La Cámara de Diputados de México empezará el martes a discutir una polémica reforma judicial propuesta por el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, que ha desatado una huelga de trabajadores judiciales, tensado las relaciones con Estados Unidos y generado desconfianza en los mercados, dijo el domingo un legislador del partido gobernante.
La columna vertebral de la reforma constitucional plantea la elección de más de 7,000 jueces, magistrados y ministros de la suprema corte por voto popular y se espera que avance sin problemas dada la mayoría del oficialismo en ambas cámaras del Congreso.
En la víspera, una jueza otorgó una suspensión para evitar la discusión de la propuesta en la Cámara Baja. Sin embargo, Ricardo Monreal, el líder del oficialista Morena en el hemiciclo, calificó la resolución como una "injerencia indebida y grosera" y aseguró que seguirían adelante con el debate.
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Además, agregó que se está analizando iniciar un juicio político y denuncia penal a los jueces por su "grave intromisión".
Monreal adelantó que el martes los diputados discutirán y aprobarán la controvertida reforma judicial en lo general y, al día siguiente, harán lo propio en lo particular, es decir, los artículos reservados.
"Ese día concluye el proceso nuestro (en la Cámara de Diputados) en esa materia", dijo Monreal.
Posteriormente, la reforma pasará a la Cámara de Senadores, donde el oficialismo está a solo un legislador de lograr la mayoría calificada, necesaria para hacer cambios constitucionales.
Entre otras cosas, el proyecto presentado por López Obrador y respaldado por la mandataria entrante Claudia Sheinbaum, propone disminuir de 11 a nueve el número de ministros del máximo tribunal, recortar sus mandatos a 12 años y recudir a la mitad la experiencia laboral para optar por cargos de ministro.
También se busca crear un nuevo órgano para supervisar a los jueces, en un país donde la impunidad alcanza niveles cercanos al 99%. Especialistas critican que la reforma no toca a fiscalías, policías y ministerios públicos, a los que achacan la elevada impunidad por la corrupción y su baja capacidad investigativa.
López Obrador argumenta que es necesaria una transformación al sistema de justicia porque "no está al servicio del pueblo" y "responde a intereses de la delincuencia organizada".
El gremio judicial sostiene que los cambios propuestos atentan contra sus derechos porque se eliminaría la carrera judicial y abren la posibilidad a que grupos de poder, incluso ilegales, copen el sistema de justicia con la elección popular de jueces.
El domingo, estudiantes universitarios y trabajadores judiciales protestaron frente a la sede del Senado haciendo un llamado a defender la democracia.
"Si esta reforma llegara a pasar, los perjudicados no solamente somos los integrantes del Poder Judicial de la Federación sino todos los ciudadanos. Porque tener jueces de partido o jueces políticos va en detrimento de los Derechos humanos", dijo el magistrado Froylán Muñoz.
La propuesta del mandatario también ha generado preocupación entre inversionistas y socios comerciales de México, quienes aseguran que se debilitaría a uno de los contrapesos del Poder Ejecutivo, dañando el clima de negocios en la segunda mayor economía de América Latina.
Con información de Reuters
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