Málaga prohibirá nuevos alquileres turísticos de corta duración en 43 barrios de la ciudad, la última medida adoptada por las autoridades españolas para hacer frente a la preocupación de los residentes de que el auge del negocio turístico les está dejando fuera del mercado inmobiliario.
La ciudad del sur de España se une así a otras ciudades que han tomado medidas enérgicas contra los alquileres de corta duración, como Barcelona, que tiene previsto suprimir las licencias para alquileres turísticos en 2028.
Los residentes que protestan contra los elevados alquileres y la falta de oferta a largo plazo lo achacan a la proliferación del alquiler a corto plazo en plataformas como Airbnb y Booking.com y a la afluencia de extranjeros que eligen Málaga como base para trabajar a distancia.
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En la última década, España ha experimentado un aumento de la demanda de viviendas de alquiler por parte de inmigrantes y familias con bajos ingresos, según datos recientes del Banco de España. Los propietarios, sin embargo, suelen preferir alquilar a turistas porque obtienen mejores rendimientos.
Málaga cuenta con 14.000 plazas hoteleras frente a 40.000 de alquiler vacacional, según declaró el alcalde de la ciudad, Francisco De la Torre, en un acto empresarial celebrado en Madrid el 18 de octubre.
La prohibición, anunciada por el Ayuntamiento de Málaga, afectará a los barrios en los que más del 8% de las viviendas se alquilan a corto plazo.
En el centro de Málaga, los alquileres vacacionales de corta duración representan el 65% del total de alojamientos turísticos, según un estudio realizado por las autoridades locales.
Esos distritos tienen alquileres más altos y menos residentes, dijo el ayuntamiento, añadiendo que revisará las restricciones cada año.
De la Torre también envió una carta al ministro de Turismo, Jordi Hereu, solicitando permiso para imponer un impuesto sobre las pernoctaciones en viviendas vacacionales, que se utilizaría para subvencionar alquileres sociales. Los turistas alojados en hoteles estarían exentos del impuesto, cuya aplicación requeriría una reforma de la legislación nacional.
Con información de Reuters
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