El Gobierno de Dina Boluarte tiene a cuestas más muertos que días de gestión. Desde que comenzó, su mandato, tras la destitución de Pedro Castillo, en las calles la llamaron “traidora” y, luego, “asesina”. "La primera definición es que en Perú hay un golpe de Estado cívico militar", sentenció ante El Destape la dirigenta argentina del Nuevo MAS y de Las Rojas, Manuela Castañeira, desde suelo peruano. Desde que llegó a la capital del país, Castañeira mantuvo encuentros con estudiantes, referentes sindicales y de organizaciones populares con el propósito de llevar la voz del pueblo peruano y romper lo que ella denomina "el cerco mediático". Mientras tanto, el Congreso -que ya rechazó en dos oportunidades el adelanto de elecciones- volvió a tratar un nuevo proyecto presentado por Perú Libre, que no tiene chances de ser aprobado.
En comunicación desde Lima, Castañeira hizo un racconto sobre lo que vio y percibió desde su llegada al país vecino: "Hay más de 60 muertos, un Estado de excepción brutal en el sur del país, hay tanquetas y las calles están militarizadas en Lima. A las plazas ni se puede pasar, las instituciones están totalmente de espaldas a la población, hay una rebelión popular profundísima y nacional", dijo y agregó que toda esa movilización tiene el propósito de "refundar el país desde los intereses populares".
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Las cuatro consignas que se escuchan en las calles y en cada punto de organización de la población son el pedido de renuncia de Boluarte, la realización de una Asamblea Constituyente, el cierre del Congreso "fujimorista" y el cese de la represión.
Sin embargo, hasta el momento, la mandataria -que fue la compañera de fórmula de Castillo y asumió el pasado 7 de diciembre tras la destitución y detención de su ex compañero de fórmula- sólo se cedió unos pasos ante el pedido de adelantamiento de los comicios, cuya responsabilidad le delegó completamente al Congreso nacional. "Ya la iniciativa legislativa que hemos enviado, solamente pedirles -con el respeto que corresponde como el primer poder del Estado- responder con altura, a las necesidades que el pueblo está pidiendo. Adelanto de elecciones y nos vamos todos", respondió en la jornada de este jueves ante la consultas de la prensa, según reportó el diario La República. Allí, además, Boluarte, volvió a criminalizar la protesta y a deslegitimar los reclamos al considerar que su renuncia es pedida por sectores que "están generando la violencia en el país a manera de chantaje que quiere llevar al país al desorden y a la crisis".
Las movilizaciones surgieron en el surandino, una zona históricamente relegada, de campesinos, campesinas e indígenas, en donde hay una mayoría que aún apoya a Castillo. Pero con el correr de las y los muertos por la represión -cuyas marcas de balas de plomo ya se pudo constatar más de una vez- la ola de repudio hacia el nuevo Gobierno se extendió y llegó al centro de Lima, en donde desde el pasado 19 de enero se lleva adelante un paro nacional indeterminado y las marchas y concentraciones con diarias. Del otro lado, desde la administración nacional, y desde los medios hegemónicos se ocuparon de señalar a quienes salen a las calles como "terrucos" o "terroristas".
"Aquí se está violentando la voluntad popular. Hay un uso brutal de la represión, están militarizando el territorio y, además, hay otra cuestión vinculada a la profunda rebelión: la población está en la calle de manera permanente, aunque el Gobierno les dice 'terroristas'. El 80 por ciento de la población desconoce al Congreso, el 70 por ciento quiere una Constituyente", relató, en contrapartida, Castañeira.
Al ser consultada sobre cómo se vive el día a día, la dirigente argentina lo describió con un grafiti que leyó en una pared: "No somos terroristas, somos de las provincias". En ese sentido, señaló que en Perú "hay un desprecio racista y xenófobo" y que las acusaciones de Boluarte "grafican su nivel de golpismo". Por lo que pudo ver, el estado de movilización es constante -pese al Estado de emergencia en todo el país- y "la represión es de amedrentamiento directo para que la gente no quiera marchar".
