El Gobierno de Chile se encuentra investigando hace varias horas una "falla de seguridad" que permitió el hackeo y la filtración de más de 300.000 correos electrónicos de las Fuerzas Armadas. Se trata de correos internos, comunicaciones secretas y documentos reservados que afectan al Estado Mayor Conjunto, organismo asesor del Ministerio de Defensa, compuesto por las tres ramas de la cúpula militar, que tiene como objetivo preparar a los componentes de las fuerzas y elaborar informes en materia de seguridad institucional. El general Paiva Hernández, a cargo del EMCO, presentó su renuncia.
Frente a semejante alerta, el presidente Gabriel Boric instruyó a la titular de la cartera de Defensa, Maya Fernández, que abandonara los Estados Unidos donde se encontraba con motivo de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas y regresara a Chile para "liderar la respuesta" frente a los graves hechos. Por otro lado, desde el Gobierno ordenaron "un sumario administrativo para determinar las responsabilidades correspondientes".
La Comisión de Defensa Nacional citó a la ministra Fernández, al subsecretario de Defensa, Gabriel Gaspar y al jefe del Estado Mayor Conjunto, General de División Guillermo Paiva Hernández para participar en una sesión ordinaria fijada el 27 de septiembre. A pesar de esto, Paiva decidió presentar su renuncia como jefe de dicho estamento tras haber sido apuntado por tener un conocimiento previo al respecto de la filtración.
Los cuestionamientos en relación a Paiva tienen que ver con que se hizo presente la controversia de si informó o no al Gobierno de Chile respecto de la vulnerabilidad de los sistemas. Desde el medio Bío Bío, basándose en diferentes versiones, informaron que la advertencia al Ministerio de Defensa habría sido verbal pero no hay ningún documento que lo confirme. Por su parte, el Consejo para la Transparencia (CPLT) oficiará al Estado Mayor Conjunto para obtener mayores antecedentes sobre el hackeo que sufrió el organismo.
Según los medios chilenos, el contenido de los correos contemplan comunicaciones, cuidados, complicaciones y gastos operacionales de las Fuerzas Armadas durante el Estado de Excepción Constitucional (iniciado el 13 de octubre del 2021 y que finalmente se prolongó, en 10 ocasiones desde el Congreso, hasta el 26 de marzo del 2022) que se llevó a cabo en las regiones de Bío Bío y La Araucanía durante la administración del ahora expresidente Sebastián Piñera.
El hackeo, por su parte, fue liderado por el grupo hacktivista Guacamaya; quienes además advirtieron que se conocerían, en las próximas horas, correos de empresas privadas y de inteligencia militar de Perú, El Salvador, Ecuador, Colombia y México.
¿Qué dicen estos documentos sobre Argentina?
En medio del alerta por las filtraciones y la preocupación por la falla de seguridad del Gobierno chileno, el hackeo también dejó al descubierto la posición de Chile frente a la Argentina en un reporte de más de 29 páginas. El informe, caratulado como "Informe de estimación de riesgo de amenazas", se refiere a la percepción del presidente Alberto Fernández, las reacciones de Argentina por los dichos de la exministra Izkia Siches sobre el "Wallmapu" y una mención a un despliegue militar en Tierra del Fuego.
Con respecto al máximo mandatario argentino, es descripto por el EMCO como alguien "que tiene la costumbre de inmiscuirse de algún modo en la política interna de países vecinos". También se lo señala por su apoyo al expresidenta y ahora candidato a presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y apuntan contra "dirigentes opositores de la izquierda chilena" (Grupo de Puebla) por mantener encuentros con el jefe de Estado durante el mandato de Piñera. "Tal secuencia de hechos, más allá de ser una posible costumbre del mandatario argentino, también es coherente con la política exterior argentina", detallan.
También señalan al peronismo como un movimiento "de corte nacionalista con características expansionistas y hegemónicas", que podría usar tácticamente el internacionalismo para "su estrategia de hegemonía regional y proyección estratégica en el Atlántico Sur".
Con respecto a la polémica de la exministra del Interior, Izka Siches, al referirse a la Macrozona Sur de Chile como "Wallmapu", sostienen que Argentina mostró su molestia por incluir en ese territorio a la provincia de Chubut. "Las reacciones desde Argentina fueron diversas, tanto de sectores oficialistas como opositores, debido a que lo entienden como un reclamo territorial que afecta la soberanía nacional de Argentina", señalan en el texto. Tras esto, Siches se excusó y dijo que solo se había referido al territorio chileno. Días después, el actual presidente Boric viajó a Argentina en su primer viaje oficial donde apoyó la reivindicación de la soberanía Argentina sobre las Islas Malvinas.
"En la Patagonia no hay fronteras", dijo el jefe de Estado Boric, desde la Casa Rosada durante la misma visita al país. En este caso, desde EMCO sostienen que tales dichos pueden ser utilizados como "un potencial argumento para la estrategia argentina sobre los Campos de Hielo Sur, el Estrecho de Magallanes y la Plataforma Continental Extendida", poniendo especial énfasis a las "potenciales iniciativas de actores transancionales situados en el lado argentino".
Por último, el documento se refiere a que el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas Argentinas está "desarrollando un plan para robustecer la presencia militar en Tierra del Fuego" como parte del "rediseño estratégico mayor que busca solucionar la discontinuidad territorial del continente con la isla y de ésta, con la Antártida Argentina". Para cerrar, advierte sobre una supuesta decisión política de Argentina sobre la "consolidación del polo logístico de proyección antártica y oceánica".
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