Los resultados de las elecciones regionales en Ecuador de este domingo 5 de febrero, que incluyó una consulta popular impulsada por el presidente Guillermo Lasso para reformar la constitución respecto de temas políticos, jurídicos y ambientales, pusieron de manifiesto el rechazo popular al Neoliberalismo tardío que se vive en este país sudamericano.
Desde 2019, las calles de Ecuador vienen siendo escenario de una fuerte impugnación a la restauración neoliberal que impuso la traición de Lenin Moreno al Programa Político de la llamada "Revolución Ciudadana". Sin embargo, las desinteligencias del movimiento popular y la manifiesta incapacidad de sintetizarse en una propuesta unitaria que contenga tanto las aspiraciones y los intereses de las fracciones medias y obreras urbanas como a las indígenas y campesinos hicieron posible que el banquero Guillermo Lasso (admirador de Álvaro Uribe), fuera electo presidente en 2021.
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De acuerdo a los resultados informados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), Revolución Ciudadana, el partido del ex presidente Rafael Correa, conquistó la prefectura (gobernación) de las tres provincias más importantes del país según su población y según el volumen de su comercio exterior: Pichincha, Guayas y Manabí. Además, logró la victoria en importantes ciudades como Quito (capital de Pichincha y del país) y Guayaquil (capital de Guayas).
El movimiento correísta no sólo conquistó las tres provincias más importantes del país en términos económicos y poblacionales, sino que se convirtió en la fuerza política que mejor desempeño tuvo a la hora de conquistar gobernaciones y alcaldías. Marcela Aguiñaga, presidenta de Revolución Ciudadana y prefecta electa de Guayas, dijo al respecto: “nos hemos consolidado como la principal fuerza del país, tenemos más de 60 alcaldías y 9 prefecturas; pero también tenemos mucha responsabilidad, no podemos fallar, no hay espacio para cometer errores y estamos seguros de que nuestra tendencia se está preparando para las elecciones de 2025″.
De cerca le siguió Pachakutik, que conquistó cinco prefecturas y logró mantener su hegemonía en provincias indígenas del centro y la Amazonía.
El gran perdedor del proceso electoral fue el movimiento CREO, del actual presidente, que se quedó con la representación de Cañar. Además, en lo que podría tomarse como una suerte de evaluación de su gobierno, Lasso, líder del movimiento, sufrió una profunda derrota política en el referéndum constitucional que propuso para estas elecciones.
Revolución Ciudadana logró capturar votos en las provincias que fueron epicentro de los enfrentamientos y protestas que ocurrieron el año pasado, cuando Lasso intentó imponer, por recomendaciones del FMI, una serie de medidas económicas que incluían el aumento en los precios del combustible.
Los resultados electorales revelan así el rechazo popular al sostenido proceso de ajuste que hizo estallar la furia del pueblo ecuatoriano en 2019. Sin embargo, que estos resultados sean el camino seguro del correísmo hacia la presidencia de Ecuador en 2025 aún está por verse, sobre todo si se tienen en cuenta ciertas complejidades tales como la actuación en el proceso electoral de 2021 de Pachakutik.
El amplio movimiento político que lleva las banderas del indigenismo en Ecuador, que tanto en esta elección como en las presidenciales siguió de cerca en caudal de votos al movimiento de Correa, no apoyó en la segunda vuelta de aquel 2021 a Arauz, el candidato progresista de la alianza que integró Revolución Ciudadana. En esa oportunidad Pachakutik intentó la nulidad del proceso en primera vuelta luego del extraño escrutinio en el que se mantuvo en el segundo puesto durante tres días fue superado al cuarto día por Lasso. Esto llevó a recontar los votos en varias provincias dando el segundo lugar al banquero con 32.600 votos más que el candidato indigenista, Yaku Pérez. Ya en la segunda vuelta, Pachakutik llamó a sus votantes a emitir votos nulos, favoreciendo la victoria de Lasso.
La justicia como arma
En abril de 2020, en medio de un tendal de muertos causados por la pandemia de COVID-19 y 10 meses antes de las elecciones presidenciales, la justicia condenó a Rafael Correa y a otros 11 ex colaboradores suyos, por un esquema de supuestos sobornos a empresas a cambio de contratos. El llamado caso “sobornos-2012-2016”, tuvo su origen en una denuncia periodística y desembocó en una condena de 8 años de prisión para Correa y su ex vicepresidente Jorge Glas, quienes quedaron inhabilitados para participar en política por 25 años. Glas había permanecido encarcelado en Quito y fue liberado a finales del 2022.
El uso de la justicia como arma se repitió el año pasado, contra el líder de la CONAIE, Leónidas Iza, quien encabezó las protestas en contra del “paquetazo” en los precios del combustible que intentó Lasso entre junio y julio. El referente fue detenido y sometido a juicio por presunta paralización de servicios públicos, tras participar de movilizaciones y bloqueos en carreteras. En septiembre, el Complejo Judicial de Latacunga, declaró nulo el proceso judicial, tras demostrar que su detención había sido ilegal.