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Sin embargo, los manifestantes adoptaron una dinámica para poder llegar hasta el centro del país. En cada región se organizan de a tres días para llegar a Lima, en las comunidades hacen colectas, vuelven a la comunidad y se relevan. "Ese es un pueblo que se organiza para luchar por sus derechos", sentenció.
La herencia de Fujimori en el Congreso
"El Congreso es un producto de la Constitución fujimorista -de 1993, durante el autogolpe de Alberto Fujimori- que es hija de la dictadura y del fraude. Esa Constitución tiene mecanismos como el de vacancia, que son utilizados de manera totalmente antidemocrática para destituir presidentes. Eso es lo que quisieron hacer con Castillo, destituirlo con el argumento moral, lo que se lleva puesta la voluntad popular", señaló Castañeira. También señaló que esta Carta Magna "dejó una estructura de saqueo del Perú, de sus recursos naturales, de su historia, de sus ruinas incas, en donde las empresas extranjeras en connivencia con los poderes locales se llevan todo".
Tras haberse entrevistado con dirigentes sindicales, estudiantiles y de organizaciones populares, la dirigenta argentina destacó lo que considera una de las claves para entender la resistencia del actual Congreso a renunciar y llamar a elecciones: "Hay más de 200 TLC (tratados de libre comercio) que se están venciendo entre este año y el que viene, que Fujimori había firmado por 30 o 40 años, y justo ahora caen cuando esos tratados permiten a las empresas extranjeras, de mayoría yanki, se lleven todas las ganancias mientras la estructura está detonada".
Uno de los ejemplos que puso, es el negocio del gas. "Gracias ese TLC se llevan todo el gas y el balón en Perú es el más caro de todas Latinoamérica. Mientras, arriba del 80 por ciento de la población está bajo el empleo informal o con subempleo", contó. "Estos congresistas se quieren quedar para renovarlos", remarcó y dijo que, en contrapartida, la población "se hartó" de la represión, del saqueo y de la marginación.
Para la dirigenta de Las Rojas, es importante mirar a lo que sucede en Perú y criticó que algunos Gobiernos de la región como el de Argentina y el de Brasil hayan reconocido a Boluarte como presidenta. "No se pueden dejar pasar golpes de Estado", advirtió. "Lo vimos en Bolivia, con la revuelta en en Chile, con los sectores de la ultraderecha con el bolsonarismo, el trumpismo que atacó el Capitolio, tenemos que estar en alerta y Argentina con la tradición que tiene de defensa de las libertades democráticas creo que tiene mucho que aportar, por eso, veo con indignación y con preocupación las posturas de Alberto (Fernández, presidente de Argentina) y Lula (da Silva, presidente de Brasil)", afirmó.
La mayoría de la región reconoció a Boluarte luego que Castillo leyera en un mensaje a la Nación un decreto en el que cerraba el Congreso -pese a no cumplir con los requisitos constitucionales-, se comenzaba a gobernar por decreto en un estado de emergencia y se anunciaba una "reorganización" del Poder Judicial -algo que no permite la Constitución- y la convocatoria a una asamblea constituyente. Esto provocó que una mayoría en el Congreso lo destituyera, la Fiscalía lo detuviera y ahora se lo juzgue, en un proceso muy criticado por denuncias de faltas de garantías para el ex mandatario.
Desde entonces, el Congreso unicameral de Perú no avanzó en ninguna medida importante; por el contrario, se empantanó. Ya rechazó en dos ocasiones el adelanto de las elecciones para este año. Este jueves intentó tratar una iniciativa presentada por Perú Libre -el ex partido de Castillo-, que propuso comicios generales para dentro de 120 días y la realización de un referéndum para una Asamblea Nacional Constituyente. Pero la izquierda ha quedado en absoluta minoría en el pleno, por lo que el proyecto no tiene chances de avanzar.