El Salvador: el Gobierno se deshizo del histórico Monumento a la Reconciliación

La demolición se lleva a cabo en la víspera del 30 aniversario de los Acuerdos de Paz, firmados tras 16 años de conflicto armado, por orden de Nayib Bukele -ahora de licencia hasta las elecciones-.

03 de enero, 2024 | 19.47

La política del olvido está en marcha en El SalvadorA 13 días del 30 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz, el Gobierno demolió el Monumento a la Reconciliación, escultura emblemática construída en memoria de las víctimas del conflicto armado que asedió al país entre 1979 y 1992. La orden fue dada por Nayib Bukele -presidente de licencia por seis meses-, que catalogó a los Acuerdos como "falsos", "nocivos" y "tóxicos". Hace un año, la Asamblea Legislativa derogó el Día nacional de la Paz, que se celebraba cada 16 de enero.

El operativo de desmantelamiento estuvo a cargo del Ministerio de Obras Públicas y fue transmitido a la población como si fuera una buena noticia: "En este lugar, se construirá un nuevo espacio público de calidad, donde los salvadoreños podrán seguir disfrutando de la verdadera paz", informaron desde las cuentas oficiales. Además, señalaron que esa plaza se sumará a las ya existentes "como parte de una estrategia para seguir promoviendo el turismo interno, gracias a la actual seguridad y paz que experimenta El Salvador", que hace casi dos años vive bajo un estricto régimen de excepción que suspendió las garantías constitucionales de toda la población.

Vale aclarar que Bukele se encuentra de licencia por seis meses desde el 1 de diciembre pasado. En ese momento, la Asamblea Nacional le allanó el camino para ir por un nuevo mandato en las elecciones del 4 de febrero. Pese a que la reelección está prohibida en la Constitución, el mandatario logró el visto bueno por parte de la Sala Constitucional -cuyos miembros fueron destituidos a la fuerza por el Gobierno- en un derrotero de medidas inconstitucionales. En la actualidad, quedó a cargo del país la secretaria de la Presidencia, Claudia Rodríguez Guevara, en un proceso que tampoco siguió las normas constitucionales, tal como lo denunciaron desde diversos sectores sociales y de la oposición.

La historia del monumento

El monumento está ubicado en San Salvador, la capital del país y fue impulsado por el entonces Gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) al frente de Salvador Sánchez Cerén. Estuvo a cargo del entonces ministro de Obras Públicas y ex candidato a la presidencia (2018), Gerson Martínez. El arquitecto de la obra fue Rubén Martínez, que también estuvo a cargo de otros sitios emblemáticos en el país.

La obra está constituida por una mujer y un hombre en traje de fatiga, "quienes simbolizan a las partes antagónicas que se definen durante el conflicto armado", explicaron desde aquella gestión, en 2017. Ambos están sin armas y caminan abrazados mirando el horizonte mientras sueltan a los vientos una parvada de palomas que se orientan en dirección al futuro. Eso representaba "una expresión del compromiso con una paz justa, patriótica y duradera".

Detrás de ellos, se podía ver una enorme mujer azul. "Es la Mater Civis/la Patria/ el pueblo titular de la soberanía y del poder", contaron.

Según reportó el diario La Prensa Gráfica, el monumento se construyó en cuatro años y se utilizaron llaves donadas por la ciudadanía. Su inauguración coincidió con el 25 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz, la solución política negociada al conflicto armado, que duró más de una década y cobró la vida de unas 75 mil personas y dejó decenas de miles de personas desaparecidas.

La posición de Bukele

El anuncio del desmantelamiento del monumento fue realizado por Bukele en junio de 2020 en medio de críticas a la anterior gestión. "Hay que desmantelar a la señora de azul", ordenó entonces. 

En el 28 aniversario de la firma de los Acuerdos, Bukele lo catalogó como una "farsa". "La guerra fue una farsa, como los Acuerdos de Paz...Sí, los mancillo porque fueron una farsa, una farsa, una negociación entre dos cúpulas ¿O qué beneficio le trajo los Acuerdos de Paz a los salvadoreños?", dijo en noviembre de 2022. Esas palabras fueron pronunciadas en El Mozote, lugar en donde el Ejército llevó a cabo una de las peores masacres que se vivieron durante los años oscuros. En 1981, las Fuerzas Armadas llegaron al lugar y asesinaron a más de mil personas, en su mayoría mujeres, niñas y niños.

Más tarde, en noviembre del 2022, insistió en su posición y apuntó contra la comunidad internacional que acompañó: “Esos Acuerdos de Paz, tan espurios, tan nocivos, tan tóxicos para nuestros pueblos, tan falsos, han sido aplaudidos al unísono por la comunidad internacional”.

Régimen de excepción y seguridad

En menos de un año, el país centroamericano pasó de ser uno de los más violentos e inseguros del mundo a bajar su tasa de asesinatos en más de 10 puntos: 2,4 homicidios por cada 100 mil habitantes, según datos difundidos por le Gobierno. Los números se consiguieron a fuerza de medidas represivas y un régimen de excepción -que desde marzo de 2022 es renovado por la Asamblea Nacional cada mes a pedido del Ejecutivo, en donde tienen mayoría-, que implica la suspensión de las garantías constitucionales para toda la población para llevar adelante lo que el Gobierno llamó "guerra contra las pandillas".

Por esos números, según informó la agencia NA, la gestión de Bukele catalogó al 2023 como "el año más seguro en la historia" y afirmaron que el número de homicidios se redujo un 68,8%. En esa línea, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, señaló que en 2023 se cometieron 154 asesinatos, frente a los 495 del año previo.

En tanto, las cifras no incluyen las bajas de los pandilleros que se enfrentan a policías y soldados y los decesos de personas que mueren bajo custodia del Estado, precisó la autoridad. De hecho, esos números son criticados por especialistas y defensores de derechos humanos. Según el Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (UCA), la cifra gubernamental de muertes violentas tiene un "subregistro elevado" y "no es veraz", al tiempo que señalaron en reiteradas ocasiones la persistente violación a los derechos humanos.

Durante la vigencia del régimen de excepción, fueron detenidas unos 75.000 supuestos pandilleros, mientras que grupos de derechos humanos denunciaron la muerte de casi 200 en prisión. 

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