El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, promulgó una ley que criminaliza a los migrantes que entren de manera irregular en ese estado y permite su detención. La iniciativa desafía al presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, y fue fuertemente criticada por el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, que la consideró "inhumana" e informó que la impugnarán.
La normativa entrará en vigencia en marzo "crea un delito penal por entrar ilegalmente a Texas desde un país extranjero" y prevé hasta 20 años de prisión por reincidencia, afirmó el gobernador durante el acto de firma realizado anoche. "Firmé tres nuevas leyes para proteger mejor a los texanos y a los estadounidenses de las políticas de fronteras abiertas de Biden", manifestó Abbot a través de su perfil de Twitter. En ese sentido, sostuvo que "la entrada ilegal a Texas es ahora un delito sujeto a expulsión o prisión" e insistió en que financiará la construcción de un nuevo muro y aumentará las sanciones por tráfico de personas.
Las autoridades locales tendrán la potestad de detener a los migrantes que carezcan de la documentación necesaria para entrar y los jueces, la de expulsarlos. Además, "una pena mínima obligatoria de prisión de 10 años por tráfico de migrantes", añadió Abbott.
La posición de México
La semana pasada, México la calificó de "medidas de corte político". En Estados Unidos, "la aplicación de las leyes migratorias, el control de la frontera y la negociación de acuerdos internacionales son facultades exclusivas del gobierno federal", recalcó entonces la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana. Por su parte, López Obrador se refirió al tema en su conferencia de prensa de todas las mañanas, al responder a la consulta de una periodista: “Se está haciendo ya un trámite en Relaciones Exteriores para impugnar esta ley y además, nosotros vamos a estar siempre en contra de estas medidas. Decirles a nuestros paisanos y a los migrantes que vamos a estarlos defendiendo”, reprodujo el medio local El Universal.
MÁS INFO
El mandatario mexicano calificó la decisión de Abbott como "politiquera" y señaló busca "ganar popularidad" con esta medida. "Es algo inhumano", dijo y explicó que, en realidad, una normativa de este tipo tienen que ver con el Gobierno federal y "no son atribuciones de los estados".
"Él está usurpando funciones, tiene que ver con política exterior y eso corresponde al Congreso y al presidente de Estados Unidos", aclaró López Obrador. Por esas razones, es muy probable que la ley abra una larga batalla legal con el gobierno federal de Estados Unidos, que generalmente establece y aplica las leyes de inmigración, así como con organizaciones defensoras de los derechos humanos y civiles, consignó la agencia de noticias AFP.
El contexto local
La crisis migratoria provoca fuertes tensiones entre los republicanos y los demócratas, sumidos actualmente en arduas negociaciones en el Congreso, en las que los conservadores supeditaron la aprobación de un paquete de ayuda a Ucrania a un endurecimiento de la política para frenar la migración.
El ex presidente republicano Donald Trump, posible rival de Biden en los comicios presidenciales de noviembre, declaró este fin de semana que los migrantes "envenenan la sangre" de Estados Unidos. Tanto él como Abbott son partidarios de levantar un muro a lo largo de la frontera con México y de expulsar masivamente a los migrantes, muchos de ellos latinoamericanos que son desplazados de sus propios países por la violencia y la pobreza.
Por su parte, los demócratas también llevan a cabo repatriaciones aceleradas para los migrantes que eluden las "vías legales" que introdujeron para entrar a Estados Unidos. Estas modalidad los obliga a pedir cita a través de una aplicación de teléfono celular o a hacer los trámites en los países por los que pasan, por ejemplo, amparándose a permisos humanitarios y de reunificación familiar. Pese a estas medidas, sólo en octubre las autoridades estadounidenses interceptaron 240.988 veces a migrantes en situación irregular en la frontera con México, según datos oficiales. Fueron más de dos millones en lo que va de año.
Con información de Télam