Luego de que el Congreso echara por tierra la posibilidad de adelantar las elecciones, desde las comunidades en distintos puntos del país continúan en pie de lucha: aimaras y quechuas se alistan para marchar en Lima, mientras que en 17 provincias se lleva a cabo un paro total. En tanto, el Gobierno de Dina Boluarte informó que entregará 50 mil soles a familiares de víctimas en el contexto de represión. “Eso no va a hacer que nosotros nos quedemos satisfechos o que nos puedan silenciar, nosotros vamos a continuar con la lucha”, sostuvo Raúl Samillán, hermano de Antonio, un médico de Puno -región surandina donde se ejecutó la segunda masacre- que fue asesinado cuando se acercó a auxiliar a una persona herida.
En Perú, las movilizaciones que nacieron en el surandino persisten desde hace 49 días con huelgas indefinidas, paros y bloqueos de carreteras. Desde el 7 de diciembre tras la destitución del entonces presidente Pedro Castillo, reclaman: renuncia de la presidenta Dina Boluarte, cierre del Congreso y elecciones inmediatas. Sin embargo, pareciera que cada una de esas llamadas está cada vez más lejos, sobre todo desde que la semana pasada, el Parlamento dejara pasar la oportunidad de decidir adelantar los comicios para este año.
Desde el inicio, el Gobierno de Castillo fue asediado con distintas causas que dificultaron que llevara a cabo su tarea como mandatario. Entre otras, se lo señaló como cabecilla de una organización criminal que habría operado en tres sectores del Estado: el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), y Petro Perú. Esa situación lo llevó a enfrentar dos intentos de juicio político, para las que las y los congresistas no lograron los votos necesarios.
Desde entonces, las comunidades se organizan de manera colectiva. Y, ante la falta de respuestas por parte de los poderes políticos, en el surandino iniciaron las colectas públicas que les permitan trasladarse hasta la capital, de hecho, las mismas autoridades comunales convocaron a paisanos y paisanas para inscribirse voluntariamente. La recaudación de recursos económicos es en cada comunidad y permite financiar el transporte, la alimentación y otros gastos de los manifestantes que harán el papel de sus representantes. Quienes se queden garantizan la continuidad de la huelga indefinida con flexibilización de los sábados y domingos para abastecerse de alimentos.
“Nuestras decisiones son colectivas. No vamos a retroceder. Cuando la traidora Dina Boluarte dice: salgan a trabajar no más, lo que nos está diciendo es: ustedes limítense a sus negocios, no tienen por qué luchar por temas políticos. Nos creen ignorantes. Pero ya hemos despertado. Solo queremos que renuncie y nada más. No queremos una traidora, que antes lloraba por ser ministra y ahora, para mantenerse en la presidencia, se alía con la derecha”, aseguró Leonel Quispe Torres, dirigente del distrito de Acora, según reportó La República.
Debido a la actual crisis política, el director de la Unidad de Gestión Educativa de Puno (Ugel), David Cornejo, informó que el inicio de las clases será el 20 de marzo en las 13 provincias de la región Puno. No obstante, dejó entrever que la fecha podría aplazarse aún más si las protestas continúan.
Masacre en Juliaca
El portal La República tuvo acceso a los informes de las necropsias realizadas sobre los cuerpos de las 18 personas fallecidas el 9 de enero, en lo que fue la segunda masacre perpetrada en el marco de las protestas contra el Gobierno. “Las necropsias son contundentes: De los 18, todos, excepto uno, murieron por heridas causadas por proyectiles de arma de fuego. Uno falleció a causa de múltiples heridas de perdigones de metal”, determinaron.
“De los 18 civiles fallecidos en Juliaca durante las manifestaciones del lunes 9 de enero, 11 recibieron de frente los impactos de los proyectiles. Es decir, los policías o militares apuntaron sus fusiles mirándolos directamente”, afirmaron e informaron que los proyectiles en 9 cuerpos indican que fueron disparados por fusiles AKM, que es de uso común de la Policía Nacional. Otras 6 víctimas mortales fueron impactadas por los proyectiles por la espalda. Esto es, huían cuando comenzaron a escuchar los disparos. Entre las víctimas hay, además, tres adolescentes de 16 y 17 años. No todas las personas que fueron asesinadas formaban parte de las protestas.
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