Activistas y organizaciones que impulsaron la sanción de la Ley 27.610 que garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) rechazaron el proyecto presentado por legisladores del oficialista La Libertad Avanza para derogarla, al remarcar que se trata de "un derecho que es una cuestión de salud pública" y advertir que "quieren distraer reabriendo este debate saldado para no ocuparse de lo urgente: el hambre y la desocupación".
La iniciativa fue presentada el lunes por la diputada Rocío Belén Bonacci, acompañada con las firmas del presidente de la bancada libertaria, Oscar Zago, junto a Beltrán Benedit, María Fernanda Araujo, Lilia Lemoine y Manuel Quintar, aunque esta mañana el vocero presidencial, Manuel Adorni, aclaró que el proyecto para derogar la ley sancionada en 2020 "no es parte de la agenda" del presidente Javier Milei y "no está impulsada" desde el Poder Ejecutivo.
La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito expresó su rechazo a través de la red social X: "A días de la gran derrota política del gobierno de Milei en el Congreso, se presentó un proyecto con la intención de derogar la Ley 27610 de acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo".
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Y agregaron: "Nos quieren distraer reabriendo este debate saldado para no ocuparse de lo urgente: el hambre y la desocupación. Ya lo hemos dicho y lo repetimos, ni un paso atrás sobre nuestros derechos. No pasarán. Es ley, y va a seguir siendo ley".
Consultada por Télam, Patricia Bustamente, integrante de la Campaña, consideró que de ser aprobado ese proyecto de ley "implicaría la vulneración del deber del Estado de no regresividad en materia de derechos humanos, al que se ha comprometido a través de la firma de distintos tratados en la materia, que complementan con jerarquía constitucional nuestra normativa en virtud del artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional".
"Fueron años de lucha los que llevaron al reconocimiento de un derecho que es una cuestión de salud pública, derechos humanos y justicia social. En este estado generalizado de ajuste y avance sobre los derechos, las y les feministas seguimos en las calles, en el Congreso, en las aulas y en todos los lugares posibles, nunca nos fuimos", agregó.
Además, Bustamante manifestó que "no sólo establece la derogación de la Ley de IVE, sino que plantea un retroceso en materia de derechos incluso peor al del Código Penal de 1921, ya que el proyecto plantea la eliminación en las causales de embarazo producto de violación y cuando la salud de la persona gestante se encuentra en riesgo".
Según datos del proyecto Mirar, 250.000 personas accedieron a un aborto legal y seguro en instituciones públicas de salud en todo el país desde que la Ley IVE fue promulgada el 14 de enero de 2021, además impactó en la disminución de embarazos de niñas y adolescentes y en la mortalidad materna, tal como publicó Télam a mediados de enero.
"En estos tres años de la Ley 27.610 la mortalidad materna por aborto continuó su descenso. También disminuyeron los embarazos a término en niñas y adolescentes, muchos de los cuales son producto de abuso sexual", dijo en esa oportunidad a Télam la médica Mariana Romero del equipo de Mirar, que monitorea, desde la sociedad civil, la implementación de la norma, en base a datos oficiales.
Explicó que "para que estos resultados sean así se trabajó mejor la educación sexual integral a través del Plan ENIA de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia. Este Plan trascendió las gestiones y permitió una política pública sostenida con niñas, niños, niñes y adolescentes, con docentes y con equipos de salud".
En las últimas horas, también la organización Actrices Argentinas expresó su rechazo al proyecto de derogación: "No volveremos a la clandestinidad. Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal, seguro y gratuito para no morir. #AbortoLegal #EsLey", publicó en redes sociales.
Desde el colectivo Ni Una Menos, en tanto, repudiaron la iniciativa presentada por algunos diputados de la Libertad Avanza y advirtieron que "a esas provocaciones le contestamos con mayor organización, por eso convocamos a una asamblea para el miércoles que viene en ATE, de cara a organizar un paro feminista este 8 de marzo, masivo, transversal y en unidad".
"El Gobierno busca subirnos al ring como enemigas para usarnos y aglutinar una especie de transversalidad antifeminista frente a unas situación donde el ajuste ya está mostrando sus impactos, ayer salió este proyecto, hoy se desregulan subsidios del transporte", afirmó a Télam Lucía Cavallero, del Ni Una Menos.
Cavallero remarcó que la agenda de la organización se encuentra focalizada "contra el ajuste económico, contra el DNU y en defensa de aborto legal seguro y gratuito, pero no vamos a caer en ninguna provocación, sino enfocar fuerzas que incluyan denunciar la crisis económica, habitacional y social que estamos viviendo".
Por su parte, la abogada feminista Marisa Herrera, profesora de la Universidad de Buenos Aires e investigadora del Conicet, expresó en diálogo con Télam algunos interrogantes en relación al momento de presentación del proyecto del oficialismo.
"¿Es el momento adecuado tras el verdadero golpazo legislativo que resultó el regreso a comisión del proyecto de Ley Ómnibus? ¿El debate por la autonomía de los cuerpos de las personas gestantes vendría a ser una excusa para distraer por parte de un Gobierno que a menos de dos meses, se lo observa sin rumbo y con internas, desacuerdos e improvisaciones feroces?", se preguntó Herrera.
De cualquier forma, la abogada recordó que la intención de derogar la ley de IVE "estuvo presente en la campaña del libertario, hoy presidente de la Nación" y remarcó que "ejemplo de ello es el nombramiento de Rodolfo Barra como procurador del Tesoro", en referencia a que patrocinó causas contra el derecho e hizo declaraciones públicas en contra del aborto legal.
Con información de Télam
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