Tercer día de crisis en Ecuador: "Se acabaron los gobiernos tibios", advirtió Noboa

El mandatario señaló que la ola de violencia que vive el país "no es un accidente" y, también, apuntó contra jueces y fiscales que "apoyen a los grupos terroristas".

10 de enero, 2024 | 17.08

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, afirmó que en el país "se acabaron los gobiernos tibios", una advertencia dedicada a las organizaciones criminales que respondieron con actos de violencia y terror en distintos puntos del país tras la declaración del estado de excepción por dos meses. Tras la toma de un canal de televisión, el presidente decidió declarar el conflicto armado interno y catalogar como “terroristas y actores no estatales beligerantes” 22 organizaciones criminales que actúan en el país. 

"Vivimos un momento muy duro", evaluó Noboa en declaraciones que recogió el diario quiteño Primicias en el tercer día de la crisis que vive el país por los asaltos y homicidios cometidos por delincuentes de diferentes bandas criminales que causaron 10 muertos y al menos 70 detenidos. Además, agregó que "esta ola de violencia no es un accidente", sino que se dio cuando "estábamos empezando a aplicar nuestro plan de seguridad", presentado hace dos semanas y llamado Plan Fenix que, entre otros puntos, plantea la salida de los militares a las calles, tal como está sucediendo ahora.

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Noboa es un empresario multimillonario que asumió el pasado 23 de noviembre la presidencia luego de que Guillermo Lasso fuera expulsado del Gobierno y uno de sus ejes de campaña fue en el ámbito de la seguridad. Tema que se tornó trascendental por las creciente crisis carcelaria sin precedentes y, sobre todo, tras el magnicidio del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio.

Con menos de dos meses de gestión, el lunes decidió declarar el estado de excepción por 60 días, tras alegar “grave conmoción interna” generada tras la supuesta fuga de José Adolfo Macías, conocido como “Fito”, un alto líder de la organización criminal Los Choneros, que estaba detenido en la cárcel regional de Guayaquil condenado a 34 años por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato.

"Consideraremos también a los jueces y fiscales que apoyen a estos grupos terroristas, como parte de esos grupos", dijo en su advertencia el mandatario, en un discurso que también tuvo como destinatarios a los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas "que traben cualquier operativo". En el último tiempo, distintos casos que salieron a la luz revelaron el mapa de complicidades entre las organizaciones criminales y el funcionarios de las distintas dependencias del Estado, empezando por el expresidente Lasso, que fue extorsionado por la policía a cambio de estabilidad política cuando se realizó un informe que revelaba los vínculos de su cuñado con las organizaciones criminales.

"Todo grupo terrorista se ha convertido en un objetivo militar", dijo el también comandante de las Fuerzas Armadas.

Ante una pregunta sobre si Ecuador se encuentra en guerra, respondió: "Prácticamente sí, estamos en un conflicto armado, no internacional, estamos luchando por la paz, contra grupos terroristas".  En tanto, sobre los presos que tienen secuestrados a agentes penitenciarios, dijo que el país está "en  un estado de guerra" y aclaró que las organizaciones no podrán presionar ni doblegar al Gobierno.

"Estamos haciendo lo posible y lo imposible para traerlos a todos sanos y salvos (a los penitenciarios secuestrados), pero no podemos parar la guerra por eso, porque el Estado está en guerra en todas las provincias", manifestó.

Noboa enfrenta su primera crisis carcelaria con al menos 135 guardiacárceles retenidos. Además, el presidente aclaró que este jueves seguirán los planes del Ejecutivo de arrancar la construcción de las dos nuevas cárceles de máxima y supermáxima seguridad, al contrario de lo sugerido por el Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes en 2022 a la luz de la crisis carcelaria, informe citado por el mismo Gobierno en el decreto 111.

Allí, el organismo pidió al Estado construir cárceles más pequeñas y manejables, abordar la corrupción para hacer frente al crimen organizado y la depuración de la Policía. Nada de todo eso se hizo hasta el momento. 

Por otro lado, detalló que el embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, le confirmó que su país presentará un paquete de asistencia para colaborar con los planes de seguridad del Ejecutivo. "Todos estos grupos terroristas son objetivos militares y si quieren resistirse (...) sean valientes, peleen contra los militares, de frente", enfatizó.

La denuncia de las organizaciones de derechos humanos

En un comunicado firmado por la Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador, que reúne a unas 15 organizaciones, alertaron sobre el "avance de la violencia desde la primera masacre carcelaria ocurrida en febrero de 2021, así como sobre la ineficaz respuesta del Estado: reiteradas declaratorias de estados de excepción y movilización de las fuerzas armadas", que a su entender "resultan ineficaces" en su alcance como en su ejecución porque "no responden a un plan integral de seguridad ciudadana".

"El crimen organizado ha permeado todas las instituciones del Estado y ha debilitado su rol para garantizar la seguridad ciudadana", denunciaron y a continuación remarcaron que el actual Gobierno ante la situación de violencia de los últimos días "recurrió a la misma receta". Para la Alianza, la declaración de conflicto armado interno amparado en el derecho internacional humanitario "deja diversas dudas respecto de su razonabilidad e insuficiente motivación", a la vez que plantearon su preocupación por la falta de garantías a los derechos de la población civil.

"Todos y todas corremos riesgo de ser ejecutados", denunciaron, ante la "guerra interna declarada" contra un enemigo que catalogaron como "difuso", que está infiltrado en el Estado.

Con información de Télam

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