Tras dos semanas de intensas movilizaciones, la Confederación de Nacional Indígenas del Ecuador (Conaie) acordó este jueves levantar el paro nacional contra el gobierno de Guillermo Lasso, quien se comprometió a modificar una de las medidas que habían desatado el estallido social. El Gobierno ecuatoriano aceptó por su parte el reclamo de la mayor organización indígena del país y decidió reducir 5 centavos de dólar adicionales al precio al combustible, entre otras mejoras obtenidas para destrabar el conflicto.
Puntualmente, el Gobierno ecuatoriano aceptó bajar cinco centavos más a los precios del galón de la gasolina extra y eco país, y a galón de diésel, con lo cual en ambos casos se redujeron en quince centavos, sumando los diez que dispuso días atrás.
De acuerdo a los medios locales, Lasso aceptó, también, derogar el decreto ejecutivo 95 que se refiere a la política petrolera; y hacer reformas al decreto 151 para prohibir la actividad minera en áreas protegidas, zonas intangibles y arqueológicas y fuentes hídricas, y garantizar la consulta previa e informada a las comunidades asentadas en los sitios de producción hidrocarburífera y minera.
Además, se comprometió a derogar el estado de excepción vigente decretado en las provincias en las que el Gobierno cree se "concentran la mayoría de actos violentos" de las protestas. Finalmente, se instalará una mesa de diálogo que durará 90 días para terminar de negociar otras mejoras.
"No estamos conformes en algunos temas (…) En este momento, de acuerdo al acta que hemos firmado a nivel nacional, vamos a suspender esta medida de hecho", dijo el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, durante el acto en el que se suscribió el acta, en Quito.
El acta fue firmada por el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, en representación del presidente Guillermo Lasso; por el presidente de la Conaie; por los presidentes del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas (Feine), de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), y por el representante de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, que actuó como mediadora en las negociaciones.
A 18 días del inicio del paro nacional y tras seis muertos (cinco manifestantes y un militar), el acuerdo se conoció en un momento de extrema tensión, luego que el Gobierno suspendiera el primer diálogo tras una mesa de apenas 24 horas y reinstalara el estado de excepción en cuatro provincias. Además, el movimiento indígena había retomado las manifestaciones masivas en Quito y prometía reforzar el paro y los bloqueos en todo el país, lo que hacía temer un desabastecimiento mayor de alimentos y combustibles en las principales ciudades.
Ante la volatilidad que demostró tener esta crisis política, es imposible pronosticar su fin con este acuerdo. Los indígenas apuestan a que esto sea apenas el inicio de un proceso de diálogo que responda a su larga lista de reclamos. El Gobierno, en cambio, aspira a dejar atrás el conflicto social de las últimas dos semanas y media.
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