El 26 de marzo El Salvador vivió lo que se conoció como “la jornada más violenta del siglo”. Ese día el Gobierno de Nayib Bukele reportó 62 homicidios -número récord de los últimos 20 años- que se los atribuyó una de las pandillas más importantes del país centroamericano: la mara Salvatrucha (MS-13). El Gobierno desplegó una respuesta inmediata decretando un estado de sitio y realizando capturas masivas de supuestos pandilleros. No pasaron muchos días hasta que organizaciones sociales denunciaron que estaban deteniendo inocentes sin vínculos con las pandillas y, días atrás, una investigación del diario local El Faro dio una vuelta más a la historia y apuntó a toda una trama que se mantenía oculta: la pandilla habría asesinado a 62 salvadoreños y salvadoreñas con la intención de dar un mensaje político a Bukele por haber roto las negociaciones que ambas partes sostenían a espaldas de la sociedad.
Se disparó el “homicidiómetro”
El número de 62 muertos en un día estremeció a El Salvador no solo porque mostró el poder que aún conserva la principal pandilla que opera en el país desde los ‘80, sino porque contrasta con el promedio de tres muertes diarias que registró el Gobierno de Bukele en los casi cuatro años de mandato.
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En un país tan afectado por la violencia a mano de las pandillas y en el que la gestión de los distintos gobiernos se evalúa en función de un “homicidiómetro”, el número de 62 muertes en un día puso a Bukele en jaque. Tanto que el presidente pidió a la Asamblea Legislativa, donde tiene mayoría, que apruebe un régimen de excepción para suspender la libertad de reunión y el derecho a informarse respecto de las razones de una detención.
La Asamblea aprobó, además, un conjunto de reformas a la legislación penal y procesal, que incluyeron el aumento de penas en algunos delitos, junto a una ley “mordaza a la prensa” que prohibió a los medios publicar cualquier tipo de información sobre el accionar de las pandillas.
Estas medidas Bukele las argumentó bajo la excusa de controlar la influencia de las bandas criminales en la seguridad del país. “Es muy difícil oponerse a este tipo de medidas porque estamos hablando de un gobierno que tiene un control total sobre el sistema de Justicia y también sobre el Congreso donde tiene mayoría y eso le permite controlar las decisiones que se toman ahí”, explicó en conversación con El Destape, Roberto López Salazar, sociólogo por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.
“Es un Gobierno con un alto nivel de autoritarismo y que está tomando este tipo de decisiones sin la posibilidad de oponerse a ellas porque tiene todas las herramientas del poder en sus manos”, agregó.
El régimen de excepción que se aprobó inicialmente el 27 de marzo, por un plazo de 30 días, ya fue extendido por un período más y por ahora nada indica que en una semana la Asamblea no vuelva a tomar la misma decisión. En solo 33 días de estado de excepción -celebró Bukele en Twitter- las fuerzas de seguridad capturaron al menos 36 mil pandilleros, con un promedio de 500 detenciones diarias. Al mismo tiempo el mandatario señaló en Twitter que no está habiendo homicidios y compartió una encuesta de CID Gallup, que afirmó que el 91% de los salvadoreños apoya la "guerra contra pandillas".
Más que un presidente un publicista
Es casi imposible abordar la gestión de Bukele sin hacer referencia a la política de comunicación y propaganda que lleva adelante el líder más joven de la región. Antes de llegar a la Presidencia y previo a su paso por las alcaldías de Nuevo Cuscatlán (2012-2015) y de San Salvador (2015-2018), Bukele se desempeñó como publicista en una empresa de su padre. De ahí viene probablemente la pose de promotor de su gestión. Conocido por dictar órdenes y mandar a dormir a sus ministros vía Twitter, Bukele publicita de manera diaria la cantidad de “pandilleros” detenidos por día, a quienes los expone con fotos en los que aparecen desnudos y mostrando sus tatuajes.
