Colombia se enfrenta con su historia y la posibilidad de dar un giro inédito a su extensa tradición de gobiernos conservadores. Pero aún si la alianza de fuerzas progresistas que llevan a Gustavo Petro como su cara emergente no consiguiera el triunfo en primera vuelta o en un eventual ballotage en junio, el próximo presidente, sea del signo que sea, no podrá eludir una enorme deuda de injusticia y desigualdad que las elites dominantes silenciaron por décadas con el pretexto de la guerra contra las drogas y que el estallido social en dos tiempos, entre 2019 y 2021, puso en evidencia como nunca antes. Tal es el complejo escenario que espera al próximo inquilino en la Casa de Nariño.
Hoy todas las encuestas dan preferencias a la coalición de centroizquierda del Pacto Histórico “Colombia Puede”, en línea con la victoria que consiguió esta misma conjunción de fuerzas en las legislativas de marzo pasado. Dos meses y medio después, el desafío es mayor porque deben superar el 50 por ciento de los votos para consagrarse en primera vuelta y evitar un mano a mano en un país donde la polarización ha escalado durante los últimos tiempos tanto en las calles como en los discursos. Los sondeos le dan entre un 30 y un 48 por ciento de intención de voto, así de amplio y difícil de predecir. Enfrente, otro 40 por ciento del electorado se reparte entre la coalición de centroderecha “Equipo por Colombia” y la candidatura de un empresario que juega a ser el “Donald Trump” colombiano, con un discurso que pivotea acorde al humor social.
“Quien quiera que gane va a recibir un país más cansado, desgastado y más violento que hace cuatro años. Con una población joven desempleada y que tampoco tuvo muchas oportunidades de estudiar a raíz de la pandemia. Empresas pequeñas y medianas quebradas. El peso (colombiano) devaluado, una de las inflaciones más altas de los últimos años y uno de los déficits fiscales más elevados de la historia. Un país más descontento que en 2018, en términos sociales y políticos, donde la gente ya no cree mucho en la institucionalidad. Y a eso hay que sumar un factor alto de riesgo y es la creciente politización de las fuerzas militares, lo cual constituye un alto riesgo para el próximo gobierno”, señala a El Destape la politóloga Daniela Castillo.
Acorde a los datos del Banco Mundial, la pandemia arrastró hacia la pobreza a 3,6 millones de personas en Colombia durante 2020. Lejos de tratarse de algo circunstancial, la desigualdad en aquel país es tan profunda como estructural y la emergencia sanitaria con sus efectos socio-económicos colaterales solo la exacerbó. El reporte “Hacia la construcción de una sociedad equitativa en Colombia”, publicado en 2021 por el organismo multilateral, resalta que los ingresos del 10 % de la población más rica de los colombianos es once veces mayor que la del 10 % más pobre lo que ubica al país como el segundo más desigual entre 18 países de América Latina y el Caribe —solo superado por Brasil—, y el más alto entre todos los miembros de la OCDE.
“Las disparidades entre los ingresos en los adultos surgen de las brechas que se abren desde la vida temprana para las oportunidades de alta calidad en desarrollo infantil, educación y servicios de atención médica. La desigualdad en el acceso a empleos de calidad amplifica aún más estas brechas, lo que convierte a Colombia en uno de los países donde las desigualdades son más persistentes entre generaciones”, añade el reporte.
Contra todo sueño de movilidad social ascendente, el neoliberalismo en Colombia no solo se ha ocupado de crear más pobreza sino de retener a generaciones de sus habitantes más vulnerables en lo más bajo de la pirámide social. Y agrega un factor alienante más: tanto la geografía como el género condicionan las oportunidades de desarrollo: “una mujer en Colombia tiene 1,7 veces más probabilidades de estar desempleada que un hombre. Un indígena colombiano recibe en promedio dos años menos de escolaridad que otros colombianos, y un afrocolombiano tiene el doble de probabilidad de vivir en un barrio pobre”.
