La situación del expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) está cada vez más complicada en el ámbito judicial. Los delitos que la Fiscalía General de la Nación ratificó y que se le imputan son fraude procesal y soborno a testigos, es decir, la Justicia investiga si el ex mandatario -reconocido por su política de fuerte persecución contra las guerrillas en alianza con los Estados Unidos- pagó a testigos para que lo desvincularan de los paramilitares, grupos ilegales que operan al margen de las fuerzas del Estado como de algunas de las organizaciones guerrilleras que existen en el país. Uribe sostiene su inocencia.
El juicio fue iniciado por el juzgado 44 Penal de Conocimiento de Bogotá y, según la Fiscalía, Uribe fue el autor intelectual de tres presuntos actos de soborno y dos de fraude procesal, en los que también está involucrado su ex abogado Diego Cadena.
La demanda llegó a la Justicia hace 14 años, en medio de un litigio penal que comenzó el defensor de derechos humanos y senador Iván Cepeda, por el Polo Democrático Alternativo. El primer paso en el marco del proceso judicial llegó a principios de abril cuando la Justicia dio a conocer la imputación que ahora ratificó.
Para llevar el caso ante las máximas autoridades la judiciales la Fiscalía analizó pruebas sobre los testimonios de los exparamilitares Carlos Enrique Vélez Ramírez, Juan Guillermo Monsalve -ambos detenidos- y el de la exesposa de Monesalve, Deyanira Gómez, exiliada, informó el portal colombiano LaFM.
Ahora, en el marco de la investigación, se llevó adelante una audiencia en el que la defensa de Uribe consideró que se anulara el proceso por considerar que hubo "fallas" de la Fiscalía en la imputación, que fue denegada por la jueza, Sandra Heredia.
“Debidamente formulada la acusación en contra del señor Álvaro Uribe, quien a partir de este momento adquiere la condición de acusado, en este momento pasamos entonces a la etapa de descubrimiento probatorio”, fueron las declaraciones de la jueza Heredia. De esa manera, ratificó el juicio contra el mandatario bajo penas que que van entre los 6 y 12 años de prisión.
En tanto, en la audiencia fueron reconocidas como víctimas el propio Cepeda, los exfiscales Jorge Perdomo y Eduardo Montealegre; y Gómez, la excónyuge del testigo Monsalve.
Lo que resta, según informó el portal El Colombiano, es la selección de las evidencias y testigos, así como el debate probatorio entre las partes, antes de que el juzgado emita su veredicto. La próxima audiencia será el 10 de julio.
¿Por qué se lo investiga a Uribe?
El nombre de Cepeda comenzó a resonar por 2003, cuando era vocero del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, en el marco del conflicto armado interno que atraviesa al país hace más de 60 años. Ese lugar lo referenció como defensor de los derechos humanos y lo llevó a convertirse en facilitador del proceso de paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, disueltas en la actualidad) y, más tarde, con el Ejército de Liberación Nacional (ELN, la última guerrilla vigente).
Los señalamientos por parte de Cepeda comenzaron en 2012: en ese momento realizó un debate sobre el paramilitarismo en Antioquia, departamento que tiene como capital Medellín -la segunda ciudad más poblada de Colombia, de la que es oriundo Uribe-. Allí, Cepeda presentó dos testimonios en los que se señaló a Uribe y a su hermano Santiago como fundadores del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia, una organización paramilitar narcotraficante y terrorista de extremaderecha que participó en el conflicto armado de interno desde 1997 hasta que supuestamente se desmovilizó en 2006.
Uribe denunció a Cepeda ante la Corte Suprema -juez natural de los congresistas- por manipulación de testigos y presentó algunas entrevistas que se le hicieron a varios presos. Seis años más tarde, la Sala Penal de la Corte Suprema dio vuelta la investigación. Cerró la causa contra Cepeda y pidió investigara a Uribe por “manipulación de testigos” bajo la idea de que habían pedido a dos paramilitares que retirasen sus testimonios. Uno de ellos es Juan Guillermo Monsalve que, en cambio, insistió en su versión.
En 2018, la Corte Suprema notificó a Uribe sobre le proceso en su contra y lo llamó a indagatoria. Dos años más tarde, ordenó su detención domiciliaria, que fue levantada en 2021.
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