Se calcula que las principales pandillas de El Salvador (Mara Salvatrucha, Barrio 18 y Barrio 18 revolucionario) reúnen un total de 70 mil miembros, de los cuáles 46 mil habrían sido detenidos desde que se decretó el estado de excepción. Estos números son publicados regularmente en la cuenta oficial de Bukele, sin embargo organizaciones sociales, académicos y periodistas tienen grandes sospechas sobre la verosimilitud de la comunicación oficial.
“Es este gobierno se ha caracterizado por ocultarnos todo tipo de información que pueda describir el tipo de políticas y el tipo de medidas que están aplicando. Por eso quienes investigamos y queremos pensar la realidad nacional nos vemos ante la gran dificultad de no tener acceso a información”, explicó el sociólogo salvadoreño sobre el estado de situación al que se enfrenta la población de ese país.
Otro de los puntos que señaló en diálogo con El Destape la profesora de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, Amparo Marroquín, es la construcción discursiva que hace Bukele respecto de los pandilleros como unos “otros” sobre los cuáles se puede descargar cualquier tipo de violencia: “El presidente Bukele está haciendo lo siguiente: postea en Twitter que hay cero homicidios y 'X' pandilleros muertos. Es decir, de alguna manera hay un proceso de despojo completo de la ciudadanía de un pandillero. Es decir, un pandillero no es un ciudadano salvadoreño por lo tanto no cuenta y pone, por ejemplo, cero homicidios y dos terroristas exterminados”.
Para Bukele esta hgran cantidad de detenciones es un gran “éxito”. Pero la historia no es tan simple. Por un lado, varios policías denunciaron que hay una orden de las máximas autoridades de cumplir con una cuota de detenciones diarias y, por el otro, organizaciones sociales y de derechos humanos acusaron a las autoridades de hacer pasar las detenciones de jóvenes que no pertenecen a las pandillas como arrestos de criminales.
En ese sentido, la organización Cristosal recibió 140 denuncias relacionadas a vulneraciones de los derechos humanos en los primeros 30 días de régimen de excepción. En la mayoría de los casos -según el informe al que accedió El Destape- se denunciaron detenciones arbitrarias. “Todos los casos exponen haber sido detenidos por elementos de la PNC y/o FAES (Policía Nacional Civil y Fuerza Armada de El Salvador), en sectores con grandes segmentos de población empobrecida. En ninguno se contaba con orden judicial o administrativa para proceder con la captura y se allanó de manera ilegal sus moradas así como el despojo de sus pertenencias”, explicó la investigación que también denunció la muerte de cinco personas en situación de detención.
En este contexto, familiares de los detenidos también advirtieron que no tienen comunicación con sus seres queridos y que muchas veces no saben a qué cárcel se los llevaron; las víctimas tampoco tienen acceso a contar con una defensa porque el sistema carcelario -que además está considerado como el segundo con más hacinamiento de América- está colapsado.
El punto clave y peligroso también a la hora de desarmar el sistema de detenciones masivas es la cláusula que tiene el régimen de excepción y que habilita a realizar denuncias anónimas sobre “supuestos pandilleros”; denuncias que no se chequean y que con el solo hecho de hacerlas las fuerzas de seguridad están habilitadas para realizar una detención
Bukele negoció a espaldas de todos
Lo que empezó el 26 de marzo con las 62 muertes que se adjudicó la mara Salvatrucha tuvo un capítulo más esta semana cuando el diario El Faro publicó conversaciones entre Carlos Marroquín, director de Reconstrucción del Tejido Social de Bukele, y un miembro de la pandilla. Allí el funcionario admitió haber conducido un proceso de negociación durante “casi dos años y medio” y el miembro mara reconoció que las muertes respondieron a una traición de Bukele en el pacto que estaban negociando con la pandilla. El dato es interesante no solo porque muestra a Bukele acorralado sino porque él mismo se presentó a la campaña presidencial como quien no iba a negociar con las pandillas. “Malditos y mil veces malditos los que negociaron con la sangre del pueblo”, solía decir.
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