Frente a este panorama que explica, en gran medida, el porqué del estallido social que inició en noviembre de 2019 y resurgió en abril del año pasado, se debe añadir el incremento del accionar del crimen organizado, las disidencias de las FARC y el paramilitarismo. Mientras que la implementación de los acuerdos de paz está virtualmente estancada al cabo de cinco años —“la ‘Reforma rural’ solo se ha implementado en un 4% y el punto cinco sobre ‘Víctimas’, núcleo del acuerdo, solo en un 27%”, enfatiza Castillo—, la violencia armada se ha disparado, entre 2016 y 2021, haciendo blanco en ex combatientes desmovilizados y líderes y lideresas comunales, indígenas, afro, de la comunidad LGBTIQ+, sindicalistas, campesinos y ambientalistas.
Según el Instituto de estudios para el desarrollo de la paz (Indepaz) en Colombia, la cifra de referentes muertos de manera violenta supera ya el millar. Solo desde enero último al 23 de mayo de 2022, se contabilizan 79 líderes y lideresas sociales y defensores y defensoras de los derechos humanos y 21 firmantes de acuerdo de paz y excombatientes FARC, frente a la inacción del Estado para protegerlos. Al mismo tiempo, se perdió la oportunidad de continuar un proceso de diálogo semejante con el Ejército de Liberación Nacional que se había abierto en los últimos tiempos del presidente Juan Manuel Santos y quedó trunco con la llegada al poder del uribista Iván Duque, acérrimo opositor a todo el proceso de paz en su país.
“Colombia es hoy un país muy dividido. Sea cual sea el presidente que llegue, va a gobernar con la mitad del país en contra. Todos los candidatos manejan un discurso excluyente, juegan al ‘yo sí sé, tú no sabes; yo estoy bien y tú estás mal’. El próximo mandatario va a tener un reto realmente importante para unificar al país y dejar de dividir a la población colombiana mientras gobierna con un Congreso ‘colorido’”, concluye Castillo.
Las chances de un cambio
Si bien Petro no es un outsider o un político que represente en su ecosistema colombiano un salto generacional al estilo del chileno Gabriel Boric, los analistas coinciden en destacar que ha sabido ponerle voz y capitalizar gran parte de la fiebre social contra el sistema desde los primeros momentos. Tal es así que la narrativa de su campaña se ha articulado en torno al eslogan “Petro es cambio” y dentro del Pacto Histórico refieren a su candidatura —la tercera por la Presidencia después de perder en 2010 y 2018—, como una “alternativa”. En rigor, todas y todos los integrantes de la coalición que compitieron en marzo pasado por una banca legislativa, en listas paritarias, también se autodenominaron de ese modo. Algunas alianzas y apoyos durante la campaña han sido objeto de cuestionamiento al actual senador por acercarse a figuras con diverso tipo de denuncias a cuestas.
Así y todo, si se atiende a la historia de Colombia y sus jefes de Estado, el perfil de Petro, a sus 62 años, no deja de ser disruptivo: ex guerrillero del M-19 desmovilizado, economista, concejal de Zipaquirá, miembro de la Cámara de Representantes, alcalde de Bogotá por un breve lapso en el que implementó profundos cambios sociales y de género en la ciudad hasta que su mandato fue segado por decisión de la Procuraduría —luego revertido por instancia superior— y senador de la república. Su compañera de fórmula, Francia Márquez, tampoco se queda atrás. Lideresa ambientalista, feminista y afrocolombiana, formada como abogada y ella misma precandidata a presidenta por la misma coalición, aunque quedó tercera en las primarias.
“La figura de Petro se destaca de otros candidatos progresistas que hemos tenido en el pasado como una opción real de poder por varias razones, algunas estructurales y otras coyunturales”, opina Orlando Higuera, director del programa de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica de Bolívar. “En primer lugar nuestro sistema de partidos se ha pluralizado. Ya no es ese bipartidismo recio de antaño. Por otro lado, los efectos de un muy mal gobierno de Iván Duque que se va con más del 70% de desaprobación y cero autocríticas logra que la opción del continuismo sea menos atractiva y que el cambio de rumbo que propone Petro gane más adeptos”, agrega al ser consultado por este medio. Eso no ha librado a la fórmula del Pacto Histórico de una demonización por parte del establishment al punto de desatar campañas de desinformación y agresiones y tener que suspender algunos actos por amenazas de atentados contra el candidato y su vice.
