Cuando se habla de reforma laboral hay que mirar quién emplea el término, porque significa muchas cosas distintas. Por un lado, para los liberales del Estado mínimo, el modelo ideal es el de Estados Unidos de América, y hasta tal vez más radicalizado. Recordemos que Estados Unidos de América no ha ratificado el convenio de la Organización Internacional del Trabajo acerca de libertad sindical y derechos de afiliación a un sindicato del año 1948, ni ha ratificado el Convenio del Derecho a Negociación Colectiva del año 1949. En los Estados Unidos de América no hay un fuero laboral específico sino que hay distintas leyes federales, estatales, y municipales que dan algunas protecciones a los empleados, en particular respecto de la discriminación y el acoso laboral, pero no hay una negociación colectiva genérica; sí hay algunos sindicatos que por su poder de movilización y de negociación han logrado sectorialmente beneficios especiales para sus afiliados pero esta no es una situación general, e incluso esas negociaciones se rigen por el Derecho Civil.
En otros casos, la reforma laboral significa básicamente la liberalización del derecho laboral existente, es decir menores montos indemnizatorios, menores cargas patronales, periodos de prueba más largos, capacidad de negociación por empresas y no por sectores, etcétera. Y en un tercer sentido la reforma laboral remite a crear instrumentos que permitan la normalización de la enorme cantidad de trabajadores informales que hay en Argentina. Recordemos que, según datos del INDEC del 2023, el número de trabajadores informales, asalariado no registrados, y autónomos no profesionales alcanza al 46,6 el total de la masa laboral de la Argentina. Se trata de una enorme cantidad de gente que no tiene ninguna protección de ninguna clase, ni obra social ni aportes previsionales. Pero la situación es más grave, ya que no sólo involucra a los propios trabajadores, sino que debemos multiplicar ese valor por tres o por cuatro, para llegar al total de las familias que están desprotegidas.
Sólo en este último sentido la expresión reforma laboral tiene un sentido social y no el beneficio de un sector particular más allá que la retórica con la que se intenta vender una reforma moral siempre es esta última cuestión.
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Este fue el proyecto que figuraba en el programa del candidato de la Unión por la Patria, Sergio Massa, quien, al presentar su proyecto, que sería aplicado en caso de ganar las elecciones, afirmó: "Queremos que las personas beneficiarias de programas sociales dejen de ser beneficiarias de programas sociales para ser beneficiarios de programas de inclusión laboral".
Pero el proyecto que ha enviado el actual Poder Ejecutivo no va en esa dirección:
- Toma un modelo muy específico de fondo de cese de trabajo del convenio de la Unión de Obreros de la Construcción Argentina (UOCRA), pero el modo de trabajo de la construcción no es como el de las Industrias, en donde el empleo es permanente, sino que en la construcción como también ocurre en los trabajadores del campo (el convenio de la UATRE), la distribución anual del empleo varía estacionalmente, y entonces tienen convenios especiales para esta situación, pero no se pueden generalizar. Porque si se generalizan, lo que redundan es en una baja absoluta de las indemnizaciones que habrían de cobrar los trabajadores.
-Impone la suerte de moratoria o de blanqueo de aquellos empleadores que tienen trabajadores no registrados sin ninguna clase de sanción, ni que paguen retroactivamente los aportes no realizados, lo cual lesiona los derechos previsionales de los trabajadores.
- Elimina la relación de dependencia para pequeñas empresas de hasta cinco trabajadores, instalando una suerte de supuesto modelo cooperativo o asociación de trabajadores autónomos, lo que en rigor enmascara las relaciones laborales y hace que el empleador fragmente un proyecto que insumiría quince trabajadores en tres mini proyectos de cinco trabajadores, y de ese modo bajaría notablemente sus aportes patronales, por lo cual esta cláusula es una suerte de apertura al fraude previsional sistemático.
Pero no hay ni una línea cerca de la verdadera reforma necesaria, que es la inclusión de millones de trabajadores informales o desempleados que reciben planes sociales en el mercado laboral, que a su vez está desfinanciado por la alta inflación y la caída de la inversión. De eso no se habla. Por lo tanto, no podemos dejar de ver el diseño de una reforma laboral muy limitada y que abre la puerta a beneficios de empresarios y patronales inescrupulosas, mientras una parte importante de los asalariados, pese a tener empleo formal, sigue estando por debajo de la línea de la pobreza. Y la reforma propuesta por el gobierno de La Libertad Avanza, no apunta a combatir esa realidad.