Guillermo Lasso vive los días más difíciles desde su llegada a la Presidencia de Ecuador. Con su popularidad en baja, el mandatario ecuatoriano autorizó la tenencia y porte de armas de uso civil en medio de una ola de homicidios y a poco más de un mes de que la Asamblea Nacional decida si lo destituye por una denuncia de corrupción y tráfico de influencias, que se agravó esta semana con el asesinato de un empresario envuelto en la investigación.
Inseguridad
Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia.
2022 fue un año muy violento en Ecuador. Si se toma de referencia la tasa de homicidios de 2017 que fue de 5,6 por cada 100 mil habitantes, y la del año pasado del 25, las muertes se quintuplicaron en tan solo cinco años. El país pasó de ser de uno de los más seguros de la región a estar entre los más inseguros. El crecimiento de los crímenes se asocia al florecimiento de organizaciones criminales y al narcotráfico.
Durante el año pasado, se han llegado a registrar hasta 20 asesinatos en un fin de semana en un país que tiene una población de poco más de 18 millones, menos de la mitad de la Argentina. En ese marco, el presidente Lasso anunció hace apenas unos días algunas medidas para combatir la inseguridad y entre ellas decretó el Estado de Emergencia por regiones, se impuso toque de queda desde la 1 a las 5 de la madrugada y se modificó el decreto por el cual autorizó la tenencia y porte de armas de uso civil.
“No es flexibilización ni libre porte de armas, es poder portar un arma cumpliendo ciertos requisitos. Es necesario que la ciudadanía pueda defenderse y poder tener las herramientas para poder planificar una legítima defensa en caso de necesitarla. Existen delincuentes en el país que están armados, sin ser legal, con lo cual la ciudadanía debe hacerlo también”, aseguró a El Destape, la asambleísta nacional y vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político, Ana Belén Cordero Cuesta, del Movimiento CREO, espacio político al que pertenece Lasso.
La legisladora recordó que la modificación del decreto que anunció Lasso y que permite el acceso de armas a la ciudadanía, surge de la previa aprobación en la Asamblea de una reforma en el artículo que lo reglamenta. Por lo que quedó en manos del mandatario establecer las regulaciones de su uso, quien esta semana y a través de cadena nacional anunció la autorización de la tenencia y porte de armas.
“Cuando entró el Gobierno de Rafael Correa al país hace 14 años, desarmó a la Policía Nacional en gran medida a la ciudadanía y también a guardias de seguridad. Ahora se está retomando esa legislación que existía en el pasado”, aseguró Cordero Cuesta, sobre las nuevas medidas. Vale recordar que durante el Gobierno correísta se limitó fuertemente la utilización civil armamentística y en las tasas de homicidios cayeron de 15 a 5, en gran parte de su gestión.
Lasso anunció además que se autoriza también el uso de gas pimienta para defensa personal y se prohíbe la fabricación de armamento casero. Otro punto que genera debate, es que se permitirá también a los guardias de seguridad privada realizar tareas de vigilancia junto a las fuerzas de seguridad pública. Es por eso que algunos analistas sostienen que armar a la población y recurrir a fuerzas privadas, es correr al Estado como encargado de dar respuesta a los hechos criminales que suceden en el país.
“El presidente Lasso no puede ni debe armar a la ciudadanía, debe desarmar a la delincuencia, esa es su responsabilidad”, afirmó a El Destape, la directora Ejecutiva del Instituto para la Democracia Eloy Alfaro (IDEAL) y ex presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, Gabriela Rivadeneira, quien consideró que la decisión de permitir la tenencia y porte de armas de fuego “es una medida totalmente fascista que profundizará los niveles de violencia social”.
En la misma línea de crítica, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), con mucho poder de movilización en el país, sostuvo que la decisión de flexibilizar la tenencia de armas “solo provocará un constante ambiente de terror para la población, con más violencia, criminalidad y asesinatos”, e incluso advirtió del surgimiento de agrupaciones paramilitares.
Crisis carcelaria
A los homicidios en las calles, hay que sumarle también la violencia en las cárceles donde los motines son una constante. En los últimos dos años, murieron al menos 400 personas privadas de su libertad, en su mayoría, en enfrentamientos entre las mismas organizaciones criminales. También mataron a decenas de trabajadores de las prisiones e incluso a directivos en cárceles con superpoblación.
