La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva, en Brasil, marcó el cierre de un año en el que la izquierda retornó al poder en América Latina. Antes, el escenario político colombiano ya había estado atravesado por un hecho inédito: por primera vez un presidente y ex guerrillero progresista llegó a la Presidencia. Gustavo Petro y Francia Márquez ganaron con un llamado para “la paz total” en el único territorio de la región donde hace más de 60 años se libra un conflicto armado. Además, ya en marzo, Gabriel Boric, había asumido la Presidencia de Chile, otro hecho histórico que terminó de legitimar las demandas del estallido político y social sin precedentes de 2019, un movimiento que a su vez se había hecho eco del legado del derrocado y asesinado presidente socialista, Salvador Allende.
El retorno del PT al Ejecutivo brasileño
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La llegada por tercera vez al Planalto para Lula no iba a ser sencilla y él lo sabía: desde el inicio, cuando empezó a mostrarse de traje en los medios de comunicación y a viajar por el mundo para cosechar alianzas, también tejía redes locales con aquellos espacios que se saben por fuera del espectro progresista. La elección de su principal contrincante político y ex gobernador de San Pablo, el liberal Gerardo Alckmin, como vicepresidente, fue el ejemplo hecho carne.
El frente “Brasil de la esperanza” que conformó con el apoyo de más de diez partidos de distintos colores políticos pareció haberle quedado corto cuando el Tribunal Supremo Electoral mostró los resultados definitivos de la primera vuelta, el 2 de octubre pasado. No sólo porque no llegó al 50 por ciento más uno que necesitaba para ganar, sino porque el mandatario, Jair Bolsonaro (Partido Liberal), supo cosechar aquellos votos que las encuestadoras no vieron y llegó al 43,2 por ciento de las y los electores. El bolsonarismo se consolidó en el Congreso nacional y pareciera estar lejos de desaparecer.
Para el balotaje, el candidato petista se unió con la tercera de la primera vuelta. La senadora de derecha Simone Tebet, del Movimiento de la Democracia Brasileña (MDB), puso a disposición el partido y apostó a ganar ante el contrincante de la extrema derecha, que encarna una versión sudamericana del estadounidense Donald Trump. El triunfo se consolidó con el 50,9 contra el 49,1.
“Brasil está de vuelta”, le dice al mundo Lula en cada discurso desde entonces y desnuda al hombre que hace apenas tres años salía de una condena de prisión injusta. Apuesta a la recuperación de la Amazonía, a retomar los vínculos con Venezuela –rotos en 2019- y llora cada vez que menciona que su misión es acabar con el hambre en su país. Según Datafolha, el 33 por ciento de las y los brasileños no logra tener comida suficiente.
La fiesta y la gestión
Lula prepara, para el 1 de enero, en Brasilia, una jornada que comenzará al mediodía con la ceremonia formal en el Congreso y continuará con la puesta del Festival do Futuro, con más de treinta artistas en escena. Mientras tanto, termina de elaborar las designaciones en los ministerios. Serán 37, un 60 por ciento más de los que cuenta la gestión actual, para hacerle frente a más de cuatro años de neoliberalismo que iniciaron con un golpe de estado blando -el juicio político a Dilma Roussef- y continuó con el desgobierno bolsonarista que llevó a que Brasil retornara al Mapa del Hambre de la ONU, en 2021.
Entre los nombres más resonantes del futuro gabinete se encuentran el del profesor y ex candidato a la presidencia por el PT mientras Lula cumplía 580 días de prisión y proscripción, Fernando Haddad, para el Ministerio de Economía. Y, también, el del propio vicepresidente Alckmin para el Ministerio de Industria y Comercio. Aunque no es paritario, hay presencia de mujeres negras en cargos históricos, como Nisia Trindade, en Salud; y Anielle Franco, la hermana de la concejala negra y favelada asesinada por milicias, Marielle, para la cartera de Igualdad Racial.
Otro dato relevante es que el Ministerio de Defensa vuelve a estar en manos de un civil. Se trata de José Múcio Monteiro, recordado por haber recomendado al Congreso rechazar las cuentas de la entonces presidenta Rousseff, lo que consolidó la base para el juicio político que la destituyó.
Resta aún saber espacios clave: el Ministerio de Ambiente, disputado por Tebet y por la activista ecologista, Marina Silva (Rede); así como el lugar que ocuparán los pueblos originarios e indígenas -centrales en un país en el que se reconocen más de 300-. Según informó el diario Folha, los 16 nombres que faltan se negocian, entre otros, con el Centrão, el grupo de partidos mayoritario y sin posición ideológica clara que actúa de manera pragmática que resulta clave para las alianzas en el Congreso. Ellos podrían obtener lugar en los ministerios de Ciudades, Planificación, Turismo, Minas y Energía e Integración Nacional.
Petro y Francia, la apuesta por la paz y el vivir sabroso
El 15 de noviembre, cuando el Gobierno de Gustavo Petro cumplió cien días al frente de la Casa Nariño, miles de personas celebraron en las calles. El presidente, por su parte, lo hizo con una conferencia de prensa en la que resaltó 50 puntos de su gestión a modo de balance. Entre ellas, destacó la aprobación del proyecto de “paz total”, que permita iniciar diálogo con las guerrillas y organizaciones criminales y la reforma tributaria, en donde “la justicia social y ambiental son las bases”.