En su plataforma de gobierno, destacan algunas promesas que significarían un giro sustancial. Sobresale, por caso, la idea de un cambio del modelo económico que ataque la desigualdad en la propiedad y el uso de la tierra para desincentivar los latifundios y garantizar el derecho a la tierra a las familias rurales. Una propuesta de reforma agraria que desató el pánico en los sectores acaudalados al punto que Petro y Márquez debieron no solo aclarar públicamente y de forma reiterada que “democratizar” no significaba “expropiar” sino que hasta debieron presentarse ante escribano para dejar constancia por escrito y tranquilizar los espíritus de la elite local.
Así y todo, los sectores de más altos ingresos no se salvarían de abonar un impuesto a las grandes rentas de concretarse el compromiso de una modificación del sistema tributario actual con el objetivo de que paguen más “las 4 mil más grandes fortunas de Colombia”, en palabras del propio candidato. Y de forma paralela, se prohibiría a cualquier persona que reciba recursos del Estado poseer cuentas en los denominados "paraísos fiscales", con lo que piensan subir la recaudación.
En simultáneo, se habla de alentar las políticas ambientales —cambio en la matriz energética con foco en la distribución del agua y energías renovables, protección de la biodiversidad y veto al fracking, los proyectos off shore y la minería a cielo abierto—; impulsar la paridad —tanto en el sector público como en las posibilidades de estudio y trabajo privado y la lucha contra la violencia— y las políticas de género y la instauración de un ingreso mínimo básico por encima de la línea de pobreza.
También refieren a cambios en las fuerzas de seguridad —la desarticulación del Escuadrón Móvil Antidisturbios, acusado de violar los derechos humanos durante la represión a las protestas sociales; la formación del personal uniformado en estas cuestiones y el traslado de la Policía Nacional a la órbita civil— y la desmilitarización de la vida social, poniendo fin al servicio militar obligatorio y cerrando los fueros penales militares. En materia de paz, Petro se comprometió además a retomar los acuerdos cerrados por Santos, avanzar en la misma dirección con el ELN y reabrir las fronteras con Venezuela para recomponer las relaciones.
“La agenda de Petro es una de impronta social y una parte debe tramitarse en el Congreso de la República donde las fuerzas alternativas tienen solo una tercera parte de las bancas, pero es evidente que puede haber sectores políticos cercanos a la centroizquierda que sumen votos. Y luego hay otro paquete de normas que se pueden expedir por decreto presidencial en los primeros 100 días. Hay que articular la agenda legislativa con las facultades presidenciales y, por supuesto, la agenda social de Petro va a estar acompañada de la movilización social”, promete Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), al otro lado de la línea con El Destape.
El 20 de junio de 2021, el Comité del Paro —integrado por la CUT, entre otros sectores movilizados— presentó al gobierno de Duque un Pliego de Emergencia con diez puntos indispensables que el Ejecutivo se negó a negociar. En consecuencia, los coordinadores de la protesta social los transformaron en diez proyectos de ley con el apoyo de los partidos de la Coalición de la Esperanza —que lleva a Sergio Fajardo como candidato a presidente en esta elección—y el Pacto Histórico. Maltés relata que el Congreso archivó cuatro de esas iniciativas en los primeros días de diciembre “sin siquiera llamarnos para debatir y escuchar nuestras causas” y de las restantes seis, tampoco hay novedades.
“No hay voluntad política del gobierno (de Duque) de solucionar esta difícil situación. Pero es importante notar que todos los candidatos presidenciales han retomado estos puntos del Pliego como parte de su agenda. Por ejemplo, el tema de la matrícula cero para los estudiantes ha sido abordado por todos. También la renta básica y hasta la renegociación de los tratados de libre comercio. En esto último, solo por algunos de ellos”, señala el dirigente sindical.
El gran ausente
Un dato curioso de los otros dos candidatos en pugna hoy por pasar a una eventual segunda vuelta —los sondeos los ponen a la par en torno al 20 por ciento de la presunta intención de voto cada uno— es que ambos fueron alcaldes, al igual que Petro. Hasta allí, nomás, se cuentan las semejanzas. Luego los perfiles de Federico “Fico” Gutiérrez y Rodolfo Hernández son diametralmente opuestos, aunque haya puntos de contacto en algunas de las promesas de campaña con el candidato del Pacto Histórico. Después de todo, también ellos afirman encarnar el “cambio” para Colombia en una elección que, por primera vez desde 2002, no tiene a su figura gravitante, Álvaro Uribe, como eje rector. Todo lo contrario.
