Desde hace más de 50 días que Perú está movilizado. Los reclamos contra el Gobierno de Dina Boluarte no cesaron pese a la represión con la que decidió responder el Estado que, según la Defensoría del Pueblo, cuenta ya con 59 personas asesinadas. Este lunes, las protestas seguirán en distintos puntos del país, mientras el Congreso tratará una reconsideración para efectivizar el adelanto de los comicios para este año y la Organización de Estados Americanos (OEA) realizará una audiencia extraordinaria para analizar la situación.
El país ya lleva seis presidentes en seis años y el Parlamento sobrevive pese a contar con menos del diez por ciento de credibilidad. “El Perú vive un levantamiento popular. La ciudadanía no ve puente ni diálogos con una clase política que, en su conjunto, está totalmente deslegitimada”, describió en diálogo con El Destape, el analista político de la universidad Antonio Ruiz de Montoya, Alonso Cárdenas.
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“El sistema político y económico peruano está desahuciado”, había dicho Cárdenas ante este medio el pasado 7 de diciembre cuando el entonces presidente Pedro Castillo pretendió llevar a cabo el cierre del Congreso, entre otras medidas. Castillo, con poco más de un año en el poder, había sido asediado por la posibilidad del juicio político desde que asumió y, ese mismo día, algunos creían que las y los congresistas de derecha y del fujimorismo, habían logrado conseguir los votos para destituirlo. Nunca se sabrá si esos pronósticos eran ciertos porque el decreto de Castillo desató un rechazó generalizado en la clase política que entonces sí se unificó detrás de la destitución y hasta lo llevaron tras las rejas, en un proceso judicial hoy también cuestionado.
El Congreso hizo caso omiso al decreto del presidente, sesionó y votó por 101 votos a favor, 6 en contra y 10 abstenciones, la vacancia presidencial por “incapacidad moral”.
Castillo había querido instaurar “un gobierno de emergencia excepcional" e informó que llamaría nuevos comicios lo antes posible para la elección de nuevas y nuevos legisladores. También había determinado la intervención del Poder Judicial y la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Según lo establecido por el artículo 134 de la Constitución Política del Perú, de 1993, el presidente tiene la facultad de disolver el Congreso en caso de “censura” o si se ha “negado su confianza a dos (en dos ocasiones) Consejos de Ministros”. Es decir, en caso de que el Congreso niegue el aval al gabinete de ministros en dos ocasiones. Esa no era la situación de Castillo, por lo que para muchas personas su accionar fue leído como un intento de auto golpe de Estado.
Dina Boluarte, su vicepresidenta, asumió el cargo unas horas después. Las marchas, paralizaciones de servicios y bloqueos comenzaron ese mismo día. La represión, también. La mandataria decretó el Estado de Emergencia en el país a la semana de haber asumido y el estado de sitio en Puno -desde donde creció la revuelta popular-, dos medidas que implican la suspensión de las garantías constitucionales y el derecho a la libre circulación.
Para un sector de la población, Boluarte es considerada como una “traicionera”, explicó ante este medio la abogada feminista especialista en género y derechos humanos, Parwa Oblitas. Es que la ex compañera de fórmula de Castillo, ante cada amenaza de vacancia presidencial había dicho que ella también se iba si el presidente era destituido. “Cosa que no sucedió y, por lo que se puede presumir, hizo un pacto con el Congreso y con los poderes económicos del país para asumir el cargo y quedarse en el poder”, señaló Oblitas.
Tras 50 días de resistencia, Boluarte, cedió y pidió al Congreso que tratase un proyecto de ley –aprobado en primera instancia e impulsado por el partido fujimorista Fuerza Popular- para el adelanto de las elecciones, pese a que en su discurso no faltó la deslegitimación y criminalización de la protesta y, específicamente, de los sectores de izquierda.
El viernes a la madrugada, el adelantamiento de las elecciones para este mismo año fue rechazado y, aunque se prevé una reconsideración de su tratamiento para este lunes, no se cuenta con los números suficientes para lograrlo. Por eso, “las movilizaciones van a seguir”, advirtió Oblitas.
