A las 7 de la mañana, apenas horas después de defenderse en un juicio político y dar la impresión de que tenía los votos para evitar una destitución, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció que decretaba la muerte cruzada, una figura legal nunca antes utilizada por un mandatario que le permite disolver la Asamblea Nacional (Poder Legislativo) y gobernar por decreto durante seis meses hasta que se realicen las próximas elecciones generales. La mayoría de los ecuatorianos aún se estaban enterando de la noticia, cuando el alto mando de las Fuerzas Armadas emitió hizo un pronunciamiento público a las 8 am. El mensaje fue claro: declaraban como constitucional la decisión de Lasso y lanzaban una advertencia: "Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional actuaremos con firmeza en cumplimiento con nuestra misión constitucional", afirmó y agregó: "No tenemos otro interés que el de proteger a la patria y sus ciudadanos". Por si no quedaba claro, la Asamblea Nacional fue rodeada por militares para evitar su reapertura.
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De vuelta, antes que la oposición y el país en general lograran reaccionar, Lasso hizo otro anuncio. Firmó su primer decreto-ley, la reforma tributaria que había presentado a la Asamblea Nacional y, dada su falta de votos, no había podido hacer aprobar. Y, poco después, su ministro de Economía, Pablo Arosemena, dejó en claro que esta no sería una excepción. El Gobierno, que debería preparar la transición de cara a las elecciones anticipadas que convocó, tiene planeado sacar por decreto las principales reformas y medidas económicas antes de irse. El único control que tendrá es la Corte Constitucional.
Mientras Arosemena defendió el decreto de la reforma tributaria como una medida a favor "de los ecuatorianos", para el economista e investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), Andrés Chiriboga, advirtió que la norma no solo "recula con algunos cambios que el Gobierno había hecho en sus primeros tiempos", sino que también modifica el artículo 99 que garantizaba que la información de los contribuyentes -empresas y personas- sobre si cumplían o no con el pago de sus impuestos. "Esa información se vuelve de carácter reservado", explicó en diálogo con El Destape.
Las reformas económicas que Lasso quiere aprobar sin votos
Para Chiriboga, un economista que participó de la campaña electoral del candidato presidencial correista en 2021, Andrés Arauz, Lasso tiene en agenda cuatro iniciativas económicas importantes para estos seis meses: la reforma tributaria (que ya firmó), una reforma laboral, una reforma del sistema de seguridad social y avanzar en la privatización de sectores estratégicos como el energético y las telecomunicaciones.
"Se trata de una serie de normas que Lasso no había podido poner en marcha justamente por esta mala gobernabilidad con la Asamblea. El ministro de Energía, Fernando Santos de Alvite, ya habla frontalmente de la necesidad de una mayor participación de los privados en el sector energético y las telecomunicaciones. Estamos hablando de acelerar reformas en pos de una privatización en los sectores estratégicos de la economía, algo que puede ser muy controvertido porque son sectores que están reservados para la gestión pública con algunas pequeñas excepciones, según establece la Constitución", advirtió el economista.
"Además, el ministro del Trabajo habla de una reforma laboral que ya había sido devuelta por la Asamblea Nacional. La parte esencial de esta reforma implicaba una flexibilización del mercado del trabajo, de las contrataciones. Seguramente la van a pasar en breve a través de un decreto ley", continuó y se animó a pronosticar una cuarta iniciativa: "Hay algo que no ha estado en boca de los principales voceros del Gobierno, pero yo estimo que lo van a pasar de alguna manera. Se trata de una reforma al sistema de seguridad social con la intención de debilitarlo y, eventualmente, privatizarlo".
En conclusión, denunció Chiriboga, el Gobierno "acelera su agenda política sin el control de la Asamblea, que es donde se juega la correlación de fuerzas políticas en un país".
Una crisis con final incierto
El temor principal del presidente Lasso no sucedió: no hubo grandes movilizaciones ni un estallido en las calles. Sin embargo, está lejos de haber ganado la pulseada política con la oposición y nadie se irá a dormir este miércoles en Ecuador con la convicción de que la crisis se evitó.
La primera incógnita que surge para las próximas horas es si la Corte Constitucional aceptará o no los pedidos de inconstitucionalidad de dos partidos de la oposición, el Social Cristiano e Izquierda Democrática. Según argumentaron, no se cumplen ninguna de las causales constitucionales para decretar una muerte cruzada, es decir, una crisis o una conmoción interna. En su argumentación, Lasso sostuvo que "constituyen crisis política interna los conflictos que ocurren dentro de una misma función o alianza política, por ejemplo, en una misma bancada legislativa. El debilitamiento de una organización política acarrea incertidumbre y desconfianza para sus votantes. Ejemplo de esto es el fenómeno del transfuguismo que sufren varias fuerzas políticas dentro de la propia legislatura. Por otro lado, la crisis política es externa cuando los conflictos entre funciones, como entre el Legislativo y el Ejecutivo, generando incertidumbre sobre la dirección de la política pública aplicable en ámbitos que dependen de la coordinación de ambos poderes, como es por ejemplo, el proceso legislativo en la promulgación de leyes".
En otras palabras, disolvió el parlamento porque no había disciplina partidaria en las bancadas y porque no el Gobierno y los legisladores no lograban coordinar y coincidir para aprobar leyes. Aunque las comparaciones siempre son odiosas e inexactas, la crisis interna y externa que describió Lasso se parece a la realidad política que transitan, con más o menos probables, la mayoría de las democracias modernas.