Gutiérrez proviene de Medellín y es el más joven de los tres con sus 47 años. Ingeniero civil, consejero municipal y luego concejal y jefe comunal en 2016 de la mano de una coalición propia de centro derecha con base en los sectores culturales de la ciudad —Creemos—, aliada al Partido Liberal. Detrás de su figura, se encolumnan gran parte de las fuerzas conservadoras del país, incluso aquellas, como el Centro Democrático gobernante, de cuyos referentes se pretendió distanciar el candidato.
“Yo no vengo de ninguna familia política. Y fui criado muy lejos de los odios y las pasiones políticas —deslizó en una entrevista con CNN, apuntando hacia sus rivales—. Como fui alcalde y no tuve ni un solo escándalo de corrupción y he tenido buena imagen, dijeron ‘vinculemos a Fico con Uribe y el continuismo’. Primero yo soy yo, yo no tengo partido, tengo mi independencia.” En su plataforma Gutiérrez intenta construir una narrativa económica liberal con clara preocupación por los índices sociales y prioriza su embestida contra la corrupción. En el capítulo referido a la seguridad, matiza sus referencias a la lucha contra el narcotráfico en desmedro de las promesas guerreras de antaño.
“Hay una serie de factores que inciden en esta elección y que hablan de una derecha en decadencia, que pierde fuerza y tiene menos credibilidad. Una derecha con un discurso totalmente desgastado sobre la seguridad, como la única razón de ser de todos los problemas en Colombia, y frente a esa erosión no hay propuestas nuevas, no han evolucionado”, indica Castillo. Y suma: “en ese contexto, Álvaro Uribe Vélez empieza a silenciarse en el panorama político y social: no opina, no aparece, y esto se da porque debe centrarse en sus líos políticos y judiciales. Enfrenta un proceso por compra de testigos que lidera Iván Cepeda, referente del Pacto Histórico, y comienza a rendir cuentas por hechos del pasado”.
La evidencia cada vez más rotunda sobre la implementación de los falsos positivos —asesinatos de inocentes simulados de enfrentamientos con guerrilleros por parte de las fuerzas armadas para mostrar ‘eficiencia’— como política de Estado conecta con el uribismo a partir de las confesiones de los propios militares. Y pone al desnudo el rostro más salvaje del ex presidente y su doctrina de seguridad, aliado a los Estados Unidos. “Cuestiona la narrativa de la seguridad democrática que ha manejado todo este tiempo el uribismo al punto que ni la derecha ni nadie ha retomado ese concepto en esta campaña a sabiendas de cómo duele a la sociedad colombiana”, menciona Castillo.
Y en ese escenario de divorcio con las fuerzas tradicionales emerge la figura de Rodolfo Hernández, como un empresario que también se proclama libre de compromisos al punto de financiar su propia campaña, como Trump, libre de ataduras. Y aunque busca tejer una narrativa de “outsider”, lo cierto es que no es su primer acercamiento a la política: por el contrario, coincidió en su etapa como alcalde de Bucaramanga, en donde se crió, con el turno de Gutiérrez en Medellín, y antes que ello había financiado las campañas de otros dirigentes locales.
Entonces, el empresario fundó un movimiento cívico basado en la “lógica, ética y estética”, que sirvió de puntal para su carrera comunal. Ahora lo relanzó con la meta de alcanzar la presidencia, a sus 76 años. En esta oportunidad, bajo la llamada Liga de Gobernantes Anticorrupción, otra de sus onerosas invenciones, que no deja de ser llamativa en su denominación dadas las investigaciones judiciales pendientes que lo tienen en la mira por presuntos contratos irregulares en su época de alcalde. En esta campaña, y apelando a un lenguaje coloquial y agresivo, Hernández alternó opiniones sobre diversos temas en agenda a tono con el humor de la gente.
Cuando las urnas cierren mañana, Colombia decidirá si da o no su giro histórico o si la definición deberá aguardar otros 20 días más.
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