Elecciones en Uruguay con reforma constitucional: seguridad y jubilaciones

Las elecciones presidenciales en Uruguay coincidirán también con dos plebiscitos en donde el Partido Nacional y el Frente Amplio se disputarán cambios en la Constitución Nacional. Uno, es para permitir los allanamientos nocturnos como modo de enfrentar los problemas de seguridad; el otro para reformar el sistema de pensiones impulsado por la gestión del presidente, Luis Lacalle Pou; que subió la edad jubilatoria, entre otros puntos. Los cambios serán definidos por la ciudadanía el mismo día en el que elijan al próximo presidente y las y los legisladores para el Congreso Nacional. Cómo se votarán, cuáles son sus puntos clave y qué se necesita para que sean aprobadas.

Las 2.765.903 personas registradas para votar según datos de la Corte Electoral uruguaya, podrán también pronunciarse en ambas consultas populares. Para ser aprobadas, deberán superar el 50+1% de los votos. En los dos casos, sólo estará la opción de votar por el "Sí", caso contrario el voto se contará como negativo.

Allanamientos nocturnos para enfrentar el narcotráfico

Este plebiscito es impulsado por el senador oficialista por el Partido Nacional Carlos Camy y tiene como objetivo modificar el Art. 11 de la Constitución Nacional para permitir los allanamientos en hogares durante la noche. En ese sentido, la propuesta es que ese apartado quede redactado de la siguiente manera: “El hogar es un sagrado inviolable. Nadie podrá entrar en él sin el consentimiento de su morador, o por orden expresa y fundada de un juez competente, dictada por escrito en los casos y formas establecidas por la ley”. En caso de alcanzar el 50% + 1 de los votos se dará por aprobado, pero su implementación puede estar en duda en caso de un próximo gobierno del Frente Amplio.

El fundamento principal para esta propuesta está centrada en que se trata de una herramienta para combatir al narcotráfico, ya que entienden que la noche que operan en bocas de venta de droga “disfrazadas como casas de barrio" y que "pueden actuar con total y absoluta impunidad". “Los que estamos con la policía y no con los delincuentes votamos el sí de la papeleta amarilla”, sostuvo Camy en la cadena nacional en la que también explicaron que la redacción del artículo original rige desde 1830 cuando se juró la primera Constitución y “no había luz eléctrica”. Por ello, consideran que ahora es tiempo de “darle el aval a la Justicia para que el combate al delito sea a tiempo completo”.

Sin embargo, el contexto es más complejo. "La inseguridad pública es la primera preocupación del electorado uruguayo desde hace ya unos años, sobre todo, el sostenimiento de la tasa de homicidios, que se atribuyen a las disputas del control territorial entre las bandas", precisó ante El Destape el doctor en Ciencia Política y profesor de la Universidad de la República (UdelaR), Diego Luján. Por ello es que, a su entender, "los partidos se esfuerzan bastante por proponer o por tratar de instalar en el discurso algunas medidas respecto de cómo encarar este tema". 

Si se busca en los números, entre las principales problemáticas en torno a esta materia, está la cantidad de muertes violentas. El Estudio Global de Homicidios de 2023, realizado por la Oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas, reveló que el 40% del total de las muertes en Uruguay son motivadas por el crimen organizado, con una cifra de 25 cada 100 mil habitantes. Según el Observatorio de Violencia y Criminalidad uruguayo, los "ajustes de cuentas" representaron el 51% de los casos en 2023.

Para el caso, Luján marcó algunos puntos controversiales. Dijo que "puede llegar a generar violaciones al hogar, un sagrado inviolable" y que el "riesgo de excesos puede estar presente". Sumó uno más, que fue mencionado incluso por los sindicatos de policías: "No necesariamente están preparados en entrenamiento, instrucción y equipamiento para poder ingresar en hogares sobre todo en barrios o asentamientos irregulares en donde viven familias, en donde puede haber riesgo para civiles como para la policía", dijo.

En una reciente resolución emitida por el opositor Frente Amplio sostuvieron que se trata de una propuesta “demagógica” y consideraron que “supone una desprotección de los hogares, sin una propuesta explícita de regulación que posibilite un uso adecuado” de esta posibilidad que tendrán los efectivos policiales.

