La seguridad y los Gobiernos progresistas: el caso de Boric

En medio de una crisis por la inseguridad en Chile, el fuerte respaldo del gobierno de Gabriel Boric a Carabineros generó diferencias dentro de la coalición gobernante. Tras el asesinato de efectivos policiales y el aumento de los delitos vinculados al crimen organizado y al narcotráfico, el Presidente decidió tomar diversas medidas. Entre ellas, el apoyo a una ley promovida por la derecha que provocó el rechazo de legisladores muy cercanos al mandatario, y expuso las discrepancias dentro de los sectores más progresistas, al momento de dar una respuesta a la criminalidad.

Reacciones como la de Guillermo Lasso en Ecuador al autorizar la portación de armas, o la de Nayib Bukele en El Salvador de detención masiva de supuestos pandilleros, no es de gran sorpresa dado que la derecha o sectores más conservadores han tendido a tener una respuesta más unificada ante la delincuencia. Por eso el caso del Gobierno de Boric, de izquierda, en un país que empieza a vivir el delito asociado a organizaciones criminales, se vuelve un espejo interesante a donde mirar ante la inseguridad que surge cada vez con más fuerza en la región, ya de por sí entre las más violentas del mundo, y que no parece ya ser solo un tema de año electoral.

“Cuando se trata del combate a la delincuencia y del respaldo para ello a Carabineros y las fuerzas del orden, en el Estado chileno no hay fisuras. Al crimen organizado lo enfrentamos con el Estado y la sociedad organizada. No hay Gobierno y oposición, no hay izquierda ni derecha, estamos todos unidos en esta cruzada”, afirmó el Presidente, luego de conocerse que tres policías habían sido asesinados en menos de un mes. El mandatario los llamó mártires y participó de los funerales, donde se lo pudo ver arrodillado y abrazado a los familiares que lloraban a su ser querido muerto. También asistieron al velorio los ex presidentes, Ricardo Lagos, Sebastián Piñera y Michelle Bachelet, en un claro mensaje de fuerte apoyo a la Policía.

En medio de la conmoción social por la crueldad con la que fueron asesinados los policías, a sangre fría de un disparo en la cabeza, Boric tomó una serie de medidas para combatir la inseguridad. El mandatario anunció una inversión de 1500 millones de dólares anuales y la intervención de 30 comunas en todo el país. También pidió respaldar un proyecto de ley surgido de los partidos de derecha, que generó grietas dentro del oficialismo, pero que finalmente ya es ley y está en vigencia.

Naín Retamal

Hace apenas unos días, el Congreso chileno aprobó la Ley Naín Retamal y fue promulgada por el Presidente a la brevedad. Según los autores de la norma que lleva el nombre de efectivos asesinados, busca dar mayor protección a las fuerzas de seguridad con medidas como establecer mayores penas a quienes ataquen a funcionarios de seguridad. Sin embargo, para sus detractores servirá para dar más atribuciones a la represión policial y particularmente hacen referencia al artículo que establece la legítima defensa privilegiada, acerca de las circunstancias en las que se debe usar un arma ante el riesgo de vida del efectivo o de un tercero.

“Hubo una ley empujada por algunos parlamentarios del Congreso, no fue del Gobierno, que Naciones Unidas, Amnistía Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos hicieron observaciones a ciertos artículos. Frente a eso, Apruebo Dignidad intentó mejorarlos y en el último trámite consideramos que no era tan clara esa mejora y decidimos votar en contra, justamente por el llamado que hace Naciones Unidas al respeto de los derechos humanos y el debido proceso”, explicó a El Destape, el diputado y presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, uno de los legisladores más cercanos al presidente Boric.

Ibáñez y gran parte de Apruebo Dignidad -que nuclea a los partidos más de izquierda como el Partido Comunista y cercanos al mandatario- dieron apoyo al proyecto general, pero rechazaron los artículos que consideraron que podían generar abusos policiales. Incluso, el legislador de Convergencia Social se mostró en una movilización junto a estudiantes con pancartas que denunciaban “gatillo fácil” o “el populismo penal también es criminal”. Mientras tanto, el sector del Socialismo Democrático, integrado por espacios de la centro izquierda y de la ex Concertación, apoyaron la medida tal como añoraba el Gobierno. Lo que dejó las diferencias entre los sectores más de izquierda y los más moderados o el centro.

“En Chile, antes de esta ley, los policías si disparaban un arma contra un delincuente por defender su vida o la de un tercero y quedaban imputados, suspendidos de sus funciones y tenían que estar desfilando por los Tribunales por haber hecho uso legítimo de la fuerza. Eso obviamente inhibía el actuar policial”, afirmó a El Destape, el diputado de Renovación Nacional, espacio al que pertenece el ex presidente Sebastián Piñera, miembro de la Comisión de Seguridad de la Cámara baja, Andrés Longton, quien además es uno de los autores de la norma en cuestión.

