Personas privadas de su libertad, semidesnudos, rapados y sentados cuerpo a cuerpo. Podría haber sido la imagen de los detenidos en El Salvador de Nayib Bukele en su guerra contra las pandillas, pero no, es la foto de la Honduras de Xiomara Castro. Desbordada por los hechos de violencia en su país, la presidenta optó por militarizar las cárceles y endurecer las medidas contra las organizaciones criminales. Mientras, en Guatemala, también con altos índices de violencia, y en plena campaña electoral, se juega la carta de seguir los pasos del mandatario salvadoreño. ¿Estamos ante la expansión regional de un proceso de “bukelización” como respuesta a la inseguridad?
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La violencia
Un grupo de hombres, vestidos como uniformados, ingresó a un bar en medio de un festejo de cumpleaños, le pidieron a los invitados que se den vuelta para una pesquisa y les dispararon en la nunca. Asesinaron a 13 personas. El hecho que sucedió el pasado sábado fue en la ciudad hondureña de Choloma, en el norte, y los criminales eran pandilleros. La masacre se produjo unos días después de la muerte de 46 mujeres privadas de su libertad en el Centro Penitenciario del Valle de Támara y que habría ocurrido por un enfrentamiento entre dos de las principales organizaciones criminales, Mara Salvatrucha y Barrio 18.
Según lo que se conoció de la investigación tanto de la masacre del bar como de la penitenciaría, los dos hechos que conmocionaron al país podrían estar relacionados. Sin embargo, y más allá de si se confirma un ajuste de cuentas, lo cierto es que hasta ahora todo estaría vinculado al accionar de las organizaciones criminales que operan en Honduras. Esto llevó a que la Presidenta se muestre dispuesta a tomar medidas de mayor dureza para combatirlas. Una de ellas, fue la de anunciar que las cárceles pasarán a ser controladas por la Policía Militar, antes lo hacía la fuerza policial, decretó toque de queda en dos ciudades, y continúa con el Estado de Excepción.
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“Las Fuerzas Armadas de Honduras y la Policía Nacional de Honduras, cumpliendo órdenes de la presidenta. Vamos a garantizar al pueblo hondureño su seguridad y la paz que necesita nuestro país. ¡No más impunidad frente al crimen!”, tuiteó el hijo de la Presidenta y del ex presidente hondureño Manuel Zelaya, y el actual secretario de Estado en el Despacho de Defensa, al mostrar un video y fotos, de prisioneros. Imágenes que despertaron mucho desconcierto por la similitud que tienen con las que suele mostrar Bukele para contar el trato, o destrato, que les da a los detenidos acusados de ser pandilleros.
El ex mandatario, del cual se cumplieron esta semana 14 años del golpe de Estado que lo derrocó, acompañó las imágenes con mensajes donde sostiene que van a terminar con lo que denomina “escuela del crimen”, al referirse a los centros penitenciarios. Esta semana se realizaron varias requisas en las cárceles y se encontraron con arsenales de armas, que van, según contaron desde el Gobierno, desde municiones, armas de grueso calibre, explosivos de fabricación casera, routers y sierras eléctricas. “Vamos a derrotar el crimen organizado que está en las cárceles y vamos sobre los autores intelectuales que operan desde afuera”, prometió Zelaya.
¿Hacia la mano dura?
“Muchas de las masacres que se han dado en los centros penitenciarios, muchas de las masacres que se han dado en los barrios y en las ciudades urbanas del país, son producto del enfrentamiento, de la guerra interna y del asalto de las pandillas a la población ciudadana que trabaja en paz. Así que me parece que la Presidenta no tiene más alternativa que caerle con mano dura a las pandillas aquí en Honduras”, afirmó a El Destape, el diputado del Partido Libre, espacio oficialista, y profesor de Derecho Constitucional, Ramón Barrios, quien sostiene que la violencia en el país es un problema estructural de hace al menos 20 años.
Ante algunos de los cuestionamientos que surgieron sobre las medidas de Castro que había prometido y llevado adelante un proceso de desmilitarización, Barrios explicó: “Uno no puede negar el posicionamiento ideológico (de izquierda) de Xiomara Castro. La presidenta ha tomado decisiones de respuesta inmediata frente a una violencia que desbordó los parámetros normales, pero que esta respuesta no es completa todavía. Creo que la intervención de los militares en los centros penitenciarios con la ola de violencia que se ha desatado en las ciudades por parte de las pandillas, es una respuesta dentro de los recursos inmediatos que tiene la Presidenta”.
