Bolsonaristas en Argentina: el Gobierno le confirmó a Brasil que llegaron 60 personas

Luego de más de diez días, la Cancillería argentina respondió el pedido realizado por Brasil para conocer el paradero de militantes bolsonaristas que se encuentran en el país y están condenados o investigados por el intento de golpe de Estado en el país vecino. A las sospechas sobre la presencia de los seguidores del expresidente Jair Bolsonaro, que rompieron tobilleras y cruzaron ilegalmente la frontera, el Gobierno argentino había respondido con evasivas e incluso altos funcionarios llegaron a negar haber recibido algún pedido. La lista incluye a unas 60 personas, confirmaron a El Destape.

El pasado 7 de junio el embajador brasileño en Argentina, Julio Bitelli, entregó a las autoridades argentinas una nota que reprodujo el oficio del Supremo Tribunal Federal (STF, máximo tribunal) con los 143 nombres de las personas que buscan y, suponen, estarían en el país a partir de la investigación que lleva adelante la Policía Federal brasileña y que activó la Ameripol, un organismo de cooperación de las policías de 30 países del continente, que les permitió mapear hacia a dónde viajaron las y los fugitivos.

Pese a las reiteradas consultas realizadas por este medio no hubo respuestas por parte de la cartera dirigida por Diana Mondino que permitan confirmar la información. De todos modos, por fuentes brasileñas, El Destape supo que la respuesta del Palacio San Martín precisó que de esos 143 prófugos unos 60 ingresaron efectivamente al país, mientras que del resto “no tienen registro”. La nómina con los nombres fue enviada este martes y recibida hoy por el STF, que está a cargo de la causa Lesa Patria, sobre la invasión a los Tres Poderes del Estado el 8  de enero de 2023.

Según publicó el portal de noticias brasileño UOL, unos 10 decidieron huir nuevamente.

Los crímenes por los que están acusadas y condenadas los militantes bolsonaristas son: intento de golpe de Estado, asociación criminal, depredación del patrimonio público e incitación al crimen, entre otros. Las penas de los condenados van entre los 14 y los17 años de prisión. En tanto, ellos niegan los cargos y denuncian que se llevan contra ellos “procesos sin garantías legales”, denuncian "persecución" y "censura" por parte de la Justicia y el Gobierno de Brasil.

En tanto, UOL pudo confirmar que, entre los militantes investigados, unos 78 ya habrían solicitado refugio a la Comisión Nacional de Refugiados, mientras que el diario Clarín señaló que serían unos 100. El Destape hizo reiterados pedidos de información pública y ante los organismos pertinentes, sin embargo, no fue informado siquiera la estadística de brasileños o brasileñas que iniciaron el trámite entre fines de marzo hasta ahora, tiempo en el que se estima que cruzaron las fronteras, así como tampoco respondieron sobre los criterios que aplicará la Conare para aprobar o rechazar las solicitudes. Las consultas fueron dirigidas al exministerio del Interior –ahora bajo el ala de la Jefatura de Gabinete de la Presidencia-, y que forma parte de la Conare através de la Dirección Nacional de Migraciones y debe decidir sobre el refugio de los solicitantes.

En los últimos días, varios periodistas brasileños consultaron al vocero presidencial, Manuel Adorni, sobre esta situación. En la mañana de ayer (martes), fue él mismo el que negó –al igual que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich- haber recibido algún pedido por parte de las autoridades vecinas. “Yo no tengo la información actualizada hoy, hasta la semana pasada esa información no la había recibido”, dijo e insistió en el que la condición de refugio la decide una Comisión –la Conare- de manera “independiente”.

Sin embargo, en una entrevista al portal brasileño STB publicada ayer por la noche, Adorni se desdijo y reconoció que el Gobierno argentino tenía información: “Tenemos informaciones, y, claro, dejaremos a la justicia actuar. Para el caso, la información que tengo no la puedo transmitir por una cuestión de seguridad de la Argentina, pero cumplimos efectivamente con lo que la Justicia determina”, sostuvo ante la consulta de si se estaba haciendo algo al respecto.

La pregunta más recurrente desde el lado brasileño es sobre las posibilidades que tiene el gobierno ultraderechista de Javier Milei para interferir en la decisión de otorgamiento de refugio teniendo en cuenta el vínculo que mantiene con el expresidente Bolsonaro -también investigado por el intento de golpe de Estado- y por el mal vínculo que cosecha con la administración del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva. Es que el otorgamiento del refugio bloquearía la posibilidad de extradición de las personas acusadas que el STF quiere concretar a través de la Interpol. "No interferimos políticamente", dijo Adorni.