Quienes rechazan la nueva legislación o particularmente el articulado de legítima defensa privilegiada sostienen que puede generar abusos policiales en los que disparen cuando sus vidas no están en riesgo. De hecho, en estos últimos días el caso de un joven de 19 años que huyó de un control de tránsito, atropelló a un carabinero y fue asesinado por otro efectivo policial que le disparó con una subametralladora Uzi, generó un gran debate en torno a este tema. De hecho, hasta por la propia arma utilizada que había sido prohibida en el 2011 por el asesinato de un estudiante y que comenzaron a usar nuevamente ante esta oleada de inseguridad.

Gran parte del oficialismo, ya sea con funciones en el Gobierno o en el Congreso, llegó al poder con una fuerte crítica al accionar de Carabineros en el estallido social e incluso con promesas de reforma. Es por eso, que el apoyo que Boric le brindó fuertemente a las fuerzas de seguridad generaron reparos dentro de la coalición. El diputado Longton arriesgó una explicación al respecto: “La izquierda que se ha visto obligada a concurrir con sus votos debido al clima de inseguridad que estamos viendo, clima que si no hubiera estado puesto sobre la mesa con la muerte de varios carabineros, estas legislaciones no hubieran visto la luz en el corto plazo”.

Inseguridad

“Desde una perspectiva regional, Chile sigue manteniendo indicadores comparativos como son los homicidios a niveles bastante más bajos que el resto de la región, pero durante el último año los homicidios han aumentado un 33%. También del uso de la violencia en la perpetración de crímenes y nuevos tipos de patrones como secuestros y extorsiones, que son nuevos en el país. Claramente tenemos un diagnóstico de una criminalidad más compleja de la que nunca observamos antes”, detalló a El Destape, la investigadora del Centro de Estudios en Conflictos y Cohesión Social (COES), Alejandra Luneke, profesora en la Universidad Alberto Hurtado y especializada en el estudio de la violencia y la inseguridad urbana.

Chile como la Argentina tienen una tasa de homicidio en torno a los 4.5 cada 100 mil habitantes, por lo que se encuentran entre los países menos violentos a nivel regional si se compara con quienes están por encima o en torno de los 20 como Brasil, México o Ecuador, y sin mencionar algunos estados de Centroamérica que superan los 50. Si bien Chile ha tenido un ascenso de la mortalidad desde el 2010, se ha intensificado en los últimos años su cantidad y las modalidades asociadas al crimen organizado.

“Las características de ciertos tipos de homicidios permiten asociarlos al crimen organizado, como el ajuste de cuentas, el sicariato o la disputa por territorio. Todavía eso hasta donde hemos logrado caracterizarlo, no constituyen de ninguna manera la mayoría de los homicidios; sin embargo, parecen ir adquiriendo una importante y mayor presencia y eso también se vincula y se entiende con el incremento de las armas de fuego”, aseguró a El Destape, la investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Alejandra Mohor.

En cuanto a las recientes medidas tomadas tanto por el Gobierno como por el Congreso para combatir la inseguridad, Mohor afirmó que considera que algunas discusiones se han “sobrepolitizado” en torno a la nueva legislación. “Los juicios críticos que se emitieron del desempeño de Carabineros en el estallido social, las violaciones de derechos humanos a través de las intervenciones policiales llevó a un cuestionamiento muy profundo de la necesidad de reformar la policía y hoy aparece un discurso que responde a esto desde la otra vereda y que llama a una protección a todo evento de los funcionarios policiales”, agregó la especialista. Un dato relevante es que la encuestadora Cadem mostró una suba en el apoyo a las fuerzas policiales del 79%, mientras que el apoyo a la justicia y legisladores es menor al 20%.

En una línea similar, Luneke hizo referencia a los medios de comunicación y afirmó que hay una agenda “hipermediatizada” de la seguridad, en la que se da mucho espacio a las noticias relacionadas a los crímenes y se repiten una y otra vez. En cuanto a las nuevas normas, la investigadora es categórica: “Más uso de la fuerza no disminuye ni va a desarticular a las bandas organizadas del crimen. Es una agenda muy punitiva de corto plazo para dar una especie de aspirina a la ciudadanía, pero lo que no se analiza es que finalmente es el mismo debate el que alimenta el miedo de la ciudadanía en parte, porque ciertamente tenemos un panorama más complejo”.

Detenciones

Esta semana arrestaron a dos de los presuntos asesinos del carabinero, Daniel Palma, de 33 años, a quien mataron en pleno Santiago. Los detenidos son dos jóvenes venezolanos de 18 y 23 años, quienes habrían entrado al país de forma irregular, estaban indocumentados y ya contaban con antecedentes por venta de drogas. Aunque aún están siendo investigados, la reacción política y social fue inmediata. La Fiscalía pidió prisión preventiva para los inmigrantes que no tienen documento y que son detenidos ante cualquier delito, una medida que fue muy cuestionada por la izquierda ya que se considera que en el país hay más de 150 mil personas sin documentos.

La preocupación de los aliados de Boric no es exagerada. Chile ha sido testigo en los últimos años de un importante flujo de migrantes en el norte del país, que generó momentos de mucha tensión como la quema de las carpas, colchones y todas las pertenencias que tenían un grupo de inmigrantes que dormían en un precario campamento en la ciudad de Iquique. Decenas de ciudadanos que se oponían a su llegada los atacaron a plena luz del día y ante la mirada de la policía.