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El Pacto Histórico, la coalición que forjó Petro y gran parte de la izquierda colombiana, se impuso en segunda vuelta, el 19 de junio, por un 50,51 por ciento de los votos, contra el supuesto outsider Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernadores Anticorrupción. “Vivir sabroso”, en tanto, fue la campaña de Márquez para invitar a soñar una Colombia diferente.
En la voz del presidente del Senado, Roy Barreras, este año cierra “exitoso” con la aprobación de las dos leyes ya mencionadas más la creación del Ministerio de la Igualdad, en el que estará la vicepresidenta Márquez; además de la reforma política y el Tratado de Escazú, el mayor acuerdo ambiental del mundo que rige en América Latina para su protección y la de líderes y lideresas.
Para lograrlo, el nuevo oficialismo negoció y construyó un gran consenso en el Congreso para neutralizar a la derecha opositora que amenazaba con bloquearle las iniciativas.
Porque uno de los objetivos del flamante gobierno es darle fin al “uribismo”, el movimiento creado por el ex presidente Álvaro Uribe que encarnó las políticas de seguridad nacional de militarización del territorio para combatir al conflicto armado. La contracara que propone Petro es impulsar proyectos que cumplan el Acuerdo de Paz firmado con la mayor de las guerrillas -la FARC-. Allí, el énfasis no sólo está en la redistribución de los recursos económicos, sino también de la tierra y su uso.
Para febrero próximo se esperan que ingresen al Congreso proyectos de corte social como la reforma de salud, la previsional y la laboral, al igual que el Plan Nacional de Desarrollo, que es la hoja de ruta para el resto del mandato.
Chile, la ilusión de que la dignidad se haga costumbre
Este 11 de marzo, antes de hacer su ingreso como presidente a La Moneda, Gabriel Boric, hizo una parada ante la estatua del presidente Salvador Allende, derrocado y asesinado por la dictadura de Augusto Pinochet, para rendirle homenaje. En la colmada plaza de la Constitución, ante el Palacio de Gobierno, cientos de personas entonaban cánticos en contra del mandatario saliente, Sebastián Piñera: "asesino igual que Pinochet", le decían. A nueve meses de iniciada su gestión, Boric cuenta con un 31 por ciento de aprobación, según una encuesta realizada por Plaza Pública Cadem.
El Gobierno que emprendía su camino había cosechado ilusiones justificadamente y las razones fueron enumeradas en el discurso del mandatario que asumía la responsabilidad -en sus propias palabras- de llevar adelante el legado de Allende. El presidente más joven del mundo -hijo de las protestas por la gratuidad universitaria, desde su espacio, Convergencia Social, en la alianza del Frente Amplio- supo capitalizar las movilizaciones de la revuelta social y política, de 2019, que exigió “que la dignidad se haga costumbre”. Boric habló de memoria, de las y los desaparecidos durante los años oscuros, de los estudiantes endeudados, de las infancias, de las mujeres y disidencias sexuales excluidas, de los feminismos y de los pueblos originarios “despojados de su tierra”. Para ello, presentó un gabinete paritario y apostó al proceso constituyente que ya había comenzado.
El inicio fue tambaleante. Apenas a tres días del comienzo, la ministra de Seguridad, Izkia Siches, fue recibida a los tiros en el territorio mapuche denominado Araucanía. Eso hizo que se fuera por la borda la promesa de levantar el estado de excepción -la presencia de militares- en la región, que inició durante el mandato de Sebastián Piñera y que persiste hasta la actualidad, con su última prórroga aprobada por el Senado este 22 de diciembre para todo el verano.
Pero el golpe más fuerte que sufrió sucedió el 4 de septiembre cuando el 62 por ciento de la población rechazó la propuesta de texto constitucional que elaboró la Convención Constituyente, que trabajó durante un año para su elaboración de una manera paritaria y con una agenda progresista.
La derrota en las urnas desató cambios de gabinete que le dieron al Gobierno un tinte parecido a la Concertación -con un giro hacia la centroderecha- que gobernó tras la vuelta a la democracia. Las dificultades para deshacerse del traje represivo que se instaló en el periodo postdictatorial se puede ver en la represión de Carabineros y en las denuncias contra los que protestan en las calles, incluso, en la conmemoración del 18 de octubre, fecha del “estallido” o revuelta política y social de 2019.
Pero Boric no se resigna a no liderar un cambio estructural y para mayo próximo planea acabar con el legado de Pinochet sostenido en la Constitución a través de una nueva redacción del texto que estará a cargo de un Consejo Constitucional con la compañía de una Comisión de Expertos.
Mientras tanto, en julio pasado, el mandatario hizo realidad una de sus promesas de campaña: darle a la salud pública el carácter de gratuidad. A través de la eliminación del copago, Chile incorporó al sistema cinco millones de personas al Fondo Nacional de Salud (Fonasa). Además, en el espíritu de consolidar los trazos marcados durante la campaña, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos anunció el inicio de un proceso participativo del Plan Nacional de Búsqueda de Víctimas de Desaparición Forzada durante la dictadura para la recopilación, el análisis y la sistematización de documentos que contengan información; y extender las investigaciones judiciales y extrajudiciales para los delitos de inhumación y exhumación.
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