Cuando una enfermera llegó a la cabecera de la cama de Martha Méndez con un feto en el sur de México y le dijo a la adolescente que pidiera perdón a su hijo no nacido, ella se resignó a la sentencia de prisión que asumió inevitablemente seguiría.
Era marzo de 2015 y, horas antes, Méndez había llegado al hospital público del estado mexicano Veracruz con dolores y calambres estomacales.
Ella no sabía que estaba embarazada y que el medicamento que le habían recetado meses antes, después de que su embarazo fuera diagnosticado erróneamente como gastritis, podría provocar un aborto espontáneo, explicó.
Después de sufrir un aborto espontáneo en el hospital, primero el personal médico y luego los fiscales locales la acusaron de cometer el delito de autoinducirse su propio aborto, lo que desató una batalla legal que llegó hasta la Suprema Corte.
Si bien el tribunal más alto de México se negó a pronunciarse sobre la situación de Méndez, que logró evitar la cárcel mediante amparos legales y cuyo caso finalmente fue archivado, ella vio conmocionada el martes cómo la corte declaraba que el aborto no es un delito.
"Me dio muchísima alegría", dijo a Reuters por teléfono. "Es una parte de sentirse libre después de todo lo que me ha pasado", agregó.
Según el grupo mexicano de derechos reproductivos GIRE, 172 personas en México fueron encarceladas por el delito de aborto ilegal desde enero de 2010 hasta enero de 2020.
Más de 3,500 más, incluido Méndez, fueron acusadas del crimen, según los datos de GIRE, obtenidos a través de solicitudes de información pública y compartidos exclusivamente con Reuters antes de su publicación en un próximo informe.
Todos los estados mexicanos menos cuatro -Oaxaca, Veracruz, Hidalgo y Ciudad de México- prohíben la interrupción forzada del embarazo en la mayoría de las circunstancias, aunque es legal en todas las entidades en casos de violación.
Veracruz legalizó el aborto a principios de este año; fue restringido cuando Méndez fue acusada del crimen.
Si bien el fallo unánime de la Suprema Corte del martes no anuló esas prohibiciones, sentó un precedente vinculante para que los jueces no puedan condenar a personas a la cárcel por tener abortos ilegales o ayudar en ellos.
Los defensores de ese derecho afirman que eliminar la amenaza de prisión para quienes buscan someterse a ese procedimiento es la parte más importante del fallo de la Corte Suprema.
"Ahora todas las mujeres saben que si deciden abortar no serán criminalizadas, no serán perseguidas", dijo Verónica Cruz, cofundadora del grupo de defensa Las Libres con sede en el estado central Guanajuato.
No más cárcel
Reuters no pudo determinar exactamente cuántas personas en México están actualmente encarceladas por abortos ilegales. Tampoco fue posible contactar a ninguna de inmediato.
El presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, indicó en una conferencia de prensa el miércoles que no sabía el número de gente encarcelada, pero que la criminalización del aborto ha afectado principalmente a las mujeres más pobres.
"Las niñas ricas siempre han abortado pero nunca han caído en prisión", señaló.
El Gobierno no publica datos sobre cuántas personas han sido encarceladas por tener o ayudar en abortos ilegales, aunque los datos delictivos disponibles públicamente muestran que ha abierto 432 investigaciones en todo el país en lo que va de 2021.
Durante años, los defensores de los derechos reproductivos en México han buscado rastrear estos casos y brindar apoyo legal a las acusadas, algunas de los cuales, como Méndez, aseguran que fueron criminalizadas después de abortos espontáneos.
Protección para militantes
La decisión de la corte mexicana se produjo en respuesta a un desafío jurídico a una ley de 2017 en el estado norteño Coahuila, fronterizo con Estados Unidos, que estableció una sentencia máxima de prisión de tres años por tener un aborto ilegal o asistir en uno.
El fallo inmediatamente invalida la ley de Coahuila y allana el camino para que los defensores reten las restricciones a la interrupción forzada del embarazo en todo el país.
La resolución también ofrece una mayor seguridad a los miembros de las decenas de colectivos feministas que durante años han ayudado a las mujeres a inducir abortos, utilizando medicamentos ampliamente disponibles como el misoprostol.
El grupo de Cruz, Las Libres, fue uno de los primeros en México en comenzar a brindar ese "acompañamiento" a las mujeres, ofreciéndoles apoyo emocional e información práctica basada en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
Desde principios de la década de 2000, Las Libres ha ayudado a miles de mujeres a acceder a un aborto autoinducido, revela Cruz.
Entre las que se han sumado a este esfuerzo se encuentra Méndez, quien ahora vive en Guanajuato con su primer hijo, un niño de 9 meses, y ayuda a las mujeres en el proceso de tomar las pastillas en casa con ese fin.
"Ahora me siento más segura de poder auxiliar a las otras mujeres", señaló.
Con información de Reuters
Cerrar sesión