La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por 109 votos a favor, 37 en contra y 2 abstenciones la contrareforma que habilita el proceso constituyente que pone en marcha Chile por segunda vez en tres años desde la vuelta a la democracia. La iniciativa, que ya había recibido la luz verde del Senado, fue impulsada por el Gobierno nacional, con el presidente Gabriel Boric a la cabeza, y pautada en el Acuerdo por Chile junto con 14 fuerzas políticas que van desde el Partido Comunista -integrante del Frente Amplio en la alianza oficialista- hasta la conservadora Unión Democrática Independiente (UDI). La intención es darle una nueva oportunidad al proceso para erradicar el texto elaborado durante la dictadura de Augusto Pinochet, aún vigente.
La nueva ley comenzó a gestarse tras el rechazo que sufrió el texto elaborado por la Convención Constitucional -paritaria, indígena, feminista y ambientalista- que trabajó durante un año, entre el 4 de julio de 2021 hasta el mismo día de 2022. El 4 de septiembre 61 por ciento de la población optó por el rechazo.
La reforma aprobada para el nuevo proceso establece un Consejo Consultivo de 50 integrantes, una Comisión de Expertos y Expertas y un Comité Técnico de Admisibilidad. Según lo establecido, todos los órganos serán paritarios y el Consejo contará, además, con escaños indígenas pautados de acuerdo al porcentaje de votación de esa población; las y los integrantes de la Comisión serán electos en partes iguales por Diputados y Senadores; y el Comité Técnico estará integrado por 14 juristas y personalidades de la academia con “destacada trayectoria”. La forma de elección de este último órgano será a través de una propuesta de Diputados y votada por el Senado, y deberá contar con el apoyo de 4/7 del pleno.
Según informó en sus redes la Cámara Baja, las y los expertos comenzarán el trabajo el 6 de marzo para redactar un anteproyecto, líneas y límites que deberían seguir los consejeros, que serán electos y electas el 7 de mayo a través del voto obligatorio. En paralelo, funcionará el Comité Técnico de Admisibilidad con 14 personas con la tarea de "resguardar" el respeto de las 12 bases institucionales, como por ejemplo que Chile es una República democrática y que su Estado es unitario, social y democrático de derecho, punto que de alguna manera se había puesto en discusión anteriormente al proponer un Estado "plurinacional" en reconocimiento de las naciones indígenas que habitan ese territorio ancestralmente.
El trabajo de las y los consejeros comenzará el 7 de junio y puede extenderse por hasta cinco meses, periodo que debe terminar con la entrega de una propuesta definitiva al presidente, a más tardar el 21 de octubre.
El 17 de diciembre está previsto que se realice el plebiscito de salida, con voto obligatorio, en el que la población chilena deberá decidir si está “a favor” o “en contra” de la propuesta de Carta Magna. Como dato, el 19 de diciembre, se cumplirán tres años del triunfo de Boric ante su contrincante el ultraderechista, José Antonio Kast, que milita en contra de la escritura de un nuevo texto constitucional.
“Estamos inspirados todos en una profunda convicción democrática y eso significa que prevalecen las mayorías, como en este caso, en que hay una mayoría contundente, transversal desde el punto de vista ideológico y político partidista, y hay una minoría, que debe ser respetada, pero que es eso una minoría y lo demuestra la votación”, dijo la Secretaría General de la Presidencia, Ana Lya Uriarte, presente en la sesión que aprobó el nuevo proceso.
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