En Chile la derecha puja por cambios clave en salud y pensiones en la nueva reforma

El opositor Partido Republicano, principal fuerza del Consejo Constitucional que tiene a cargo la elaboración de la nueva Constitución chilena, presentó junto con Chile Vamos modificaciones en cuatro temas centrales -salud, pensiones, educación y defensa nacional- en el cierre del plazo para la presentación de enmiendas. Los espacios liderados por el ex candidato a presidente José Antonio Kast y el ex mandatario Sebastián Piñera, trabajan de manera coordinada y en alianza, lo que les da mayoría y poder de veto en el órgano dispuesto para darle una nueva oportunidad a la reescritura de la Carta Magna. Al contrario de lo que busca el Gobierno, la derecha busca mantener el Estado subsidiario afianzado por la actual Constitución por la dictadura pinochetista.

Tanto en salud como en pensiones y educación, la derecha puja la “libertad de elegir” el sistema en el que la población “quiera” mantenerse para acceder a esos derechos, que, en Chile, más bien funcionan como servicios. Por ejemplo, en el caso de la salud, la enmienda defiende la salud privada por cuanto propone que se asegure que al ciudadano la posibilidad de “elegir cobertura y entidad prestadora del servicio”. En el país trascordillerano, existe un sistema privado de cotización obligatoria (llamadas Instituciones de Salud Previsional) y el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), que es público, pero compra servicios a las clínicas privadas.

En el caso de las pensiones, la idea sugerida es que el Estado “respete el derecho de los cotizantes a elegir libremente la institución que administre sus ahorros previsionales". En este punto, aseguran que los fondos ahorrados no podrán ser "embargados, expropiados o apropiados por el Estado a través de mecanismo alguno". Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) consisten en la capitalización individual de fondos, que son sometidos a la especulación financiera en busca de mayor rentabilidad por esas mismas administradoras.

Además, la alianza de derecha le asigna a la familia el derecho de elegir el tipo de educación y su establecimiento de enseñanza, mientras que "corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho".  Finalmente, Republicanos y Chile Vamos agregaron una enmienda que crea un nuevo capítulo titulado “Defensa Nacional”, debido a que la Comisión Experta desechó sumar un capítulo de Fuerzas Armadas. A pesar de los rumores, no agregaron la enmienda que defendía en derecho a la vida del que está por nacer, ya que no habrían llegado a acuerdo entre todos los consejeros de derecha. En caso de que una premisa de ese tipo fuera incluida en la Constitución, Chile volvería unos cuantos pasos atrás en materia de acceso a derechos (no) reproductivos a tan sólo seis años de haber pasado de la prohibición total del aborto al acceso por causales. 

No obstante, según informó Biobio, sigue vigente la interna abierta desde la semana pasada en Chile Vamos tras el fallido intento de destitución del ministro de Educación. De esa alianza, los partidos Revolución Nacional y Evópoli se desmarcaron del Partido Republicano en dos temas relevantes -algo que no hizo la UDI- y definieron que buscarán mantener el número de parlamentarios en el Congreso, como también no innovar respecto de la paridad de salida, que actualmente define una norma transitoria de 60/40 por dos elecciones.

A partir de agosto comenzará la discusión sobre cada enmienda que fue presentada y antes de eso, las distintas comisiones del Consejo Constitucional recibirán a los firmantes de las Iniciativas Populares de Norma que consiguieron las rúbricas necesarias para ser debatidas en el órgano.

Republicanos posee 22 consejeros, los que sumados al bloque de Chile Seguro (Chile Vamos), la derecha totaliza 31 y tiene mayoría en todas las comisiones. Respecto de las enmiendas presentadas por este sector, el jefe de bancada y consejero Republicano Luis Silva señaló: “Queremos que la identidad del Partido Republicano sea reconocible a través de nuestras enmiendas, eso no quiere decir que no nos vayamos a mover ni un milímetro de lo que presentemos. Nosotros queremos poner nuestras cartas sobre la mesa”, afirmó Silva a Radio Duna.

Las enmiendas oficialistas: apostar por los acuerdos alcanzados

En la vereda oficialista, según señalaron desde el portal Cooperativa, el bloque Unidad para Chile y el representante de pueblos originarios presentaron enmiendas conjuntas y acotadas, con el objetivo de resguardar los acuerdos logrados en la Comisión Experta y que habilitaron un anteproyecto transversal en las que abordaron temas como seguridad, educación, medio ambiente, derechos humanos, entre otros. "Hemos querido respetar el anteproyecto y profundizar en materias que nos parecen importantes", señaló la consejera Paloma Zúñiga (Revolución Democrática).

"(Estas enmiendas) tienden al fortalecimiento, al perfeccionamiento, a la profundización de aspectos recogidos en el anteproyecto de la Comisión Experta, pues, como ustedes saben, desde el día uno hemos manifestado que el anteproyecto es precisamente una muy buena base de acuerdo y, por lo tanto, el que esta segunda parte del proceso se mueva en el ámbito del espíritu y de la perspectiva de acuerdos que se manifestó en la Comisión Experta nos parece que es el camino para tratar de acercarnos hacia un buen final del proceso", sostuvo el consejero Yerko Ljubetic (Convergencia Social, el partido del Presidente Gabriel Boric).

Así, incluyeron indicaciones presentadas por los comisionados oficialistas sobre derecho al cuidado, derechos de niños, niñas y adolescentes, pueblos indígenas, escaños reservados, paridad, listas electorales cerradas, gratuidad en la educación superior, normas sobre seguridad y anticorrupción, entre otros. Sin embargo, el bloque de Gobierno ha expresado su inquietud por las medidas impulsadas por la oposición, haciendo un llamado a la mesura del Partido Republicano. “Nos preocupa que si algún sector, particularmente la derecha, entra en una predisposición distinta de imponer sus puntos de vista, evidentemente este objetivo (redactar una nueva carta magna) es imposible de lograr”, indicó el consejero de Convergencia Social Yerko Ljubetic, según informó El Mercurio OnLine (Emol).

Con el término del ingreso de enmiendas, se cierra la primera etapa del trabajo constitucional, el que entrará en el proceso de debates para presentar el texto final, para posteriormente ser votado por la ciudadanía en un plebiscito de salida, con voto obligatorio, el 17 de diciembre próximo.

Con información de Télam