La Convención Constitucional de Chile aprobó incluir en la nueva Carta Magna normas de derechos sociales, entre las que se destacan la educación superior gratuita y la creación del Sistema Nacional de Salud, que estará integrado por prestadores públicos y privados. Con estos nuevos artículos, la Convención se acerca cada vez más a tener listo el texto final que se votará el 4 septiembre, para dejar atrás la Constitución del dictador, Augusto Pinochet.
Tanto la educación como la salud fueron los principales reclamos de la población durante el estallido social de hace tres años que desencadenó en este proceso constituyente. "Lo que vamos a votar es la piedra angular de la nueva Constitución", había dicho a El Destape Valentina Miranda, representante del Partido Comunista y la convencionalista más joven de todo la Asamblea.
Sobre la educación superior, el texto indica: "El Estado deberá financiar este sistema de forma permanente, directa, pertinente y suficiente, a través de aportes basales, a fin de cumplir plena y equitativamente con los fines y principios de la educación". Y sostiene: "La educación pública constituye el eje estratégico del Sistema Nacional de Educación; su ampliación y fortalecimiento es un deber primordial del Estado".
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Es importante destacar que, actualmente, la educación es en parte financiada por el/la estudiante o su familia y cuenta con beneficios del Estado de acuerdo con su nivel socioecónmico; aunque en los privados, las familias deben hacer un aporte adicional. A partir de lo que aprobó la Convención Constitucional, la educación pasará a ser de acceso universal en todos sus niveles y obligatoria desde el nivel básico hasta la educación media. Además, el Estado "deberá articular, gestionar y financiar un Sistema de Educación Pública, de carácter laico y gratuito, compuesto por establecimientos e instituciones estatales de todos los niveles y modalidades educativa".
Por otro lado, con respecto a la salud, se aprobó que el Sistema Nacional de Salud esté integrado por prestadores públicos y privados. "La Ley determinará los requisitos y procedimientos para que prestadores privados puedan integrarse", señalaron. A su vez, en un artículo del documento, remarcaron que tanto los pueblos como las naciones indígenas "tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales, a mantener sus prácticas de salud y a conservar los componentes naturales que las sustentan".
En la actualidad, el Sistema de Salud Público es administrado por el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) que consiste en un sistema solidario financiado con aportes del Estado más lo que realizan trabajadores y trabajadoras a través del 7% de su sueldo. De aprobarse la nueva Constitución, el presidente Gabriel Boric deberá presentar un proyecto de ley para ampliarlo según prestadores de obras sociales y prepagas privadas.
El plazo para entregar el borrador de la nueva Constitución de Chile vence el próximo 4 de julio, que se votará en un plebiscito obligatorio de salida el 4 de septiembre. Cabe recordar que el 25 de octubre del 2020, mediante un plebiscito nacional, se aprobó casi el 80% de la redacción de la nueva Constitución y unos meses más tarde, ya en el 2021, se eligieron los 155 convencionales que están redactando la nueva carta magna.
Aprueban artículos que regulan estado de excepción y las policías en Chile
A principio de esta semana, la Convención Constitucional chilena aprobó dos artículos del último informe de la Comisión de Sistema Político. En uno de ellos se plantea la regulación de la aplicación del estado de excepción (en casos de conflicto armado, internacional e interno, solo para la pronta restauración de la normalidad institucional) y en el otro se busca definir las competencias de las policías, que al mismo tiempo intenta desmilitarizar Carabineros. Ambas noticias se dan en la semana final de redacción y votación de normas para el borrador de la nueva Constitución.
Por otro lado, en lo que refiere a las policías, se detalla que serán "profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, obedientes y no deliberantes"; mientras que, a su vez, sus miembros estarán sujetos a controls en mates de probidad y transparencia" no perteneciendo a partidos u organizaciones políticas, gremiales y sindicales. Este artículo es una clara respuesta a los numerosos casos de vulneración de derechos humanos en manos de los carabineros.
A su vez, a principios de este mes, la Convención aprobó el derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, territorios y recursos. "El Estado reconoce y garantiza conforme a la Constitución, el derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, territorios y recursos", señalan en el Art. 21. Y aseguran: "La propiedad de las tierras indígenas goza de especial protección. El Estado establecerá instrumentos jurídicos eficaces para su catastro, regularización, demarcación, titulación, reparación y restitución”.
El 4 de mayo pasado, la Convención aprobó el reemplazo del actual Tribunal Constitucional por una Corte Constitucional que no tendrá el control preventivo de las leyes que se tramiten legislativamente ni tampoco hasta su promulgación. De todas formas, las facultades del organismo fueron rechazadas por lo que volverán a la comisión para ser revisados. "Es un órgano autónomo, técnico y profesional, encargado de ejercer la justicia constitucional con la finalidad de garantizar la supremacía de la Constitución, de acuerdo a los principios de deferencia al órgano legislativo, presunción de constitucionalidad de la ley y búsqueda de una interpretación conforme a la Constitución", sostienen en el Art. 65.
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