“En el 2018 se tomó la decisión de eliminar el Ministerio de Justicia, que estaba a cargo de la gestión de los centros de privación de la libertad en el país, esto significó una reducción de recursos financieros, de talento humano, de capacidades técnicas y operativas que afectaron el poder gestionar adecuadamente las prisiones y desembocaron en esta ocupación por parte de la criminalidad en las prisiones”, explicó a El Destape, la politóloga por la Universidad Pantheon Sorbona de París y ex subsecretaria general de inteligencia de Ecuador, Carolina Andrade.
La especialista en temas de seguridad e inteligencia, hace referencia al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del 2022 que alertaba sobre la ausencia estatal en las prisiones. “Quienes controlan las cárceles en el Ecuador son los grupos de delincuencia organizada y no hay presencia estatal, se ha evidenciado que no existen ni detectores de metales, ni personal técnico, existen grandes redes de corrupción en diferentes niveles”, agregó Andrade.
Una causa, un asesinato y el juicio político
La causa conocida como el Gran Padrino tiene en la mira al cuñado del mandatario, Danilo Carrera, como miembro de un supuesto entramado de corrupción entre empresas privadas y estatales. La causa para Lasso se inició al conocerse que había una investigación en curso sobre supuestos nexos entre el familiar del Presidente y la “mafia albanesa”, organización que se disputa el envío de drogas a Europa, y que ocho meses después de que asumiera el mandatario, la averiguación que llevaba adelante el área de antinarcóticos se cerró.
“Se conoció a través de unos audios que la decisión de cerrar esta investigación habría provenido de un alto mando de la Policía que buscaba proteger al Presidente por los vínculos que lo relacionaban con su cuñado, quien incluso habría estado generando subgerencias y presiones para posicionar altos cargos. Esto ha desatado muchas críticas y además ha develado posibles vínculos entre el narcotráfico y las esferas del poder en el país”, explicó Andrade, quien sumó que el proceso quedó más empañado el pasado viernes cuando se halló torturado y asesinado al empresario Rubén Cherres, que tenía pedido de captura en el marco de esta misma investigación.
El cierre de esa causa llevó a que más de 100 legisladores pidieran el juicio político contra Lasso. Días atrás, la Corte Constitucional había dado luz verde al Congreso para que trate la posible destitución del mandatario, que podría llegar al recinto en poco más de un mes y necesita el aval de 92 diputados para ser expulsado. También el Presidente cuenta con una herramienta constitucional, llamada Muerte Cruzada, por la cual podría cerrar el Parlamento y convocar a elecciones en seis meses, algo que Lasso sostuvo que no va a hacer.
“Lo novedoso de estos días es que después de varios escándalos de corrupción alrededor tanto del Presidente como de su familia y grupo cercano, gran parte de los medios de comunicación y sus principales voceros aparecen ya como detractores. También hubo un cambio de discurso de una parte de los asambleístas aliados al régimen. Por lo que podría pensarse que tras bastidores habría un acuerdo político con el vicepresidente para su sucesión”, afirmó Rivadeneira, quien agregó que la posibilidad de que quede a cargo del gobierno el vicepresidente, Alfredo Borrero, no es muy auspicioso para contemplar que “exista algún cambio frente a la profunda crisis que vive el país”.
Para Cordero Cuesta, legisladora oficialista, la llave del juicio político la tienen los partidos Pachakutik e Izquierda Democrática. Dado que el oficialismo no cuenta con mayoría propia, la mirada está puesta en el voto de esos sectores. Según algunas denuncias de la oposición, hubo propuestas a diputados para que rechacen destituir a Lasso a cambio de puestos en el Gobierno. Lo cierto es que habrá que esperar para conocer las negociaciones y decisiones que tomará cada espacio político.
“Estamos por notificar al presidente de todos los hechos por los cuales se le acusa. Son infundados. Esta es la cuarta ocasión que la Asamblea está intentando defenestrar la cabeza del Presidente, no saben ser una oposición política madura, intentan llegar al Carondelet, al Palacio de Gobierno, por la puerta trasera porque no lo consiguieron en las urnas”, sostuvo la legisladora de CREO.
Mientras se prepara todo para la pulseada final, el presidente Lasso prometió no echar mano de ninguna herramienta legal para evitar el impeachment: “Yo no podía dictar la ‘muerte cruzada’ dejando la duda de qué es lo que verdaderamente habría sucedido con el juicio político porque soy un demócrata, porque pongo el pecho a las balas en todos los ámbitos de mi vida”.
Cerrar sesión