El Parlamento británico está a punto de aprobar finalmente esta semana una ley que allanará el camino para que los solicitantes de asilo sean deportados a Ruanda, pero otros obstáculos legales podrían retrasar o desbaratar una de las políticas clave del primer ministro Rishi Sunak.
Sunak ha invertido un enorme capital político en el plan ruandés, cuyo éxito o fracaso podría ser crucial para la suerte de su partido conservador en las próximas elecciones, dada su promesa de impedir que decenas de miles de personas lleguen sin permiso en pateras a través del canal de la Mancha.
La nueva legislación está a punto de obtener la aprobación de los parlamentarios, sin enmiendas, esta semana. Pero no es seguro que el plan de Ruanda se ponga en marcha a mediados de año, como ha prometido Sunak.
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"En nuestra opinión, la legislación es totalmente simbólica", afirmó Paul O'Connell, del sindicato de Servicios Públicos y Comerciales (PCS), que ya ha interpuesto demandas sobre esta ley y está preparando nuevas acciones.
"Creemos que el Gobierno sabe que no tiene la más mínima posibilidad de sobrevivir a un recurso judicial, pero solo quiere mantenerlo vivo como tema de campaña para las elecciones generales".
Según la ley formulada hace dos años, todos los solicitantes de asilo que lleguen ilegalmente a Reino Unido serán enviados al país de África Oriental, en un intento de disuadir de las peligrosas travesías del canal en pateras y acabar con el modelo de negocio de los traficantes de personas.
El primer vuelo de deportación previsto para junio de 2022 fue bloqueado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), antes de que el Tribunal Supremo británico declarara ilegal el plan el año pasado.
La nueva ley de Sunak, que obvia algunos estatutos de derechos humanos existentes, está diseñada para anular la sentencia del Tribunal Supremo al declarar que Ruanda debe ser tratada por los jueces británicos como un destino seguro, además de limitar también las opciones de apelación de los individuos solo a casos excepcionales.
Para los críticos, desde altos cargos de su propio partido hasta el arzobispo de Canterbury, la política es inmoral, inviable y probablemente vulnera el derecho internacional. Sin embargo, algunos diputados conservadores de derechas afirman que no funcionará porque aún no es lo bastante dura.
Tras meses de batallas parlamentarias, es probable que el Gobierno consiga finalmente el respaldo de la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores en las votaciones del lunes y el miércoles.
¿CUÁNDO SALDRÁN LOS VUELOS?
No está claro cuánto tiempo pasará hasta que salgan los vuelos de deportación, y una fuente del Gobierno dijo que probablemente pasaría al menos un mes desde el momento en que se apruebe la legislación.
Organizaciones benéficas y grupos de derechos humanos afirman que se están preparando para presentar recursos en nombre de los afectados, aunque hasta ahora no se ha comunicado específicamente a ninguno que vaya a ser enviado a Ruanda.
O'Connell dijo que su sindicato, que representa al personal de las fuerzas fronterizas que ayudaría a llevar a cabo las deportaciones, presentaría un recurso legal alegando que la nueva legislación era ilegal "en los días siguientes" a que se informara a los primeros solicitantes de asilo de que iban a ser deportados.
El PCS y otros sindicatos también están estudiando la posibilidad de emprender acciones judiciales alegando que la aplicación de esta política supondría que los funcionarios tendrían que violar el Derecho internacional, especialmente si el TEDH volviera a dictar una medida cautelar —conocida como medidas provisionales del artículo 39— sobre las expulsiones.
El tribunal de Estrasburgo ha modificado sus normas desde la decisión de 2022, de modo que las medidas cautelares solo se dictarán en "circunstancias excepcionales" en las que exista un "riesgo inminente de daño irreparable".
Sarah Gogan, socia del bufete de abogados Harbottle & Lewis, dijo que la redacción del proyecto de ley de Sunak estaba diseñada para casi eliminar los desafíos legales, aunque sería más complicado evitar una intervención de los jueces europeos.
Con su partido a la zaga de los laboristas en las encuestas, y su propia posición en entredicho, Sunak se ha mostrado decidido a que los vuelos salgan lo antes posible.
Ya ha advertido que no permitirá que "tribunales extranjeros" bloqueen sus planes y se ha mostrado dispuesto a que Reino Unido abandone la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH) si es necesario.
Solo dos países han abandonado el CEDH con anterioridad, Grecia cuando los militares tomaron el poder en 1969 y Rusia tras la invasión de Ucrania en 2022.
Incluso si los problemas legales no bloquean los vuelos, también hay sugerencias de que el Gobierno podría tener dificultades para encontrar aerolíneas dispuestas a proporcionar aviones para las deportaciones. La organización benéfica Freedom from Torture está llevando a cabo una campaña para persuadir a las compañías aéreas de que no participen.
A la pregunta de si el Gobierno tenía un contrato con una compañía aérea, Sunak dijo a principios de este mes: "Tenemos todos los planes en marcha. Estoy muy seguro... De que puedo hacer operativa esta ley".
(Edición de Andrew Heavens; editado en español por Tomás Cobos)
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