El flamante presidente de Chile, Gabriel Boric, fue un férreo crítico de la política represiva que su antecesor, Sebastián Piñera, había mantenido contra la comunidad mapuche en el conflicto de larga data por el control de tierras en el sur del país. Cuando asumió, su propuesta fue llevar un proyecto de ley al Congreso para crear un estado de "protección y resguardo"en esa misma zona. Sin embargo, las negociaciones del Gobierno dentro de la coalición oficialista fracasaron y este martes el mandatario decretó un nuevo Estado de Excepción Constitución para las provincias de Arauco, Bío Bío, y en la Región de la Araucanía para que los militares controlen las rutas y los caminos y así eviten los bloqueos que suelen interrumpir el traslado de mercancías.
“Reconocemos que estamos ante un problema complejísimo y que no se solucionará de la noche a la mañana. También sabemos que debemos actuar de forma coordinada como sociedad. Queremos enfatizar que nuestro gobierno está comprometido con una agenda de reconocimiento de nuestros pueblos indígenas con los que tenemos una deuda centenaria, entre el Estado de Chile y, particularmente, el pueblo mapuche”, afirmó el lunes a última hora la ministra del Interior y Seguridad Pública de Chile, Izkia Siches, según publicó el diario local La Tercera. “Es evidente que en el último tiempo hemos tenido un aumento de los actos de violencia en las rutas. Hemos sido testigos de cobardes ataques, como el que sufrió Ciro Palma. También hemos visto cortes extendidos de carreteras, que ponen en riesgo el libre tránsito y cortan las cadenas de suministro, aumentando el costo de la vida en las zonas más rezagadas de nuestro país”, agregó.
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La medida durará 15 días y podrá ser extendida por otros 15 días, si el presidente lo considera necesario. Si se quiere prorrogar una segunda vez, el Gobierno necesitará que sea aprobado primero por el Congreso, donde el flamante oficialismo no tiene una mayoría propia.
Un traspié para Boric
Tanto Boric como sus aliados habían sido muy críticos del Estado de Excepción con el que Piñera había militarizado lo que se conoce como Macrozona Sur. Para el ahora mandatario, la medida no había funcionado ya que no había detenido ni la violencia ni los bloqueos de las rutas y caminos de la zona. En cambio, había propuesto abrir un diálogo para comenzar a construir confianza y lograr acuerdos de manera gradual pero sostenida. Sin embargo, el conflicto con sectores de la comunidad mapuche se convirtió en un problema de difícil solución y hasta incómodo para el nuevo Gobienro desde el principio.
A tal punto la situación se tensó que este lunes la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, anunció que el Gobierno presentará una demanda contra el líder mapuche que llamó al levantamiento armado en caso de que se aplicara el estado intermedio, algo que ni siquiera logró consenso entre el oficialismo y sus aliados.
Sin embargo, el Gobierno quiere mantener los canales de diálogo abiertos y, por eso, en paralelo al nuevo Estado de Excepción también anunció una serie de medidas para la zona, entre las que se destaca el inicio de diálogos con representantes del pueblo mapuche con apoyo de Naciones Unidas, el pedido de un fiscal especial para que la zona investigue delitos como el narcotráfico y el robo de madera y la creación del Ministerio de Pueblos Indígenas, informó Télam.
Esperanzas incipientes
Pese al nuevo Estado de Excepción, la comunidad mapuche ha conseguido algunas victorias en las últimas semanas que demuestran que los tiempos políticos no son los mismos que hace cinco años. A principio de mes, por ejemplo, la Convención Constitucional aprobó el derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, territorios y recursos y de esta forma pasa al borrador de la nueva Constitución. Y hace una semana, el Gobierno anunció que duplicará el presupuesto destinado a la compra de tierras indígenas, reclamadas como suyas por derechos ancestrales y que hoy están en manos privadas, en su mayoría de empresas forestales.
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