El primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, se disculpó y prometió reformas el miércoles después de que una investigación pública descubriera que unos 200.000 niños, jóvenes y adultos vulnerables sufrieron abusos bajo tutela estatal y religiosa durante los últimos 70 años.
Casi uno de cada tres niños y adultos vulnerables bajo cuidado desde 1950 hasta 2019 experimentó algún tipo de abuso, según el informe, un hallazgo que podría dejar al Gobierno enfrentando miles de millones de dólares en nuevas reclamaciones de compensación.
"Este es un día oscuro y triste en la historia de Nueva Zelanda como sociedad y como Estado, deberíamos haberlo hecho mejor, y estoy decidido a que lo hagamos", dijo Luxon en una conferencia de prensa.
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El 12 de noviembre se presentará una disculpa oficial, añadió.
Los supervivientes y sus simpatizantes llenaron la tribuna pública del Parlamento cuando se debatía el informe, mientras otros lo observaban desde una sala separada.
Tras la intervención de Luxon, que comparó los malos tratos infligidos a los niños con la tortura en uno de los centros de acogida estatales, Lake Alice, muchos se pusieron en pie y entonaron una canción indígena maorí sobre amor y unidad.
El informe de la Comisión Real de Investigación habló con más de 2.300 supervivientes de abusos en Nueva Zelanda, que tiene una población de 5,3 millones de habitantes. La investigación detalló una letanía de abusos en la asistencia estatal y religiosa, como violaciones, esterilizaciones y descargas eléctricas, que alcanzaron su punto álgido en la década de 1970.
Según el informe, los miembros de la comunidad indígena maorí eran especialmente vulnerables a los abusos, así como las personas con discapacidades mentales o físicas.
Líderes civiles y religiosos lucharon para encubrir los abusos, trasladando a los agresores a otros lugares y negando su culpabilidad, por lo que muchas víctimas murieron antes de que se hiciera justicia, añade el informe.
"Es una vergüenza nacional que cientos de miles de niños, jóvenes y adultos sufrieran abusos y desatención al cuidado del Estado y de instituciones religiosas", afirmaba el informe.
En él se formulan 138 recomendaciones, entre ellas pedir disculpas públicas del Gobierno de Nueva Zelanda, así como del Papa Francisco y del arzobispo de Canterbury, jefes de las iglesias católica y anglicana respectivamente, que ya han condenado anteriormente los abusos a menores.
En un comunicado, la Iglesia católica de Nueva Zelanda afirmó que estaba examinando detenidamente el informe.
"Nos aseguraremos de que se tomen las medidas oportunas tras examinar las conclusiones de la investigación", afirma el comunicado, que añade que ya había reconocido anteriormente que se habían producido abusos.
La Iglesia Anglicana en Nueva Zelanda dijo en un comunicado: "Reconocemos y asumimos toda la responsabilidad por no haber proporcionado el entorno seguro, afectuoso y enriquecedor que los que han estado a nuestro cuidado tenían derecho a esperar y a recibir".
PROBABLES INDEMNIZACIONES
El informe estimaba que el coste medio de por vida para un superviviente de abusos, es decir, lo que los neozelandeses considerarían actividades normales y cotidianas, ascendería en 2020 a unos 857.000 dólares neozelandeses (511.200,50 dólares estadounidenses) por persona, aunque el informe no dejaba clara la cuantía de las indemnizaciones disponibles para los supervivientes.
Luxon dijo que creía que la indemnización total debida a los supervivientes podría ascender a miles de millones de dólares.
"Estamos abriendo las conversaciones sobre indemnizaciones y estamos llevando a cabo ese trabajo con grupos de supervivientes", dijo.
La investigación también recomendó pagos a las familias que han sido atendidas por supervivientes de abusos debido al trauma intergeneracional que sufrieron, así como la revisión de las indemnizaciones pagadas en anteriores casos de abusos a menores, incluido el de la unidad de adolescentes de Lake Alice.
"El elemento más importante es reconocer a los supervivientes la realidad y la verdad de sus vidas", afirmó Tracey McIntosh, socióloga de la Universidad de Auckland.
El informe también pedía al Gobierno la creación de una Agencia de Cuidados Seguros encargada de supervisar el sector, así como una nueva legislación que incluya la notificación obligatoria de las sospechas de abusos, incluidas las confesiones religiosas.
(1 dólar = 1,6764 dólares neozelandeses)
(Reportaje de Lucy Craymer en Wellington y Alasdair Pal en Sydney; edición de Michael Perry; editado en español por Anxo Fariñas Torres)
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