Israel lanzó otra guerra en Gaza, ahora contra la ONU

Alrededor de 2,2 millones de palestinos viven en la Franja de Gaza y, antes de la escalada militar que comenzó el 7 de octubre pasado, más del 77% (1,7 millones) eran considerados refugiados por la ONU, por lo que la agencia de Naciones Unidas Unrwa ayudaba a que tuvieran donde vivir, educarse, curarse y comer. Casi cuatro meses después de que Israel comenzara a bombardear y arrasar con todo como represalia por el masivo ataque del movimiento extremista Hamas, el número de palestinos que dependen de esta agencia humanitaria "para simplemente sobrevivir" pasó a más de dos millones, es decir, prácticamente toda la población. En este contexto, el Gobierno de Israel acusó a 12 de sus 13.000 empleados de haber participado del ataque de Hamas (aún no se conocen las evidencias) y, aunque la ONU prometió investigar y canceló los contratos de los sospechados identificados, Estados Unidos y las principales potencias occidentales decidieron -con una velocidad y convicción que no demostraron para condenar la muerte de más de 26.000 palestinos muertos- desfinanciar al mayor dique de contención humanitario que existe en el territorio en una situación de hambruna y explosión del orden social inminentes. 

Y el objetivo no pareciera ser solo de corto plazo para terminar de "destruir" a Hamas, como suele repetir el Gobierno de Benjamin Netanyahu cuando le preguntan cuál es el objetivo o la misión detrás de los feroces bombardeos y combates que ya convirtieron en tierra arrasada inhabitable a gran parte de la Franja de Gaza. El diario The Times of Israel filtró un presunto documento de la Cancillería israelí en la que detalla un plan de tres pasos para expulsar a la Unrwa de ese pequeño territorio asediado, donde nadie puede salir o entrar sin permiso israelí -aún por la frontera con Egipto- desde 2007: primero vincular a la agencia de la ONU con Hamas, después reducir al mínimo sus capacidades y trabajo en Gaza y, finalmente, poder reemplazarla por completo por la nueva autoridad que asuma el control de la franja una vez terminado el conflicto. 

El sábado, el canciller israelí, Israel Katz, pareció seguir exactamente ese plan: "En la reconstrucción de Gaza, la Unrwa debe ser reemplazada por agencias dedicadas a una paz y desarrollo genuinos", publicó en su Twitter. 

El problema es que no queda claro quién sería esa futura autoridad política en Gaza o las agencias que Israel aceptaría dado que el Gobierno de Netanyahu ya rechazó en varias oportunidades la propuesta de su aliado Estados Unidos para que el territorio sea gestionado -con todas las limitaciones, claro, de una ocupación militar- por la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que actualmente solo tiene influencia -y nuevamente, vale recordar que limitada- en Cisjordania. Tel Aviv se niega a permitir una expansión de la ANP y también jura y rejura frente a sus socios internacionales que no volverá a ocupar con asentamientos la Franja de Gaza, como nunca dejó de hacer desde hace más de medio siglo en los otros dos territorios palestinos, Cisjordania y Jerusalén este. 

El problema es que entre las negativas y las promesas de Netanyahu no queda claro quién se hará cargo de la Franja de Gaza en la posguerra en la estrategia diseñada por Israel. Arropados en esa ambigüedad, los militares israelíes profundizan sus bombardeos en Gaza, mientras en Israel ganan fuerza las voces que piden volver a ocupar con asentamientos y colonias el territorio palestino. 

Prueba de ello es que el mismo fin de semana que Estados Unidos y las principales potencias europeas -que en 2022 representaron el 60% de los fondos de Unrwa- decidieron dar un golpe mortal a la mayor organización con capacidad y legitimidad internacional para recibir y distribuir ayuda humanitaria en la Franja de Gaza -especialmente si se tiene en cuenta que el Gobierno de facto del territorio, en manos de Hamas, no es reconocido por gran parte del mundo-; en Jerusalén, varios ministros del Gobierno de Netanyahu y organizaciones que reciben fondos del Estado israelí participaban de una conferencia titulada: "Los asentamientos traen seguridad". 

"Lo gritamos y lo advertimos. Si no queremos otro 7 de octubre, tenemos que volver a casa y controlar la tierra", gritó el ministro de Seguridad Pública y una de las voces más extremas del Gobierno de Netanyahu, Ben Gvir, frente a una audiencia de colonos enardecidos que bailaban y gritaban "reestablecerse en Gaza". "Ya llegó el tiempo de regresar a Gush Katif (nombre de un ex asentamiento israelí en Gaza) y animar la emigración voluntaria" palestina, agregó.

Muchas veces el primer ministro u otro funcionario de Netanyahu han tratado de subestimar la influencia de estas voces en la cúpula del poder; sin embargo, según el Canal 12 de la televisión israelí, los 12 ministros del partido del primer ministro, el Likud, estuvieron presentes, además de Gvir y el también extremo titular de Finanzas, Bezalel Smotrich. En total, 14 de los 26 ministros del gabinete. 

Smotrich también habló ante el público de colonos. Dijo que en el pasado había rechazado la llamada "desconexión", cuando el entonces Gobierno del Likud de Ariel Sharon ordenó levantar los asentamientos en la Franja de Gaza y renunciar a toda presencia en el territorio -no así al control total de las fronteras que siempre mantuvo y con el que mantuvo la ocupación- en 2005. La retirada dividió a la sociedad israelí y provocó heridas que aún hoy están frescas. "Sabíamos lo que eso provocaría y tratamos de prevenirlo. Sin asentamientos no hay seguridad", sentenció.

Aunque hoy su voz sea descripta como extremista, tanto dentro como fuera de Israel, se trata de la misma lógica que se impone hace años para los otros territorios palestinos. Mientras Israel decidió anexarse unilateralmente Jerusalén este hace más de 40 años, en Cisjordania avanzó a partir de la expansión de las colonias. Hace casi un año, según un relevamiento hecho por colonos, la población israelí por primera vez había superado el medio millón de personas en ese territorio, en el que también viven 2,8 millones de palestinos bajo ocupación militar. 

Tanto la anexión unilateral de Jerusalén este - cuyo status, múltiples resoluciones de la ONU dicen que debe ser decidido en un eventual acuerdo de paz- como la expansión de las colonias o asentamientos van en contra del derecho humanitario y del derecho internacional. Lo sostiene Estados Unidos, la Unión Europea y casi toda la comunidad internacional. Sin embargo, nunca en todos estos años se puso en duda la cooperación económica, militar o política con Israel; ni siquiera cuando todas estas mismas potencias exigieron públicamente que Israel aceptara un cese al fuego para evitar una mayor catástrofe humanitaria o cuando la Corte Internacional de Justicia le pidió a Israel que "evite" un genocidio en Gaza. Nunca estos países que suelen juzgar el cumplimiento de los derechos humanos en el mundo mostraron la misma voluntad o premura por sancionar como sucedió ahora con la agencia humanitaria de Naciones Unidas que tiene sobre sus espaldas en este momento "la supervivencia" de casi todos los palestinos de la Franja de Gaza.