El cimbronazo de la remontada del bolsonarismo de la primera vuelta aún se siente y la tensión frente al balotaje que se realizará en 19 días no para de crecer en Brasil. En medio de una campaña que ya adoptó un ritmo frenético, el presidente de la Cámara de Diputados, reelecto en su banca y férreo aliado del presidente Jair Bolsonaro en estos dos últimos años, Arthur Lira, presiona para aprobar un proyecto que criminalice la publicación de encuestas electorales que no reflejen correctamente los resultados posteriores en las urnas.
Según el diario Folha do Sao Paulo, la iniciativa, que fue anexada a otro proyecto que ya poseía dictamen de comisión para poder ser discutida y votada directamente en el pleno de la cámara baja, es impulsada por aliados de Bolsonaro, quien por estos días vuelve a estar debajo en las encuestas. Este martes, Ibespe y la Asociación Brasileña de Encuestadoras Electorales (Abrapel) publicó un nuevo sondeo que ratificó esta tendencia: sin contar a los votos en blancos, nulos e indecisos (que suman 11 puntos porcentuales), el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva ganaría con un 54% de los votos válidos frente a un 46% del actual mandatario.
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El texto, que podría ser votado en la cámara baja en las próximas horas, cuestiona fuertemente a las encuestadoras y toda su metodología. A partir de esos argumentos, su autor, el jefe de la bancada oficialista, Ricardo Barros, propuso establecer una pena de entre 4 y 10 años de cárceles para los que publiquen "en los 15 días anteriores a las elecciones, una encuesta electoral cuyos números sean diferentes, más allá del margen de error declarado, a los resultados obtenidos en las urnas".
"Responderán por este crimen el encuestador responsable del sondeo divulgado, el responsable legal del instituto estadístico de la encuesta y el representante legal de la empresa que contrató a la encuestadora. El crimen se comete aún si no hay dolo de fraguar el resultado de la encuesta publicada", explica el texto del proyecto de ley, que propone una pena máxima superior a la mínima por asesinato, que es de seis años.
Ya la semana pasada, desde el palacio presidencial en Bradsilia, Lira había iniciado un fuerte ataque a las grandes encuestadoras de Brasil, que antes de la primera vuelta no solo habían subestimado el apoyo de Bolsonaro, sino que en su mayoría había pronosticado una posible victoria de Lula, sin necesidad de un balotaje.
"Hay empresas encuestadoras que yerran dos o tres veces más allá del margen de error, como sucedió en San Pablo, por ejemplo, donde todos los sondeos daban a (el candidato bolsonarista a gobernador) Tarcisio (de Freitas) abajo por diez (puntos). Se equivocaron por 19 puntos, es decir, seis veces más que el margen de error", había criticado el hombre fuerte del llamado Centrao en el Congreso, como se conoce al bloque de partidos conservadores que se definen de centro y que hoy controlan la mayoría del pleno.
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Lira había propuesto en ese momento que a las empresas que se equivoquen dos o tres veces "se les prohíba hacer encuestas, trabajar por ocho años, como alguien que no cumple con su función pública en el Estado".
Esta no es la primera vez que el Congreso busca limitar a las encuestadoras. En 2006, la máxima corte de justicia del país rechazó un proyecto de ley que había sido aprobado para prohibir la publicación de sondeos electorales durante las dos semanas previas a los comicios. El argumento del Supremo Tribunal Federal fue que se estaba cercenando el derecho a la información de los votantes.
El domingo 2 de octubre, en la primera vuelta de las elecciones generales, fue la primera vez que no se publicaron encuestas de boca de urna una vez cerrados los centros de votación ya que, al estar unificado el horario de votación de todo el país, el escrutinio comenzó de inmediato al igual que la publicación de los primeros resultados parciales.
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