La dictadura de la deuda
Durante las presidencias de Correa, el gobierno ecuatoriano tomó distancia del Fondo Monetario Internacional, llegando incluso a cerrar la oficina que el organismo multilateral tenía en el Banco Central. La presidencia de Lenin Moreno fue la encargada de volver a sostener, desde su asunción, relaciones con el Fondo, llegando a pedir su primer crédito en 2019 por USD 4.200 millones, a los que se sumaron USD 6.000 del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.
El regreso del Fondo llegó también con un plan económico que exigía leyes y reformas, entre ellas las anunciadas el 1° de octubre de 2019 que incluían reformas tributarias, laborales y económicas y que desataron masivas movilizaciones populares ese mes, impulsadas fuertemente por el Decreto 883 que, entre otras cosas, aumentaba el precio de los combustibles.
A pesar de las protestas, la conflictividad social, los muertos y heridos, en noviembre del mismo año Moreno elevó un proyecto de ley de reforma tributaria que fue finalmente aprobado, y a partir de ello recibió nuevos desembolsos del FMI. A principios de 2020 impulsó también la conocida como “Ley Humanitaria”, que incluía un paquete de reformas laborales finalmente aprobadas.
En septiembre de 2020, con Lenín cómo presidente, se llegó a un nuevo acuerdo por un préstamo de USD 6.500 millones, lo que representa un 661% de la cuota de Ecuador en el organismo. El acuerdo incluía, fiel a la vieja política del Consenso de Washington, la necesidad de disminuir el déficit fiscal por la vía de la reducción del gasto público. El volumen del préstamo, que multiplicaba casi 7 veces el aporte ecuatoriano al organismo multilateral de crédito, pronosticó años de dependencia de las conocidas recetas de ajuste.
La llegada de Lasso al gobierno no trajo grandes cambios al respecto. En abril de 2021, Alejandro Werner, Director del hemisferio Occidental del FMI, dijo sobre el presidente electo de Ecuador: “Ellos conocen muy bien el programa que se tiene en operación con el presidente Moreno porque hemos tenido conversaciones con todos los candidatos y además con el equipo del presidente electo Lasso se han tenido encuentros durante muchos años”.
La política económica de Lasso profundizó aún más las recetas neoliberales ya implementadas por su antecesor, pero el movimiento popular ecuatoriano tampoco cesó en el rechazo. Tras los aumentos del precio de los combustibles en junio de 2022, se desató un paro nacional con movilizaciones y protestas en todo el país que duraron más de dos semanas. El último desembolso del crédito del FMI se realizó el pasado diciembre tras la sexta revisión por parte del organismo de las políticas económicas del Estado, en la que el organismo sugirió, entre otras cosas, que “la reforma de los subsidios a los combustibles reduciría el considerable gasto en subsidios y generaría ahorros significativos”.
La continuidad de las políticas de gobierno, tanto en sus programas generales como en sus especificidades, dejan entrever que desde la traición de Lenin Moreno en 2017, el manejo de la economía se encuentra a cargo del FMI. Así lo instrumentó Lasso, quien había sido derrotado por Moreno, pero rápidamente se convirtió en su aliado en la Asamblea Nacional y después, en su sucesor.
“Lo que ocurrió el domingo fue un llamado del pueblo al Gobierno y no vamos a eludir esa responsabilidad, pero también lo fue a toda la dirigencia política y el Estado. El pueblo ecuatoriano nos ha pedido a todos los partidos y agrupaciones que dejemos de abonar rencillas entre nosotros y nos pongamos de una vez por todas a solucionar los problemas urgentes y concretos de nuestra gente”, manifestó Lasso el domingo, en busca de “un gran acuerdo”, bajo la plena consciencia de un gobierno que se debilita.
Rafael Correa, por su parte, lo invitó a llamar a elecciones anticipadas.
Retomar la senda de un proyecto político y soberano, es sin dudas urgente para el pueblo ecuatoriano y para la región. Las mejoras en los indicadores de crecimiento y pobreza en 2022, utilizados para maquillar un gobierno conservador y neoliberal, se deshacen en el aire si se tienen en cuenta los indicadores previos a la pandemia y el ingreso de unas 500.000 personas a la dependencia de los subsidios que las separan de la pobreza extrema.
Pese a la proscripción del proyecto político correísta, la deuda, la inestabilidad económica y la represión utilizadas para disciplinar a la población ecuatoriana, hay una lucha latente y sostenida en las calles. En 2021, en el marco de la alianza UNES, Arauz quedó a 5,3 puntos porcentuales de Lasso, con la consigna “la banca o el país”. ¿Podrán de cara a las próximas elecciones presidenciales continuar construyendo las alianzas necesarias que les permitan torcer aquél resultado? Este nuevo piso alcanzado, deja algunas pistas del proceso de síntesis entre las demandas populares que se vienen expresando en las calles y la construcción o reconstrucción de un programa político. Sin embargo, el mensaje callejero pareciera expresar que el mayor desafío a la hora de construir una fuerza política opositora implica no sólo retórica, sino acciones concretas en oposición a las políticas de ajuste y las recetas neoliberales.
A la resistencia deberá agregársele la unidad popular para dar sustento a un programa, a la victoria electoral deberá sumársele la victoria política, ya que con la primera sola no alcanza y es urgente.
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