Tensión poselectoral en Brasil: Rutas cortadas, órdenes incumplidas y silencio oficial

La crisis poselectoral amenaza con complicar la transición de Gobierno que el presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva quiere comenzar lo antes posible en Brasil. Sin embargo, el mandatario saliente, Jair Bolsonaro aún no emitió palabra desde el domingo a la noche y no reconoció su derrota. En medio del silencio -ya desconcertante del jefe de Estado-, miles de sus simpatizantes salieron a las rutas de más de una docena de estados y bloquearon las rutas de acceso a ciudades, como la que conecta Brasilia con Río de Janeiro. La corte suprema ordenó que la Policía Rodoviaria libere los piquetes de camioneros bolsonaristas y hasta amenazó con sanciones a su titular, la fuerza no se ha esforzado demasiado. Por eso, al menos ocho gobernadores ya enviaron a la Policía Militar y a otras fuerzas locales a hacer su trabajo. A las escenas de represión y confrontaciones y el temor de una escalada de la violencia se suma las dudas sobre si el Gobierno cooperará para preparar la asunción de Lula en solo dos meses. 

Como si este escenario no fuera lo suficientemente explosivo, el Movimiento de los Trabajadores Sin Techo, la fuerza social del aliado de Lula y diputado electo Guilherme Boulos, llamó a sus militantes a movilizarse a los bloqueos de rutas para "desbloquear las vías de acceso para hacer respetar el resultado electoral". "Esperamos ser tan bien recibidos por las fuerzas de seguridad como lo están siendo los bolsonaristas", chicaneó el dirigente de izquierda, que fue el coordinador de la campaña del PT en San Pablo, el estado que terminó de darle la ventaja a Lula el domingo.

La victoria electoral de Lula desnudó una crisis institucional que hace tiempo gestando en Brasil y que el Gobierno de Bolsonaro profundizó, no creó. Pero también desnudó que incluso las instituciones y los dirigentes que apoyaron con más énfasis a Bolsonaro durante su Gobierno y la campaña, hoy no están dispuestos a apoyar abiertamente un golpe de Estado que desconozca los resultados, como se temió seriamente el domingo por la tarde. Eso si, instituciones como la Policía Rodoviaria sí cree que pueden desconocer -como ya desconocieron el domingo de las elecciones- una orden de un juez de la corte suprema y no liberar los piquetes de camioneros y simpatizantes del presidente, como quedó demostrado por un sinfín de videos en las redes sociales. 

Pero cuanto más se profundiza la crisis poselectoral, más aliados de Bolsonaro se ven obligados a pronunciarse y a pedir que se respeten los resultados y se "mire para adelante". Este martes, a la larga lista de dirigentes y aliados bolsonaristas se sumó el gobernador de Minas Gerais, uno de los tres estados más importantes política y económicamente del país, Romeu Zema. "La elección terminó y vamos a cumplir la ley", aseguró el hombre que hizo campaña codo a codo con Bolsonaro y que ahora no dudó en unirse a los gobernadores de Río de Janeiro, San Pablo, Rio Grande do Sul, Paraná, Maranhão y Bahia, que movilizaron a sus propias fuerzas para terminar con los bloqueos en las rutas y evitar un desabastecimiento de combustible. 

Las escenas de represión más fuertes se vieron por ahora en Río Grande do Sul: "Agentes de la Tropa de Choque de la Policía Militar de Rio Grande do Sul utilizaron balas de goma y gas lacrimógeno contra manifestantes que intentaban interrumpir el tráfico en la (ruta) BR-116, en Nuevo Hamburgo, en la Región Metropolitana de Porto Alegre", informó el portal del diario O Globo. Pero no fue el único estado que vivió momentos de mucha violencia. La Policía Militar de San Pablo reprimió esta madrugada con balas de goma y disolvió el piquete que había colapsado la ruta que conecta la capital estadual con el aeropuerto internacional y que forzó a cancelar varios vuelos. Además, en partes de la ciudad de Río de Janeiro, la Guardia Municipal arrojó gas pimienta contra grupos de manifestantes.

En ese contexto, el silencio de Bolsonaro parece revelar su situación actual: no tiene el poder para desconocer los resultados e intentar una interrupción del orden democrático, pero sí para ensuciar la cancha y complicar la transición que Lula tan desesperadamente quiere empezar cuanto antes para llegar al poder el 1 de enero listo para tomar las riendas de un Estado con un fuerte déficit, sin verdadera planificación de políticas sociales dirigidas a los más necesitados y con un "presupuesto secreto" que la dirigencia del Partido de los Trabajadores (PT) viene denunciando que podría esconder problemas mucho más graves que los que se conocen. 

Sin declaraciones oficiales del presidente o su Gobierno, por ahora se multiplican los contactos en privado o los rumores. La prensa brasileña informó que el vice de Bolsonaro, Hamilton Mourao, se llamó a quien lo sucederá, el compañero de fórmula de Lula, el ex socialdemócrata paulista Geraldo Alckmin. Además, el coordinador de Comunicación de la campaña de Lula, Edinho Silva, y la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann hablaron este lunes con el ministro de la Casa Civil, una suerte de jefe de gabinete, Ciro Nogueira.

La prensa local también informó que el domingo los Gobiernos de Estados Unidos y de varios países europeos hablaron con el canciller Carlos Fraça y le pidieron que Bolsonaro reconozca los resultados. Dos días después, varios aliados de Bolsonaro -desde ministros, ex ministros y gobernadores- también intentan comunicar las presiones de distintos sectores poderosos de Brasil para que el mandatario finalmente hable, ponga fin a los bloqueos de ruta, acepte la victoria de Lula y comience la transición.

Este martes, la campaña de Lula designó al vicepresidente electo Alckmin, un veterano dirigente conservador del interior de San Paulo, como coordinador de la transición de parte del Gobierno de Lula. También será parte de ese equipo -que tendrá como objetivo recolectar las cifras y la información sobre el estado de las cuentas y los programas públicos para preparar el desembarco al Estado- la titular del PT, Hoffmann, y el hombre de confianza del futuro presidente y el que construyó su programa de Gobierno, Aloizio Mercadante.

Pese a este anuncio, aún no está claro cuánto colaborará Bolsonaro y, por consiguiente su Gobierno, y en qué clima político, social e institucional se realizará esta transición que ya nadie descarta será complicada y accidentada. La duda que resta es si, además, será violenta.