositora María Corina Machado por estar acusada de hechos de corrupción. La Casa Blanca había decidido levantar las sanciones en apoyo a los acuerdos que el Gobierno y la oposición venezolanos habían alcanzado hace meses para convocar a elecciones después de mitad de año, en un proceso conocido como el "Acuerdo de Barbados". Por su parte, la Asamblea Nacional de Vezuela repudió las acciones estadounidense y llamó a un gran diálogo nacional para establecer el cronograma electoral para después de mitad de año.
"Estados Unidos no renovará la licencia" que brinda alivio al sector petrolero y del gas cuando expire el 18 de abril de 2024, informó en un comunicado el vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller. El Gobierno del presidente estadounidense Joe Biden tomó esta medida "a falta de avances" entre el mandatario Nicolás Maduro y sus representantes y la opositora Plataforma Unitaria, "particularmente en cuanto a permitir que todos los candidatos presidenciales compitan en las elecciones de este año", añadió.
Pese a que Estados Unidos siguió el proceso de los acuerdos que se vienen llevando a cabo hace tres años, no firmó el de Barbados. También es el caso de la candidata por Vente Venezuela y ferviente antichavista, que siempre se manifestó en contra de algún tipo de negociación con el Gobierno. Pese a ello, fue parte de la interna opositora celebrada el 22 de octubre pasado, en donde resultó electa para hacerle frente a la propuesta del Gobierno en los comicios, que aún no tienen una fecha definida.
En tanto, el anuncio llegó horas después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro diera de plazo hasta el próximo 13 de febrero para "liquidar cualquier transacción" pendiente con Minerven, la minera estatal de extracción de oro de Venezuela. De esta manera, Washington reimpuso las sanciones al petróleo, al gas y al oro de Venezuela.
Estados Unidos había condicionado la continuación del alivio de las sanciones contra el país comandado por Maduro, dispuestas en octubre en respuesta al acuerdo firmado entre el Gobierno y la oposición en Barbados, a que Maduro liberara a prisioneros, incluidos estadounidenses "detenidos injustamente" y a que diera garantías para la celebración de elecciones libres. Desde esta flexibilización decidida en apoyo al acuerdo de Barbados, hubo un canje de presos.
En diciembre, Venezuela liberó a más de 20 de sus propios ciudadanos y a 10 estadounidenses a cambio de la libertad de un funcionario de Maduro y la extradición de un empresario malayo buscado por Estados Unidos. Sin embargo, Washington está muy insatisfecho con los resultados.
La decisión judicial contra Machado y las recientes detenciones de al menos tres miembros de Vente Venezuela -el partido de la candidata- llevaron a la Casa Blanca a restablecer las sanciones.
Tras conocerse las declaraciones de Estados Unidos, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad un repudio "a cualquier forma de ultimatum" por parte de la Casa Blanca y llamó a un "gran diálogo nacional". El comunicado, que también fue difundido desde las redes sociales de Maduro, las y los legisladores rechazaron "cualquier injerencia" en los asuntos internos del país que "pretendan socabar la soberanía, independencia y el derecho a la autodeterminación", establecieron en los considerandos.
En ese sentido, acordaron también el ultimátum del Gobierno estadounidense "haciendo eco a los aplausos del extremismo violento de los apellidos de las oligarquías nacionales de la utraderecha fascista". Al igual que se manifestaron desde la oposición nucleada en la Plataforma Unitaria, manifestaron su respaldo a los Acuerdos de Barbados para la realizaicón de las elecciones presidenciales.
"Esta Asamblea Nacional convoca de inmediato a una gran mesa de diálogo nacional amplio e incluyente" entre los que mencionaron a espacios económicos, políticos, sociales, empresariales, partidos políticos, precandidates, sociedad civil, entre otres para "elaborar juntas y juntos una propuesta de cronograma electoral presidencial para ser presentado con celeridad al Poder Electoral", señalaron en el tercer punto de la resolución.
Denuncias de la oposición
En los últimos días, 36 personas fueron detenidas, entre civiles y militares, a quienes las autoridades venezolanas acusan de estar vinculados con cinco "conspiraciones" para asesinar a Maduro. Entre los arrestados se cuentan tres colaboradores de Machado, que más de una vez pidió la intervención militar de Estados Unidos a su país y la causa que pesa sobre ella está vinculada a hechos de corrupción cometidos junto con Juan Guaidó, quien se autoproclamó presidente encargado del país y generó estructuras de Gobierno paralelas durante dos años.
"Las acciones de Nicolás Maduro y sus representantes en Venezuela, incluido el arresto de miembros de la oposición democrática y la prohibición de que candidatos compitan en las elecciones presidenciales de este año, son inconsistentes con los acuerdos firmados en Barbados", se quejó Miller, informó la agencia de noticias AFP.
El TSJ, de línea oficialista, selló una inhabilitación política por 15 años contra Machado. "Nicolás Maduro no va a escoger el candidato de la gente, porque la gente ya escogió su candidato", sostuvo Machado, por su parte.
Para Washington, el Acuerdo de Barbados "sigue siendo el mecanismo más viable para resolver la crisis política, económica y humanitaria de larga duración de Venezuela y celebrar elecciones competitivas e inclusivas en Venezuela". Pero esto requiere que "Maduro y sus representantes respeten los principios de la hoja de ruta y garanticen que los actores políticos de la oposición tengan el derecho a elegir libremente a sus candidatos para las elecciones presidenciales de 2024", que deberían celebrarse durante la segunda mitad del año, añadió el vocero del Departamento de Estado estadounidense.
Con información de Télam
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