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"No hay forma de justificar esta muerte cruzada. Está claro que Lasso huyó del juicio político" que se le realizaba por corrupción en el sector petrolero, sentenció Franklin Ramírez, sociólogo e investigador del Departamento de Estudios Políticos de Flacso en Ecuador, en diálogo con El Destape. "Ahora puede gobernar por decreto durante seis meses con un control blando de la Corte Constitucional. Puede emitir decretos económicos urgentes, que solo pasan por el filtro de control constitucional, que le da un amplio margen de maniobra en un momento en el que ha perdido todo respaldo político y en el que no tiene credibilidad social", explicó el académico y contrapuso la falta de "respaldo democrático" del mandatario con el apoyo expreso que recibió de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. "La alianza entre las Fuerzas Armadas, la Policía y el Poder Ejecutivo ya viene aconteciendo en los últimos meses como el último resquicio de poder de facto que le queda a Lasso para sostenerse", concluyó.
Para Ramírez, ahora se abren dos escenarios posibles. Mientras Lasso apostó a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para legitimar la disolución del congreso y su Gobierno por decreto, dos partidos de la oposición decidieron acudir a la Justicia para frenarlo. "Es posible que la Justicia y la Corte Constitucional fallen a favor de la Asamblea y eso significaría que la asamblea tiene que retomar el juicio político y pronunciarse en las próximas horas. Ese sería un escenario de choque institucional del más alto nivel", describió el académico y agregó la segunda posibilidad: "Si la muerte cruzada prospera y la Justicia y la Corte Constitucional le dan el aval a Lasso, en siete días se convocan a elecciones, que se deberán realizar de aquí a seis meses, en noviembre. Eventualmente, el próximo gobierno debería posicionarse en el próximo diciembre."
El escenario electoral que se viene
Lasso ganó en 2021 tras un balotaje con el candidato correista, Arauz. El mandatario se impuso con poco más del 52% y, dos años después, en las elecciones locales, su poder electoral se había derrumbado. "La Revolución Ciudadana de (el ex presidente Rafael Correa) llega bastante bien parada porque acaba de constituirse como la primera fuerza en las elecciones locales. Mientras Lasso se ha decaído, Correa y la Revolución Ciudadana se han recuperado", afirmó el académico.
Por eso, el ex presidente Correa celebró la posibilidad de una nueva oportunidad electoral y su fuerza política no se unió a los partidos opositores que impugnaron en la Justicia la disolución del parlamento, aunque reconoció que la muerte cruzada no estaba justificada. "Ecuatorianos: Esto es ilegal. Es obvio que no existe ningún estado de conmoción interna, sino un juicio político en aplicación de la Constitución. En todo caso, es la gran oportunidad para mandar a la casa a Lasso, su Gobierno y sus legisladores de alquiler. Hoy más unidos que nunca. ¡Hasta la victoria siempre!", tuiteó el dirigente, que en 2021 fue proscripto por la Justicia electoral para presentarse como candidato, luego que un tribunal lo condenara por un caso de corrupción, un proceso que todo el correismo al unísono denunció como lawfare.
Pese al optimismo de Correa, Ramírez alertó que el apoyo popular que posee su fuerza "no representa un umbral que automáticamente le de el triunfo. Tiene márgenes de apoyo del 30 ó 35%, por lo que eventualmente podrían entrar en segunda vuelta, como estuvieron en 2021."
La otra fuerza política con gran capacidad de movilización es el movimiento indígena. Sin embargo, no está claro cuán golpeado saldrá su partido, Pachakutik, de esta crisis política. "No solo viene atravesando una enorme crisis, sino que la mayor parte del Pachakutik prácticamente ha cogobernado con Guillermo Lasso. La mitad de su bancada estaba en contra del juicio político", explicó Ramírez, pero abrió la posibilidad de que "una figura outsider" pueda atraer ese importante voto, aunque -como con el correismo- no mayoritario.
"No se descarta que una figura como Yaku Pérez que se desafilió del Pachakutik, que ya fue candidato en 2021 y que ha estado al margen de la disputa política en estos años pueda candidatearse y tomar el voto de estos sectores. Es un voto que juega contra el correismo y contra la derecha. Quizás alguien que esté afuera del Pachakutik y que haya estado afuera de este conflicto político en estos meses," ejemplificó y planteó un escenario similar para la derecha, también fragmentada y golpeada.
"Pueden haber alternativas de recomposición de la derecha con figuras relativamente nuevas y especialmente radicalizadas. Por ejemplo, Pedro Freile, quien fue candidato a la alcaldía de Quito en 2023 y tuvo una muy buena votación, especialmente entre los sectores populares. Habló mucho de (el presidente de El Salvador Nayib) Bukele con ese discurso punitivista, anti derechos humanos, en un momento en que el país vive la peor ola de violencia en su historia. Es un mensaje que puede calar hondo en la población porque, además, va más allá del clivaje izquierda-derecha o correismo-anticorreismo", sostuvo.
En el escenario electoral actual está claro que ninguna fuerza tiene la victoria garantizada en noviembre próximo. Sin embargo, antes de medirse, la dirigencia política y la sociedad ecuatorianas tendrán que definir otra pulseada, si acepta o no la movida de Lasso para avanzar su agenda política por decreto durante seis meses, sin la legitimidad de la discusión política en el Poder Legislativo ni apoyo popular (como demuestran las últimas encuestas), y con el respaldo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. La decisión del Poder Judicial será clave.
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