“Saludamos que, poniendo por delante demandas de la ciudadanía y en busca de la paz social, el Congreso aprobara la reconsideración del proyecto de ley de adelanto de elecciones. Urge que pronto tengamos fecha cierta del próximo proceso electoral en el menor plazo posible”, habían escrito desde su Twitter de la Defensoría del Pueblo. Ese organismo, desde el 7 de diciembre, emite cada día informes con cantidad de personas muertas, heridas, de bloqueos, paralizaciones y manifestaciones. También, sobre el impacto de las medidas en el sector económico y para el desarrollo de la vida cotidiana: hay desabastecimiento y los centros turísticos se vieron fuertemente afectados. El ejemplo más conocido es Machu Picchu, que cerró sus puertas por tiempo indeterminado.
Su último informe, de este domingo, informó: 59 personas fallecidas; 1256 heridas; 65 bloqueos de vías nacionales, y otros 18 en las provincias. Esto, incluye dos masacres. Una en Ayacucho, en donde fallecieron 10 personas; y otra en Juliacá, con 17 muertos, en donde se pudo constatar que nueve personas recibieron impactos de armas de fuego en sus cuerpos.
“Las muertes, a quienes está dirigida esta represión son principalmente de personas racializadas, indígenas, campesinas y campesinos de nuestro país, que son quienes ahora alzan su voz porque han visto negados sus derechos, porque son quienes peor la pasan en estas crisis políticas, económicas y sociales, a quienes les han invalidado su voto, cuando votaron a Castillo”, marcó Oblitas.
La movilización en diciembre pasado se gestó en las zonas relegadas históricamente del país, que abarcan la zona surandina donde se encuentran las regiones de Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Cusco y Puno. Pero con el pasar de las semanas y, especialmente, con el aumento de muertos y heridos a manos de la policía, la ira y el rechazo se extendieron al resto del país y se instalaron, especialmente, en las calles de Lima, la capital.
La ex ministra de la Mujer de la gestión de Castillo, Anahí Durand, compartió en su Twitter este domingo encuestas realizadas por el Instituto de Estudios Peruanos: el 75% de la población está de acuerdo con la renuncia de Boluarte; el 74%, con el cierre del congreso; el 73%, con elecciones este año; y el 69%, con la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
Esta última demanda que resuena cada vez más fuerte en las calles ante una Constitución escrita y aprobada en tiempos del autogolpe de estado de Alberto Fujimori, en la década de 1990.
“Su gobierno (por Boluarte) nació viciado por la traición y la conspiración y se deslegitimo rápidamente con la masacre de 58 peruanos #DinaAsesinaRenunciaYa”, escribió la ex funcionaria este fin de semana. Para ella, se lleva a cabo una “campaña de desprestigio, ‘terruqueo’ (N de R: acusar de terroristas a quienes se movilizan) y criminalización del Gobierno y los grandes medios, la identificación con las protestas crece y se suman nuevos actores. En Lima durante las últimas marchas cada vez más se cuentan estudiantes y jóvenes de clase medias”, destacó Durand.
En paralelo, desde Nuevo Perú, partido de la izquierda progresista, presidido por la ex congresista y ex candidata presidencial Verónika Mendoza, emitieron un comunicado este sábado luego que se confirmara el primer asesinato en Lima, la capital del país: “La represión ha sido brutal hoy en la Avenida Abancay, hay muchos heridos, incluido un militante de nuestra organización. Desde Nuevo Perú denunciamos la masacre que la dictadura de Dina Boluarte ha desatado en nuestro país. ¡Renuncie ya, señora, basta de disparar al pueblo!”, exclamaron.
Además, llamaron a una vigilia y exigieron justicia para los “hermanos asesinados por parte de este gobierno represor y criminal”.