Antecedentes

La iniciativa fue promovida anteriormente por el fallecido exministro del Interior de la actual gestión Jorge Larrañaga durante su campaña “Vivir sin miedo” y fue apoyada por sus sucesores Luis Alberto Heber y Nicolás Martinelli. Especialmente activo, fue el exdirector general de Secretaría del Ministerio del Interior Luis Calabria quien se refirió a la reforma como “la bala de plata” contra el narcotráfico dentro de Uruguay. Otros antecedentes se pueden encontrar durante la presidencia del frenteamplista Tabaré Vázquez, en 2006, que impulsó una iniciativa similar sólo para “circunstancias límite”; y 10 años más tarde otra por parte del ex senador y dirigente de fútbol Pedro Bordaberry, que también hacía referencia a un “criterio restrictivo”, “situaciones graves y urgentes”.

El debate por la reforma previsional

La actual fórmula previsional uruguaya rige nada más que desde octubre del año pasado. Fue caballito de batalla de la gestión de Lacalle Pou y logró su aprobación en el Congreso nacional con el acuerdo de sus aliados en la Coalición Multicolor/Republicana y rechazada casi por completo por el arco opositor conformado por el Frente Amplio. El eje principal de la reforma estuvo puesto en el gasto fiscal del Estado, para lo que se hicieron las siguientes modificaciones a partir de la Ley 20.130, entre otras:

• Se subió la edad jubilatoria: pasó de 60 a 65 años, por igual para toda la población, excepto en sectores como el rural y la construcción;
• El nuevo régimen se aplica para los nacidos a partir del 1 de enero de 1973, quienes se jubilan a los 61 años, los que nacieron en 1972, a los 62; y así progresivamente hasta 1977.
• Hasta entonces el sistema de jubilaciones era mixto y así continuó, pero con modificaciones. Hasta ese momento, el 15% del salario que el trabajador aportaba para el sistema jubilatorio, 7,5% van para el Banco de Previsión Social (BPS) y 7,5% para las Administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP, similar a las AFJP en Argentina). Con el cambio, el 10% irá para el BPS y el 5% restante para las AFAP.

Este plebiscito es impulsado por la organización sindical más grande del Uruguay, el Plenario Intersindical de Trabajadores - Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) junto con movimientos sociales y algunos sectores del Frente Amplio, como el Partido Socialista y el Comunista. Su color será el blanco y sólo se contará con la opción del "Sí", en una papeleta de color blanco. 

La propuesta es modificar el Art. 67 de la Constitución. Son cuatro los ejes principales de las modificaciones que impulsan están:

• El reconocimiento en la Constitución de la seguridad social como un derecho humano fundamental.
• Que las jubilaciones y pensiones estén acorde al salario mínimo nacional.
• Retrotraer la edad de jubilación de 65 a 60 años y eliminar las AFAP.

"Debía ser reforma de seguridad social y terminó siendo un ajuste fiscal encubierto que hizo una reforma de jubilaciones y pensiones", sostuvo ante este medio el secretario general de la PIT-CNT, Enrique Fitil, sobre los cambios llevados adelante por Lacalle Pou. A entender de la central sindical hubo recortes para calcular las jubilaciones, en el salario básico de ellas, así como en las que son para personas con incapacidades físicas. También, indicó que en el sistema actual "quien ingresa al mundo del trabajo está obligado a aportar al capital financiero de las AFAP", sin importar cuánto se esté ganando.

Respecto a ese último punto destacó que, hasta ahora, "en ningún momento se puso en tela de juicio y se discutió cómo se financia la seguridad social. En ningún momento colocaron sobre la mesa el hecho de qué sucede en nuestro país con las exoneraciones, cuando el Uruguay duplica las exoneraciones, con más de 2.100 millones de dólares anuales, que se le hacen al Gran Capital con relación al resto de Latinoamérica", manifestó Fitil.

Para él, como para la central sindical y diversos sectores de la sociedad, de ahora en adelante, entienden que es necesario discutir "una reforma integral", que surja de un diálogo social.