La Cámara de Senadores de Bolivia aprobó la Ley de Aplicación de los Resultados del Censo de Población y Vivienda en los ámbitos Financiero y Electoral con el visto bueno de 22 de los 36 congresistas. Había llegado al recinto con la media sanción de Diputados y fue la solución que el oficialismo encontró con parte de la oposición para detener el paro que el Comité pro Santa Cruz había empezado hace más de un mes.
Los preparativos debían haber comenzado en 2019, pero el golpe de Estado y la pandemia demoraron el calendario. Cuando el Movimiento Al Socialismo (MAS) alcanzó el poder de nuevo en 2020 firmó un decreto que puso como fecha noviembre de 2022, pese a ello, los últimos planteos propusieron la idea de se hiciera en el primer trimestre de 2024, algo que la derecha boliviana se resistía a aceptar.
Ahora, la iniciativa presentada y aprobada fue elaborada en base al decreto presidencial 4.824 que fija para el 23 de marzo de 2024. Allí se estableció que, en base a los datos oficiales de población del Censo que emitirá el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Órgano Ejecutivo efectuará la nueva distribución de recursos de coparticipación tributaria a partir del mes de septiembre de la gestión 2024.
Además, se determinó que INE remita al Tribunal Supremo Electoral los datos oficiales de población del Censo “para que elabore el proyecto de ley de distribución de escaños, conforme al artículo 146 parágrafo V, VI y VII de la Constitución Política del Estado y la Legislación Electoral vigente, que se aplicaría en las próximas Elecciones Generales en el Estado Plurinacional de Bolivia”.
De esa manera, se resolvieron las tensiones con los líderes cruceños que el sábado decidieron levantar al paro indefinido. "Levantamos el paro y bloqueos sin suspender nuestra lucha, seguimos en emergencia, sepamos administrar nuestra victoria en beneficio de todos”, anunció el presidente del Comité, Rómulo Calvo, aliado también del gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, ambos impulsores de la medida de fuerza y, también, involucrados en el golpe de Estado perpetrado contra Evo Morales y Álvaro García Linera en 2019.
Camacho, por su parte, le quitó peso al reclamo al admitir que la fecha del censo “no es determinante”, pese a que por esa razón en principio bloquearon los ingresos a la provincia que generaron más de 780 millones de dólares en pérdida, según lo estimado por el Ministerio de Economía local.
Los bloqueos dejaron, al menos, cuatro personas muertas, detenidos, hechos de represión por parte de la policía y una denuncia por un abuso sexual en grupo. También, hubo incendio de las sedes de distintos sindicatos y federaciones que son aliadas del Gobierno, en hechos que fueron leídos como un nuevo intento de desestabilización institucional.
La media sanción llegó en la madrugada del sábado, tras una maratónica sesión e la que el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por 93 votos a favor, 23 en contra, 2 en blanco y uno nulo. Ahora resta la promulgación del Ejecutivo. La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, anticipó el pasado domingo que el Gobierno no inviabilizará la promulgación de una norma que se ajuste a la Constitución.
Una herida abierta en el oficialismo
El debate inició a las 09.30 de la mañana de este martes y estuvo a cargo de la senadora oficialista del MAS-IPSP Simona Quispe. La legisladora paceña manifestó su rechazo a la norma dejó en evidencia la interna dentro del partido que lidera Morales al afirmar que sólo “responde al capricho” del gobernador Camacho, el cívico Calvo y el rector de la universidad cruceña Vicente Cuellar, quienes sin justificativo llevaron a Santa Cruz a un paro que se extendió por 36 días.
En esa línea, Quispe exigió a las autoridades competentes a asumir las acciones contra estos dirigentes que con la medida de presión provocaron la muerte de al menos cuatro personas y violaciones a los derechos humanos.
En sintonía, el senador del MAS-IPSP Leonardo Loza, quien anunció que votará en contra de la norma, señaló que con el proyecto de ley solo se busca tapar “la monumental mentira” de la dirigencia cruceña que llevó al paro a Santa Cruz con la exigencia del Censo en 2023, pero al final decidió aceptar la propuesta del Gobierno de realizar la encuesta nacional el año 2024.
Recordó las palaras del gobernador cruceño, quien durante la movilización amenazó con muerte civil y tachar de traidor a las personas que acepten que el Censo se realice el año 2024. “¿Dónde quedó ese discurso? El primero traidor es él”, afirmó Loza.
Más dura, la senadora Gladys Alarcón (MAS-IPSP) señaló que con el proyecto de ley se está “premiando a liderazgo radicales”, pero además se está abriendo la puerta de la Asamblea para que sea “facilitadora de caprichos”. “Dicen que es una ley calmante, perfume, un complejo B para Santa Cruz, se equivocan”, advirtió Alarcón y agregó que se está generando una “falsa ilusión” de que con la ley se calmará los “ánimos de Calvo, Cuellar y Camacho” porque ellos seguirán con sus movilizaciones el próximo año y “no dejarán gobernar al presidente” Luis Arce Catacora.
De su lado, el senador de Comunidad Ciudadana, Rodrigo Paz Pereira, indicó que con la norma se recupera el “respeto al cumplimiento de la Constitución” en lo que corresponde a la asignación de los escaños y la asignación de los recursos de coparticipación tributaria, en línea con lo planteado por el mandatario, también del MAS.
Mientras que el senador del MAS-IPSP Rubén Gutiérrez aclaró que el proyecto de ley no vulnera la Constitución y que solo es una norma “recordatoria”. “Es un mecanismo meramente formal y contribuye a restablecer la normalidad plena que se está logrando en la ciudad de Santa Cruz”, alegó. También descartó que con la aprobación de esta normativa se deje en la impunidad los actos delictivos que se cometieron durante los días de paro, por lo que aseguró que el gobernador de la medialuna oriental tendrá que responder por esos hechos.
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