Tras una semana de especial violencia en Colombia, la jefa de campaña de Gustavo Petro, candidato presidencial de la izquierda María Camila Arias lanzó una preocupante denuncia que volvió a sacudir el escenario electoral: “Información importante: Clan del Golfo retuvo 6 jóvenes en Armenia y nos amenaza de muerte. El Cambio por la Vida es inevitable en Colombia”. Publicó un video acusó a integrantes de la organización criminal e ilegal de amenazar de muerte y amedrentar el viernes pasado a jóvenes que estaban volanteando a favor del Pacto Histórico, la coalición que encabeza Petro junto con Francia Márquez. ¿Qué pasó en los últimos días? ¿Qué es el Clan del Golfo que persigue a la esperanza de la izquierda para las elecciones del próximo 29 de mayo?
Las amenazas se conocieron en el oeste de Colombia, en el departamento de Quindío, y, según Arias también la tuvieron como objetivo a ella. Aunque se dieron en medio de un pico de violencia del grupo armado en esa región del país, no es la primera vez que Petro y su equipo denuncian este tipo de agresiones. El pasado 2 de mayo el candidato presidencial informó en un comunicado que suspendía su campaña en el Eje Cafetero -en el Norte- tras recibir información “de primera mano de fuente de la zona” que otro grupo criminal, conocido como “La Cordillera”, planeaba atentar contra su vida. Tras la breve pausa, el candidato volvió a los escenarios en Cúcuta, en el Noreste, lindante con Venezuela. Lo hizo con chaleco antibalas y tras escudos blindados.
El gesto no fue exagerado. La violencia política en Colombia deja muertes prácticamente todos los días: de acuerdo con lo reportado por la Misión de Observación Electoral -una plataforma financiada por organismos y organizaciones internacionales-, entre el 13 de marzo de 2021 y 13 de marzo de 2022, se han identificado 581 agresiones a líderes políticos, sociales y comunales del país, lo que hace de este periodo el más violento en los últimos tres procesos electorales del país.
¿Qué es el Clan del Golfo?
En ese contexto, el grupo conocido como el Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) llamó a un paro armado, es decir, una serie de acciones violentas que atacan la vida civil y de fuerzas armadas, mediante el bloqueo de vías, la restricción de la movilidad, amenazas que obligan al cierre de establecimientos comerciales, entre otros puntos. Y, además, se hizo presente en medio de la campaña de Petro con las amenazas a militantes, aliados y asesores.
Según expertos, no se sabe mucho de este grupo. Cuenta con multiplicidad de milicianos asociados en todo el país —algunos de planta y otros contratados, algunos autónomos y otros no—, lo que impide saber la extensión de su poderío.
Como suele pasar con las organizaciones criminales en otras partes del mundo, cuenta con negocios legales como la ganadería que combina con actividades criminales e ilegales, “que incluyen la extorsión o la venta de servicios de coerción”, según explicó Victor Barrera, investigador del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), en Bogotá, a la cadena de noticias BBC.
Además, "las AGC tienen una gran capacidad de movilidad en el territorio porque operan a través de la subcontratación de servicios específicos, según lo demande la situación". Hay estimaciones que hablan de tres mil miembros; otras contabilizan hasta 13 mil, un número similar al que componía a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la guerrilla más grande del país, en su momento más álgido, antes de la firma de los acuerdos de paz en 2016.
El poder del Clan del Golfo tras el arresto de su líder
"Con este golpe se marca el fin del Clan del Golfo". Las palabras fueron pronunciadas por el presidente de Colombia, Iván Duque, el 23 de octubre pasado, cuando el Ejército arrestó a Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, entonces líder de la organización criminal. El miércoles pasado fue extraditado a Estados Unidos, requerido por la Corte de Florida por delitos de narcotráfico, tráfico de armas y homicidio selectivo. Además, deberá responder ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York por delitos relacionados con el narcotráfico.
Pese a su detención, la organización criminal ha tenido la capacidad de autoorganizarse y los nombres de sus sucesores comenzaron a sonar rápidamente en los medios locales. Según informó la BBC, uno de ellos es Jesús Ávila, alias Chiquito Malo, un ex paramilitar que, según la inteligencia oficial colombiana, administra la exportación de cocaína y está solicitado para ser extraditado a Estados Unidos. Otro es Wílmer Giraldo, alias Siopas, quien hizo parte de la guerrilla, se desmovilizó y pronto entró las AGC, donde escaló rápido gracias a su experiencia subversiva.
"El Clan ha tenido una innovación que no tuvieron otras organizaciones sucesoras del paramilitarismo y es que asegura la sucesión de liderazgos de una manera que evita los enfrentamientos internos", dijo Barrera.
Según el centro de estudios del conflicto, las AGC conservan su poder sin Otoniel por cuatro razones: siguen controlando una parte del Urabá -al norte de Medellín-, no han perdido conflictos por territorio o rentas con otros grupos armados, se han expandido en regiones lejanas a su núcleo territorial y consolidaron una estructura que permite operar de forma diferenciada, al mismo tiempo y en zonas distintas. Por eso, los expertos de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) estimaron que "los efectos de la captura de Otoniel en materia del mercado de drogas podrían ser leves y limitados, pero las repercusiones en materia de violencia —masacres, desplazamientos, confinamientos, reclutamiento de menores de edad o violencia sexual— pueden presentar variaciones importantes".
Por eso, aunque las autoridades colombianas sostienen que continuarán en su plan de “abatir” a los criminales, esa no parece ser por sí sola la solución. Mauricio Romero, asesor de la Fundación Paz y Reconciliación y ex asesor de la Comisión de la Verdad, advirtió ante la BBC que "hay que tener en cuenta que esas organizaciones crean empleo, ofrecen ingresos y mantienen la economía de las regiones en donde operan”, por lo que "para acabar con ellas hay que generar economías regionales ligadas a negocios legales".
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