Tras un arduo debate, la Cámara de Diputados de México aprobó el miércoles una polémica reforma constitucional que busca extinguir varios organismos autónomos para recortar el gasto público, pero que a su vez podría generar conflictos por incumplimientos del tratado comercial de Norteamérica, TMEC, y rebajas a la nota crediticia del país.
La reforma aprobada por el oficialismo con 347 votos, incluye la eliminación del regulador de telecomunicaciones, el IFT. Analistas advierten que podría conducir a conflictos con Estados Unidos y Canadá, ya que el TMEC exige la existencia de un organismo regulador del sector, en momentos en que los socios comerciales se preparan para la revisión del pacto en 2026.
Tras la aprobación detallada, prevista para el jueves, la enmienda avanzará al Senado, donde el partido gobernante también tiene una amplia mayoría. La ley establece que las actividades de las entidades disueltas serán asumidas por las Secretarías afines y otras dependencias del Ejecutivo, lo que se traducirá en un ahorro anual de alrededor de 100,000 millones de pesos (unos 5,000 millones de dólares).
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La legislación propuesta también apunta a la agencia antimonopolios, Cofece, proponiendo su integración en la Secretaría de Economía. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha defendido los cambios, insistiendo en que se mantendrá la "independencia técnica" de estas agencias y que se establecerán disposiciones especiales para garantizar el cumplimiento de los requisitos del TMEC.
La reforma también ha provocado advertencias sobre posibles rebajas a la calificación crediticia de México, que actualmente cuenta con grado de inversión de Fitch, Moody's y S&P.
"Esta reforma implica un mayor deterioro del marco institucional de México, lo que eleva la probabilidad de recortes de la calificación crediticia", dijo Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Grupo Financiero BASE.
La semana pasada, Moody's rebajó la perspectiva de México a negativa desde estable, citando un debilitamiento de los marcos políticos e institucionales, luego de la aprobación de una polémica reforma judicial que, entre otras cosas, estipula que jueces, ministros y magistrados serán electos por voto popular.
Otras entidades que enfrentan la disolución bajo la reforma son el instituto de transparencia, INAI, conocido por exponer la corrupción pública, y el regulador energético CRE, que supervisa los permisos, el arbitraje y los estudios tarifarios en los sectores del gas natural y la electricidad. Este último se incorporará a la Secretaría de Energía.
Con información de Reuters
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