El mes próximo Colombia se juega un posible cambio de color político en las elecciones presidenciales. Uno de los temas claves para la oposición, especialmente desde la izquierda liderada por el candidato Gustavo Petro, es denunciar el clima de violencia y amedrentamiento que viven una parte importante del país, principalmente zonas rurales y campesinas lejanas de las grandes ciudades. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) publicó esta semana un nuevo informe que desnuda esa realidad que el gobierno subestima: desde 2020, 830 personas fueron asesinadas en 217 masacres.
Solo en lo que va de este año, las víctimas fatales suman 381 y las masacres, 91. En 2021, en tanto, los fallecidos fueron 335 y las masacres, 95.
Las dos regiones más violentas del país este año son Antioquia, el departamento que contiene a Medellín y que se ubica en el norte, cerca de la frontera con Centroamérica; y Putumayo, hacia el Sur, en la zona lindante con Ecuador y Perú. Le siguen Norte de Santander, en la frontera con Venezuela; Cauca, en suroeste del país; y la vecina Valle del Cauca, donde se encuentra Cali.
Estos datos se conocieron al mismo tiempo que crece la presión nacional e internacional para que se investigue posibles asesinatos de civiles en un operativo militar contra presuntos guerrilleros del mes pasado en una de estas regiones mencionadas.
La representante de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos pidió este miércoles "enjuiciar" a los responsables del operativo militar que dejó a fines de marzo once muertos en Putumayo, entre ellos cuatro civiles que fueron presentados como guerrilleros caídos en combate, con lo que avaló de hecho la versión de medios y comunidades de que se trató de otro caso de “falsos positivos”, según Télam.
"Recomendamos que se tomen todas las medidas disciplinarias y penales para enjuiciar y sancionar a los responsables de lo ocurrido en (la localidad de) Alto Remanso", señaló en su Twitter Juliette De Rivero, representante en Colombia de esa dependencia de la ONU.
Según expertos y organizaciones de derechos humanos, la cuestionada operación militar revive el fenómeno de los “falsos positivos”, pues la fuerza pública presentó a esos civiles como integrantes de grupos armados ilegales y se trataba de campesinos, como han subrayado las comunidades.
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