Cuando la dictadura argentina ya había comenzado a instalar el terror, habían llegado al país ciudadanos y ciudadanas chilenas que huían, también, de los horrores que vivían tras el golpe de Estado de Augusto Pinochet. Diecinueve de esas personas que salieron al exilio se acercaron a la Comisión Argentina para personas Refugiadas y Migrantes (Caref), pero la persecución llegó hasta elles ahí también: fueron secuestradas y detenidas ilegalmente tras un operativo militar realizado en una de las sedes de la organización, en la localidad bonaerense de José C Paz. Al cabo de una investigación, Caref encontró el listado completo y lo entregó al Archivo Nacional de la Memoria (ANM) “para continuar en la búsqueda de memoria, verdad y justicia”, dijeron.
El refugio funcionaba en la ex Facultad Luterana de Teología ubicada en José C. Paz. Además de las 19 personas de ciudadanía chilena, se llevaron, también, a un trabajador del refugio y al secretario ejecutivo de Caref, el pastor Armin Ihle. Fueron secuestrados y detenidos arbitraria e ilegalmente en el excentro clandestino de detención Campo de Mayo, tan sólo cuatro días después del golpe de Estado en Argentina. Lo que se sabe al momento, es que todos sobrevivieron y fueron trasladados a otros países.
El hecho fue mencionado en el marco de la Megacausa Campo de Mayo, que se lleva adelante en la Justicia a partir del testimonio de una de las víctimas, Juan Hantke, pero hasta este momento no había sido posible de documentar. Según informó Caref, estas personas fueron llevadas primero a la comisaría de San Miguel y luego trasladadas a Campo de Mayo, donde, según indican otros documentos del Archivo Histórico institucional, permanecieron 11 días. Una vez liberadas, todas estas personas -fundamentalmente familias con niños, niñas y adolescentes- fueron reasentadas en terceros países por las gestiones de la misma organización.
En el acto realizado este jueves en sede del ANM ubicado en el predio de la exESMA en avenida del Libertador 8151, participaron la embajadora chilena Bárbara Figueroa; el presidente del ANM, Marcelo Castillo; la directora ejecutiva y la presidenta de la Junta Directiva de Caref, Gabriela Liguori y Susana Jacob, respectivamente.
Durante el encuentro las autoridades de Caref hicieron la entrega formal del documento con el listado completo de víctimas, junto con un inventario de expedientes vinculados a las detenciones ilegales en contexto de terrorismo de Estado: "Muchos de los exiliados chilenos encontraron refugio en Caref, institución que los protegió y los contuvo. Porque estar lejos de la patria tiene muchos dolores, y mucho más en dictadura, porque no sabes si vas a poder retornar y si vas a poder volver a tus familiares vivos cuando volvés", Figueroa.
El presidente de la ANM valoró la tarea de Caref de "abrir puertas y tender puentes" y destacó que la institución "no sólo alojó", sino que "garantizó la salida de muchos exiliados", durante la década de 1970 en que las dictaduras cívico militares azotaron la región.
"En el documento que entregaron, no hay ninguna persona desaparecida, todos lograron salir del país. Caref no solo logró alojar sino garantizar la salida", puntualizó Castillo en este sentido, que también contó que instalarán una placa conmemorativa en el refugio en donde se llevó a cabo el operativo militar.
"Hay muchas trabajadoras sociales, aquellas que atendían a quienes recurrían a Caref en esos tiempos difíciles, solicitando asistencia, refugio, buscando un lugar seguro. Quiero hacer un reconocimiento especial a ellas que están aquí presentes", expresó Liguori, por su parte. Y agregó: "Este registro es posible gracias al registro de ellas, y el encuentro entre lo político y lo técnico, porque se trata de registros realizados desde un enfoque de Derechos Humanos.
"Muchos de esos exiliados, con ayuda de Caref y Acnur lograron salvar sus vidas. Lo hacemos con la convicción de que tenemos que mantener la memoria, tenemos que seguir buscando la verdad y que se haga justicia", completó Jacob. Caref fue fundada por un grupo de iglesias protestantes históricas de la Argentina en octubre de 1973, pocos días después del golpe del dictador Augusto Pinochet en Chile, para recibir y dar asilo a 16.000 personas exiliadas de la región, fundamentalmente provenientes de ese país trasandino.
La organización, que contó con el apoyo de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y del Consejo Mundial de Iglesias, logró administrar siete casas de refugio y diversos hoteles en la ciudad de Buenos Aires y región noroeste del conurbano bonaerense, para garantizar vivienda, alimentación, educación y salud de las personas y familias atendidas entre 1973 y 1989.
Con información de Télam
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