Las ONU denunció que China pudo haber cometido crímenes contra la humanidad por las políticas de detenciones arbitrarias masivas y los graves abusos que aplicara a los uigures y otras minorías étnicas musulmanas. La investigación fue realizada durante tres años por el Alto Comisionado de Derechos Humanos del organismo internacional y hace especial énfasis en la situación que se vive en la región Xinjiang, en el noroeste del país. Desde la administración asiática denunciaron que el reciente informe es una "herramienta política" contra su Gobierno, a la que calificó de "ilegal" e "inválida".
El documento fue difundido en el último día de Michelle Bachelet como Alta Comisionada de los DDHH de la ONU y una semana después de que reconociera presiones de Beijing para evitar la publicación de dicho documento. En sus 48 páginas, el informe subraya las "creíbles" pruebas de violaciones de derechos humanos que el gigante asiático habría llevado a cabo contra la minoría de confesión musulmana, por lo que advirtió de la posible comisión de "crímenes contra la humanidad".
"El supuesto informe crítico está planeado y fabricado de primera mano por Estados Unidos y algunas fuerzas occidentales, es totalmente ilegal e inválido", dijo este jueves el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Wang Wenbin, durante una rueda de prensa habitual.
"El alcance de la detención arbitraria y discriminatoria de uigures y miembros de otros grupos mayoritariamente musulmanes puede ser constitutivo de crímenes internacionales, en particular crímenes contra la humanidad", afirma el informe en sus conclusiones, según la agencia de noticias AFP. Esas acciones por parte de China fueron llevadas a cabo en el contexto de la aplicación de estrategias antiterroristas y contra el "extremismo" aprobadas por el Gobierno en 2014. Según la ONU, se trata de "restricciones severas e indebidas a una amplia gama de derechos humanos", según la agencia Europa Press, porque "se caracterizan por un componente discriminatorio, ya que los actos subyacentes suelen afectar directa o indirectamente a los uigures y a otras comunidades predominantemente musulmanas".
El organismo internacional calificó además a esas estrategias "antiterroristas" chinas como algo "profundamente problemático" desde el punto de vista de las normas internacionales, puesto que contendría "conceptos vagos, amplios y abiertos que dejan una gran discreción a los funcionarios para interpretar y aplicar amplios poderes de investigación prevención y coerción".
Asimismo, "en un contexto de garantías limitadas y escasa supervisión independiente", tal marco habría conducido en la práctica a la privación arbitraria de libertad a gran escala de dichas minorías en los VETC (los llamados centros vocacionales de educación y entrenamiento). Allí, se "reeduca" a los uigures, lo que se consagraría como "un sistema de detención arbitraria y con patrones de abuso". "El tratamiento de las personas retenidas en el sistema de los llamados VETC es igualmente preocupante; las alegaciones de patrones de tortura o malos tratos, incluyendo el tratamiento médico forzado y las condiciones adversas de detención, son creíbles, al igual que las denuncias de incidentes individuales de violencia sexual y de género", esgrime.
El texto denuncia violaciones de los derechos reproductivos a través de la aplicación discriminatoria y de la obligación a la fuerza de llevar a cabo políticas de planificación familiar y control de la natalidad. También se habrían llevado a cabo restricciones a la identidad y la expresión religiosas, así como al derecho a la intimidad y a la libre circulación. En el mismo sentido, se hallaron evidencias de que los planes de trabajo y empleo con supuestos fines de mitigación de la pobreza y la prevención del "extremismo" pueden implicar "elementos de coacción y discriminación por motivos religiosos y étnicos".
"Dialogar y ampliar mi comprensión no significa aprobar, pasar por alto o hacer la vista gorda, y no excluye hablar con franqueza", afirmó la expresidenta chilena en un mensaje de correo electrónico.
El texto llegó días después de que Bachelet denunciara presiones por la inminente publicación del documento, luego de recibir una carta firmada por 40 países y cuyo nombre no quiso develar la ahora ex alta comisionada, que estuvo en Xinjiang y otras regiones chinas en mayo. Allí, se abstuvo de criticar las políticas de Pekín en la región, lo que generó críticas por parte muchos países por su ambigüedad frente a las violaciones de Derechos Humanos en la región.
El relator de la ONU Tomoya Obokata consideró este mes "razonables" las denuncias de las organizaciones internacionales sobre el trabajo forzado y la represión contra las minorías étnicas en el gigante asiático.
Con información de Télam.
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