Para Mendoza, que también se expresó en sus redes sociales, la decisión del Congreso de rechazar realizar los comicios este año “acrecienta la desconfianza de la gente hacia estas instituciones y la demanda de un cambio de fondo -no solo de figuras sino de reglas de juego”. En ese sentido, analizó que los “cambios de fondo no pueden depender de los mismos que han generado esta crisis”, por lo que llamó a construir una plataforma política, social y ciudadana “que impulse un gran diálogo nacional para un nuevo pacto social”.
Esta “olla a presión”, como definió Cárdenas, tiene una respuesta, según coincidió también con Oblitas: la renuncia de Boluarte. “Nos encontramos en una situación de crisis que no tiene otra salida más que renuncia (de Boluarte), el cambio de la mesa directiva (del Congreso nacional, dirigido por la derecha) y el adelanto de elecciones en donde se ponga a elección popular la decisión de iniciar un proceso de Asamblea Constituyente”, aseguró Oblitas.
A ello, Cárdenas sumó también la necesidad de la puesta a disposición de sus cargos del presidente del Consejo de Ministros -que funciona como jefe de Gabinete-, del ministro del Interior y del de Defensa, que son “directamente responsables del baño de sangre” que hay en el país.
Aunque es mucho más profunda, la crisis en Perú se hace evidente cada vez que cae un Gobierno o un presidente. El último mandatario que terminó su gestión fue Ollanta Humala (2011-2016), pero su mandato también estuvo marcado por las protestas en las calles, la represión y el giro ideológico de su programa.
Pero no sólo eso: todos los presidentes de los periodos democráticos están detenidos o procesados. Alberto Fujimori, está preso por violaciones a los derechos humanos, se hizo un autogolpe y renunció desde Japón; Alejandro Toledo; Alan García (se suicidó cuando la policía fue a detenerlo), Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, todos están procesados o detenidos por causas de corrupción.
La tensión regional ante las violaciones a los DDHH
La semana pasada, la Policía ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos -la más histórica de América latina- con tanques militares y bombas lacrimógenas, seguida por detenciones arbitrarias. Los hechos trascendieron las fronteras y llegó al escenario de la VII Cumbre de Jefas y Jefes de Estado de la Celac, que se realizó en Buenos Aires.
Los mandatarios de Argentina, Chile, Colombia, México, Honduras y Venezuela se pronunciaron -con más o menos vehemencia- y coincidieron en pedir que se respeten los derechos humanos y la democracia. El presidente chileno, Gabriel Boric, de hecho, comparó la situación en la universidad con lo sucedido durante las dictaduras militares que golpearon a la región durante la década de 1970.
El enfrentamiento llegó a tal punto con Honduras que Boluarte decidió retirar a su embajador. El presidente colombiano, Gustavo Petro, reclamó también en la Celac la libertad de Castillo y es a pedido de él que se realizará la sesión extraordinaria en la OEA, a las 14.30, para constatar lo que está sucediendo.
“Condenamos el golpe de Estado en Perú y la agresión a la que está sometido el pueblo peruano”, dijo la presidenta hondureña, Xiomara Castro, en su intervención ante la Celac. Ella -que vivió en carne y hueso un golpe de Estado cuando su esposo fue destituido del poder, en 2009- fue una de las primeras mandatarias en mostrar su solidaridad con Castillo -sobre quien también demandó su liberación- y en catalogar los hechos como un “golpe de Estado”, una posición débilmente tomada por casi todos los mandatario y mandatarias de la región el 7 de diciembre cuando Castillo fue destituido.
“Ha habido graves violaciones a los derechos e incluso me atrevería a hablar de crimines de lesa humanidad”, sentenció Oblitas sobre lo que pasó en la universidad. “Ahí se han alojado quienes venían de otras regiones (N de R: para participar del paro nacional que comenzó el 19 de enero por tiempo indefinido). Hubo unos 200 detenidos y reprendidos por más de 24 horas. En esas detenciones se ha violentado la dignidad y la integridad, principalmente de las mujeres, que han denunciado que fueron víctimas de violencia sexual, de desnudos forzados, de tocamientos indebidos presumiendo que tenían drogas”, denunció. Prácticamente todas las personas detenidas fueron absueltas y siguen en las calles movilizadas.
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