La Cámara de Diputados de Chile aprobó este martes 9 de noviembre la admisibilidad de la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, por su vinculación en el caso de la venta de acciones de la minera Dominga mediante paraísos fiscales, revelado por la investigación internacional llamada Pandora Papers.
Tras 22 horas de una maratónica sesión, que incluyó un discurso récord de 15 horas del diputado socialista Jaime Naranjo, los impulsores de la medida lograron los 78 votos necesarios para que este pedido sea revisado y votado por los senadores.
Naranjo leyó más de mil páginas entre las que había sentencias de tribunales ambientales, fragmentos de leyes, investigaciones jurídicas y artículos de prensa para que "nadie diga que (Piñera) no conocía los antecedentes” por los que se lo acusaba.
La acusación surgió tras la investigación conocida como Pandora Papers, que en el caso de Sebastián Piñera detalló la compraventa del proyecto minero-portuario Dominga que la familia del presidente chileno y su esposa, Cecilia Morel, hizo con su amigo Carlos Alberto Délano en 2010 a través de un paraíso fiscal.
Además de este procedimiento considerado "acusación constitucional", que permite a los legisladores decidir el futuro del mandatario, el ministerio Público abrió una investigación judicial contra Piñera por "posibles delitos tributarios y de cohecho" en la venta del megaproyecto minero.
En la Cámara alta, la oposición necesita dos tercios para destituir al mandatario (29 votos a favor de 43 senadores), lo que requiere convencer a cinco senadores del oficialismo, algo que a menos de dos semanas de las elecciones presidenciales parece poco probable.
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Sebastián Piñera, quien tiene una de las mayores fortunas del país y dejará el poder en marzo de 2022, estuvo involucrado en una serie de escándalos empresariales en los últimos 40 años, aunque nunca fue condenado.
De hecho, este no es el primer intento de juicio político que propone la oposición contra el presidente chileno, ya que en diciembre de 2019 se presentó una acusación constitucional contra el mandatario por violación a los derechos humanos en el estallido social de octubre de ese año.
La acusación fue aprobada con 79 votos a favor y tuvo 73 en contra, pero Diputados acogió una "cuestión previa", según la cual el pedido del juicio político no cumplía con los requisitos y por lo tanto la iniciativa no prosperó.
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