Petro recibirá una Colombia marcada por la violencia

Está escrito en su programa, lo dijo en campaña y lo reafirma: el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, buscará para su país "la paz total". El histórico conflicto armado todavía marca al país con sangre y cadáveres. Masacres, asesinatos de líderes y lideresas, secuestros y desapariciones son reportadas casi a diario en el país sudamericano, y así lo dejó asentado esta semana el informe “Cifras durante el gobierno de Iván Duque (2018 - 2022). Balance de la violencia” realizado por el Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ). 

“El Gobierno no respondió a la situación, entre otras cosas, porque consideró que el Acuerdo (de paz) era ilegítimo, entonces no estaba obligado a cumplirlo. Eso dejó muchos vacíos aprovechados por mafias, grupos narcoparamilitares y guerrilleros y permitió que se reprodujeran las dinámicas de los grupos armados”, explicó ante El Destape el presidente de INDEPAZ, Camilo González Posso. Los Acuerdos de Paz (2016), firmados e impulsados por el ex presidente Juan Manuel Santos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) -que abandonó las armas y fundó un partido político, Comunes, compuesto mayormente por sus integrantes desmovilizados-, constituyeron un paso de gran importancia para comenzar a construir un camino de alto el fuego. Sin embargo, no fue ni es suficiente.

Las cifras abruman si se miran de un tirón. Fueron miles las personas asesinadas durante los últimos cuatro años. No parece ser casual: los números del informe llegaron de la mano de la gestión de Duque, el político que en campaña a la Presidencia prometió hacer “trizas la paz”. A la poca decisión política por mantenerlos sumó que, en 2019, levantó la mesa de negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) -otra de las guerrillas- y objetó distintos puntos que hacen al organismo judicial creado especialmente para investigar los crímenes cometidos en este contexto: la Justicia Especial para la Paz (JEP).

Las cifras generales

• 957 líderes, lideresas y defensores/as de derechos humanos asesinados. De ese total, 131 son mujeres.
• 261 Firmantes del Acuerdo de Paz asesinados, entre ellas 11 mujeres.
• 421 homicidios cometidos presuntamente por la Policía Nacional.
• 313 masacres que involucraron a 1192 víctimas.
•  La tasa de homicidios en 2021 es la más alta de los últimos seis años: 26,9. En total se contabilizaron 50.179, 13.873 en 2021.

Presuntos responsables

• 43,33% sin identificar.
• 17,92% Autodefensas Gaitanistas de Colombia/Clan del Golfo.
• 16,23% Grupos Residuales ex-FARC.
• 11,09% Otros Grupos Narcoparamilitares.
• 10,71% ELN.
• 0,72% Fuerza Pública.

“La responsabilidad material de los hechos violentos tiene detrás la autoría intelectual y la alianza cómplice, beneficiosa o de conveniencia de agentes económicos y políticos legales e ilegales”, señalaron entre las primeras observaciones que realizan desde INDEPAZ. A ello sumaron la “responsabilidad política” del Gobierno de Duque (2018-2022) ante la falta de implementación de los Acuerdos lo que, según su lectura, “ha facilitado la recomposición de grupos armados, de mafias con conexiones en empresas lavadoras de activos y con agentes del Estado”.

Además, marcaron que “esta situación de persistencia de violencia armada está asociada al deterioro de indicadores sociales de bienestar de la población y muestra la precariedad de las políticas”. Campesinos e indígenas son los sectores más golpeados con 435 y 305 asesinatos. Es que el conflicto también se explica en la disputa por los usos y la distribución de la tierra que atraviesa a colombianos y colombianas desde hace 60 años. 

Las zonas más afectadas tras las decisiones tomadas se encuentran en la región del Pacífico, en las fronteras con Ecuador, Venezuela y Panamá, “en donde se han reproducido grupos armados, mafias y narcotráfico con gente cómplice del mismo Estado”, contó González Posso a este medio. ¿La razón? Lo dice en el informe y lo ratificó el presidente de la organización: el Gobierno de Duque “puso énfasis en el aspecto militar y designó gran parte de los recursos a Fuerzas Armadas y a acciones punitivas, cuando debería ser inversión social y respuesta a la necesidad de la gente para darles la opción de una salida diferente”.

El documento difundido también menciona que 2018 se consolidó como el año con mayor afectación territorial desde 2016: “Una de las causas fue la búsqueda de expansión de los grupos armados y la aparición de nuevas estructuras. Si se mantiene la tendencia de los seis primeros meses de 2022 se terminaría el año con 130 municipios afectados" de 1122.

Población LGBTI+

Un apartado especial cuenta de qué manera se ha visto implicada la población LGBTI+. Al respecto, González Posso señaló que “los actores armados tienen una ideología y una práctica homofóbica y, también, de discriminación a la mujer. Aplican la violencia sexual de manera sistemática para controlar poblaciones y ponerse en los territorios por eso es importante subrayar esos aspectos”. En total, 872 fueron víctimas de homicidios/feminicidios o de violencia policial.

Los números durante las protestas sociales en 2021  

• 898 intervenciones violentas.
• 96 víctimas de violencia ocular.
• 35 víctimas de violencia sexual.
• 66 montajes judiciales.

Las expectativas en el Gobierno de Petro

El binomio presidencial electo por el Pacto Histórico, Gustavo Petro y Francia Márquez Mina, anunció más de una vez la intención de retomar aquellas negociaciones rotas con el ELN. El llamado de Petro es hacia “la paz total” y, en palabras de la vicepresidenta, la consigna incluye también el modelo económico: "Las políticas hasta ahora dejaron plata en los bancos y muertos en los territorios”. En ese camino, el mandatario -que asumirá este domingo- se ocupó de negociar con distintos sectores de la política tradicional y no tradicional para construir mayorías en el Congreso Nacional que le permitan avanzar con una agenda sumamente ambiciosa al que convocó bajo el nombre de “gran acuerdo nacional”.

“Es una situación excepcional”, sostuvo González Posso ante El Destape. Para el titular de INDEPAZ ahora es la “mejor oportunidad” para establecer diálogos entre “armados” y población civil. “Tenemos un Gobierno que tiene un programa de transformaciones que es muy avanzado. Es una gran oportunidad y hay un acuerdo muy grande del Gobierno, el Congreso y la sociedad que respalda una salida política al conflicto armado”. Entre las recomendaciones, desde el organismo apostaron a la implementación de un plan de urgencia de protección y autoprotección del liderazgo social.