Le sobraron apenas 9 horas. Después de varias semanas de tensión, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, consiguió que las dos Cámaras del Congreso le aprobaran su gabinete -que pasó de 14 a 23 ministerios cuando asumió- y evitó un cambio de ministros forzado y una explosión de las amplias alianzas que tejió para ganar la Presidencia y también para gobernar. Pero le costó caro. Primero, el precio real: los socios más conservadores impusieron su voluntad y le quitaron algunas instituciones claves a las carteras de Medio Ambiente y de los Pueblos Indígenas, ambos liderados por dos activistas que asumieron con la promesa de hacer cambios profundos. Segundo, el precio simbólico: la pulseada dejó al desnudo la debilidad de Lula en un Congreso dominado por el Centrao, la coalición de fuerzas de centro derecha y derecha que negocia su apoyo con los sucesivos Gobiernos.
El miércoles a última hora votó la Cámara de Diputados y lo aprobó por 337 votos contra 125. Ese era el obstáculo más difícil. Al día siguiente, el Senado hizo lo propio por 51 votos contra 19 y una abstención. En Brasilia, el Gobierno respiró tranquilo, pero el titular de la Cámara Baja y referente del Centrao Arthur Lira, aclaró de inmediato que se está "lejos de celebrar una base" legislativa y le advirtió a Lula: "Es importante que se diga, que quede claro, que de ahora en más, el Gobierno va a tener que caminar sobre sus piernas. No habrá ningún tipo de sacrificio". Según destacó "hay una insatisfacción generalizada de los diputados y, tal vez, de los senadores por la falta de articulación del Gobierno, y no por uno u otro ministro", como se discutió estos días en el Palacio del Planalto, especialmente con los miembros del gabinete que pertenecen a los mismos partidos que en el Congreso se resistían a votar a favor y que finalmente votaron divididos.
Y concluyó con una sugerencia con tono casi de amenaza para Lula: tiene que "iniciar una articulación más permanente, pero correcta, junto a sus ministros para que el Gobierno, en los temas que envía (al Congreso), tenga la capacidad de tener días más tranquilos"
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Ante esta demostración de fuerza del Congreso, donde el Partido de los Trabajadores de Lula tiene apenas una minoría, el mandatario buscó bajarle el tono a las interpretaciones que advierten sobre el creciente poder del Congreso y calificó a toda la pulseada como un intercambio propio de la política: "Me sorprendió la forma en que se trató la votación hoy. Mucha gente de la prensa difundió la idea de que el Gobierno estaba destruido. Y cuando se aprobó en la votación, hablaron de una victoria del Gobierno. La política no es una ciencia exacta. Cambia de acuerdo al comportamiento de los partidos. Y eso es lo que pasó hoy y pasará con otras votaciones, porque somos un Gobierno que respeta al Congreso Nacional", tuiteó el mandatario
Cuando Lula asumió el 1 de enero pasado, decidió hacer de su gabinete un reflejo de su amplia y heterogénea alianza de Gobierno, que va desde militantes y activistas de izquierda hasta fuerzas de centro-derecha y conservadoras. Afuera quedó el bolsonarismo explícito, que ahora, desde el Congreso y con una estrategia muy original, presiona para limitar y hasta boicotear a los sectores más progresistas del gabinete forzando un cambio en los organigramas internos de las carteras. La crisis de las últimas semanas demostró que el Centrao está más que dispuesto a volver a aliarse al bolsonarismo para presionar al mandatario y torcer su agenda, principalmente la económica.
Además, marcó una pequeña victoria para la estrategia de liderazgo que Lira inició durante el Gobierno de Bolsonaro y espera continuar con el de Lula, pese a las fuerte críticas iniciales del mandatario. Entre el lunes y el martes pasados, se habilitaron dos enmiendas parlamentarias por 4.8600 millones de reales (en 2022, se habían aprobado un total de 16.500 millones de reales), una suerte de partidas extras conocidas como "presupuestos secretos", en las que un legislador puede recomendar a los ministerios federales cómo y dónde asignarlos.
Las dos grandes perdedoras
En esta estrategia, los dos ministerios más debilitados fueron el de Medio Ambiente, dirigido por Marina Silva -una ministra del primer Gobierno de Lula devenida en una de sus críticas más feroces y, luego, en una renovada aliada por su promesa ambientalista-, y el de Pueblo Indígenas, con Sonia Guajajara, una reconocida activista que defiende una demarcación de la Amazonía para proteger las tierras de los comunidades originarias y fue candidata a vicepresidente por la izquierda en 2018.
Con el texto que finalmente el Congreso aprobó en las últimas horas, Silva perdió el control sobre instituciones claves como el Catastro Ambiental Rural, la Agencia nacional de Aguas, el Sistema Nacional de Información de Saneamiento Básico, Gestión de Residuos Sólidos y la Gerenciación de Recursos Hídricos. Guajajara, en tanto, ya no estará a cargo del órgano de Demarcación de Tierras Indígenas.
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Todas estas instituciones pasaron a formar parte de los organigramas de otros ministerios, a cargo de dirigentes considerados más pragmáticos por la mayoría de los legisladores. Pese a los rumores de los últimos días sobre las posibles salidas del Gobierno de las dos ministras, por ahora ninguna salió a cuestionar el acuerdo que habilitó la aprobación del proyecto de ley del gabinete en el Congreso. De hecho, ninguno de los socios de izquierda de Lula se quejó públicamente, aunque el malestar se da por descontado.
Quizás porque la verdadera incógnita es si este rediseño de los organigramas del gabinete se traducirá en un cambio en las políticas públicas prometidas, tanto en campaña como ya en el poder. Lula hizo de su agenda ambiental, especialmente en relación a la Amazonía, una de sus principales banderas frente a la comunidad internacional y un revés en esta cuestión podría costarle caro cuando intenta recuperar el prestigio internacional de Brasil y su liderazgo en la mesa chica de negociación con las grandes potencias.
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