En ese sentido, el diputado explicó que en paralelo se trabaja en la formación de la policía especializada en penitenciarías que estaría lista para el año que viene y reiteró que las medidas son respuestas inmediatas ante la ola de violencia. Al consultarlo sobre el temor a que se lo cuestione en materia de derechos humanos, como pasa en El Salvador, Barrios afirmó: “Dentro del gran concepto de política criminal, estoy seguro que Xiomara como presidenta y el Partido Libre, que es quien le respalda sus iniciativas en el Congreso, van a tener muy siempre en cuenta que cualquier política criminal que se adopte aun y cuando sea de mano dura, debe ser respetuosa de los derechos humanos”.
Bukelización
“Hemos visto que Honduras ha adoptado decisiones que han sido paulatinas que replican mucho la estrategia que se ha implementado en El Salvador para combatir el crimen organizado”, afirmó a El Destape, José Carlos Perdomo de la Unidad de Estado de Derecho de Cristosal, organización hondureña que también tiene sede salvadoreña y se encarga de llevar adelante las denuncias de los familiares de detenidos en el marco de la guerra contra las pandillas. “Pone en un ojo del huracán y en grave preocupación para todas las personas, defensoras y defensoras de derechos humanos, con el tema de los tratos crueles inhumanos y degradantes que puede conllevar en los centros penitenciarios que ya en el pasado hemos tenido la experiencia”, agregó el especialista.
Perdomo hace hincapié y menciona como comparativos con El Salvador la militarización, el toque de queda y el estado de excepción o de emergencia que, según explica, debe aplicarse por un tiempo breve y no para combatir el crimen común. “El objeto de establecer el estado de excepción, que por máxima legal han sido de 45 días, estos se han ido renovando, vamos por la cuarta renovación y estos suspenden lo que son derechos constitucionales y ya se ha expandido a todo lo que es el territorio nacional tal como en El Salvador que se implementó el régimen de excepción que todavía sigue vigente”, contó el miembro de Cristosal, quien sumó que la militarización de los centros supone “un retroceso” del gobierno de Castro.
El factor de la militarización de los centros, es decir que además la Policía Nacional ahora también tomará el control la Militar, generó críticas dado que es muy cuestionado el accionar de esa fuerza en el pasado. De hecho, uno de los que llevó a cabo estas medidas contras las organizaciones dedicadas al narco, al sicariato, entre otros delitos, fue el ex presidente Juan Orlando Hernández, quien fue extraditado a Estados Unidos acusado de ser parte de una red de tráfico de drogas, por la cual llegaron cientos de toneladas de cocaína al país del norte.
“Se le está dando una gran responsabilidad a una institución militar que, de acuerdo con los juicios por narcotráfico que se están desarrollando en Nueva York, han sido los que le han brindado protección al tráfico de drogas por el territorio nacional y protección a los narcotraficantes. Y por otro lado, es la misma institución militar que en el año 2017-2018 fue la responsable de graves violaciones a derechos humanos en el marco de la crisis electoral y no han rendido cuentas y ese es el grave peligro”, aseguró a El Destape, el doctor en Derechos Humanos por Universidad Carlos III de Madrid, Joaquín Mejía Rivera.
Con respecto al resto de las posibles comparaciones con Bukele, Mejía Rivera advirtió una divergencia: “Pues a diferencia de lo que pasa en El Salvador, en Honduras el gobierno de Xiomara Castro ha hecho todo lo contrario, en el sentido que ha tenido un discurso favorable a los derechos, ha llamado a la transparencia, ha llamado a las organizaciones para que vigilen y hagan auditoría social de lo que se está haciendo y obviamente no ha criminalizado a quienes hemos o criticamos, digamos, las medidas que se están adoptando. Sin embargo, eso no quita que las medidas que se están adoptando representan un grave riesgo porque los militares son los que en los últimos diez años han tenido el control de los centros penales”.
Guatemala, otro territorio fértil
En las recientes elecciones en Guatemala, país que también sufre el accionar de las pandillas y que el tema seguridad es uno de los principales reclamos, se realizó la primera vuelta y fue llamativo como los candidatos referían al modelo bukelista. Si bien no ganó Zury Ríos que parecía ser la más determinante, sí pasaron a ballotage Sandra Torres, que ya afirmó que buscará “implementar las mismas estrategias del presidente Bukele” y del segundo, Bernardo Arévalo que fue la gran sorpresa por lo que no se conoce al detalle sus propuestas.
Desde hace ya algunos meses se advierte de la posibilidad de un efecto Bukele en la región.
La popularidad del mandatario supera el 90% de aprobación, para envidia de los presidentes regionales con bajísima popularidad en general y tanto seguidores como anti reconocen que las pandillas han perdido el control territorial del país y la violencia callejera se ha reducido drásticamente. La contracara, la violación de derechos humanos en el proceso de detención que denuncian las ONGs. Sin embargo, esta situación llevó a que más de un presidente mire el proceso de Bukele con cierta fascinación. Por eso, lo de Honduras quizás sea un primer paso a una posible bukelización regional.
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