El fantasma del golpismo sobrevuela la crisis política en Bolivia

Esta semana el presidente de Bolivia, Luis Arce, cambió la cúpula de las Fuerzas Armadas y en el mismo acto denunció que hay en marcha una estrategia "para reeditar el golpe de Estado de 2019". Se estaba refiriendo al conflicto por la fecha del censo que lleva ya varios meses pero que parece estar a punto de estallar en cualquier momento. Desde entonces la pregunta que sobrevuela en el país andino es si hay condiciones similares a las que hubo en la previa de la destitución del ex presidente Evo Morales. 

En una primera respuesta, los analistas consultados por El Destape sostuvieron que hoy no existen las alianzas que en 2019 promovieron el golpe, pero sí señalaron que la provincia de Santa Cruz busca instalar esa narrativa. Como parte de ese intento, el Comité Cívico de esa provincia (espacio político en el que está representado el poder económico) inició un paro por tiempo indefinido el 21 de octubre, misma fecha que en 2019 la oposición a Evo entró en una huelga que días más tarde terminó en el golpe. 

"El 21 es un número simbólico porque es el día en que se hizo el referéndum que impidió la reelección de Evo y porque la protesta que terminó en el golpe también duró 21 días", explicó en diálogo con El Destape el periodista y escritor, Fernando Molina. Y agregó: "Quieren hacer parecer lo que está pasando ahora con lo que pasó en 2019. Claro, en el discurso mantienen esa posición pero está muy lejos de ser algo similar". 

Uno de los actores que tuvo un rol determinante por haber actuado de manera ambigua al desarrollarse el golpe contra Evo fueron las Fuerzas Armadas. Quizás por la propia disputa interna, se mantuvieron en silencio sin aprovechar el vacío de poder y tampoco se alinearon a Evo; solo al final pidieron su renuncia.

Por eso que Arce haya cambiado la cúpula del Ejército esta semana no pasó desapercibido. Molina dijo a este medio que no está muy claro el fundamento de la decisión de Arce y deslizó dos lecturas posibles: hay quienes dicen que el presidente quiere tener total confianza en el alto mando que hasta ahora no la tenía y por eso puso hombres más cercanos a él; mientras que otra versión señala que con este cambio Arce no solo buscó poner a su gente sino que también buscó que la nueva cúpula no tenga vínculos con Evo. Una lectura que se explica por los propios roces entre Evo y Arce de cara al próximo armado electoral. 

Sin embargo para Molina sí está claro que el cambio en la conducción de las FF.AA no tiene que ver con las escenas de violencia en Santa Cruz producto del paro. En las dos semanas que lleva la medida de fuerza hubo un muerto y varios heridos, pero destacó que el ejército no participó en tareas de seguridad. 

El rol de la Policía, la oposición y los movimientos sociales

En 2019, el mismo día que Evo denunció que había un golpe en marcha, la Policía Boliviana le soltó la mano y las centrales de distintas provincias empezaron a amotinarse y lo justificaron al decir que "la Policía no se debe a ningún partido político, se debe al pueblo boliviano". Esta fuerza fue una de las juzgadas con el regreso del MAS al poder. Molina definió a la Policía como "una fuerza parasitaria" que se mueve según su propia agenda pero agregó que debido al proceso judicial que debieron enfrentar con la Presidencia de Arce ve "muy difícil que se metan en algo".

Además, con el cambio de gobierno en Brasil, Bolivia renovó los pedidos de extradición para los miembros de las fuerzas (incluidos policías) que fueron fieles a la presidnta de facto Jeanine Áñez y que luego se refugiaron en ese país. "La policía es muy poco profesional, nunca se sabe qué va a hacer exactamente pero un nuevo motín me parece muy improbable en este momento dado que el ex comandante está perseguido en Brasil y varios de los que tenían responsabilidades fueron detenidos o echados de la fuerza", opinó el analista de Bolivia.   

Pero el recuerdo de la alianza entre la Policía y los golpistas sigue presente y a eso apelaron la noche del jueves los cruceños que se movilizaron hasta el sede de la policía local y les pidieron que se sumen al paro, al canto de "Policía escucha únete a la lucha". 

La Central Obrera Boliviana (COB), el sindicato más grande del país y fuerte aliado de Evo, también se sumó al pedido de renuncia de Evo cuando estaba en marcha el golpe. En esta vuelta, sin embargo, lejos está de apoyar la causa cruceña y por el contrario ayer empezó a liderar una serie de movilizaciones para el "fortalecimiento de la democracia". En declaraciones a la prensa local, el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, dijo que son conscientes de "las intenciones del Comité Interinstitucional del Censo de Santa Cruz, en aras de promover un paro que afecta a trabajadores y la población vulnerable de la región".

"La COB se ha realineado con el MAS", explicó Molina y agregó: "Todos los que se dieron vuelta contra Evo en 2019 estaban impulsados por un gran malestar social, especialmente las clases medias por la reelección de Evo, pero hoy ese malestar no existe". El analista sostuvo que Arce fue muy cuidadoso esta vez de atender a las demandas de los movimientos sociales para evitar que no combinen esas insatisfacciones con el pedido de Santa Cruz de hacer el censo en 2023.

"Arce escuchó a los maestros y a los mineros, entre otros, y respondió a sus demandas como por ejemplo el pedido de rebaja en los impuestos mineros a los productores de oro. Claro eso lo posterga por un tiempo no más, pero en este momento los movimientos sociales que no son propiamente del gobierno están contenidos y no se van a aliar tan fácilmente con Santa Cruz", agregó el analista. 

En cuanto a una posible articulación de los actores que son opositores al Gobierno, la analista política Camila Ugalde dijo El Destape que "hoy no existe el despliegue de alianzas que se dio en 2019". "El Comité Cívico de Santa Cruz ha intentado acercarse a otros comités como el de Potosí, que tuvo un rol importante en el golpe, pero no está en condiciones de sumarse. Hoy no existe la convocatoria a plataformas ciudadanas. No existe esa articulación y fuerza para salir a las calles", explicó Ugalde. 

El problema que tiene Santa Cruz es que el órgano que creó en marzo de este año con el argumento de "fiscalizar la realización del censo en 2023" (Comisión Interinstitucional en Defensa del Censo), y que cuenta con al menos tres patas importantes -el Comité Cívico (Rómulo Calvo), la gobernación (Fernando Camacho), la Universidad Autónoma Garbiel René, (Vicente Cuellar) y el alcalde de Santa Cruz (Jhonny Fernández)- no logra consensuar una postura común. 

La presión e intención destituyentes que lidera Camacho y a las que también se suma Calvo, está contrarrestada por el llamado al diálogo y a bajar el tono de la discusión que hacen el alcalde y el rector de la universidad. "Lo que trascendió en los últimos días es que tanto desde la universidad como también un sector de la iglesia tiene miedo de qué pueda llegar a hacer Camacho; miedo por la seguridad de ellos mismos como también por el funcionamiento del aparato del gobernador", explicó Ugalde. 

Además y para evitar una escalada de las tensiones, Arce ya recibió los primeros apoyos internacionales que se suman al pedido de continuar por el camino del diálogo. Así lo hizo esta semana la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), de la cual Argentina tiene la presidencia Pro témpore.