Vecinos organizados de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú exigieron el cumplimiento inmediato del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en el que se obligó en 2021 a la empresa constructora "Amarras" a desmantelar el barrio náutico privado, donde las obras generaron "la crecida del río e inundaciones".
Además, en septiembre del 2022 un juez de Entre Ríos ordenó a la empresa, a la provincia de Entre Ríos y al municipio de Pueblo General Belgrano, pagar $ 200.000 de multa por cada día en el que no se avance en los trabajos.
La Comisión Vecinal Barrio del Puerto, de Gualeguaychú, envió una carta abierta a Télam en la que dan cuenta de su reclamo por el cumplimiento inmediato del fallo y hace "responsables de las consecuencias pueda traer ante el avance del agua".
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La Municipalidad de Gualeguaychú había pedido hace casi cuatro años la "paralización y demolición" del barrio, ya que las obras de elevación de la tierra habían provocado la crecida del río y "la evacuación de más de 150 personas" en varias ocasiones.
De acuerdo a esa denuncia, la crecida repentina también generó que lugares emblemáticos como el Parque Unzué, la costanera, caminos turísticos, clubes, playas, campos y barrios de la zona de la costanera y el puerto, quedaran bajo agua.
Además, el barrio náutico Amarras "era el único lugar no inundado de toda la zona" y "el agua que desplazaba ingresaba profundamente en el casco urbano, afectando zonas densamente pobladas", según la denuncia.
Desde 2015 se realizaron charlas, marchas y presentaciones del documental con testimonios de lugareños, abogados, ambientalistas, especialistas profesionales que realizaron estudios en la zona.
Además, más de 2.000 vecinos y vecinas de Gualeguaychú adhirieron a las demandas municipales.
En 2021, la CSJN rechazó el recurso extraordinario y dejó en pie la decisión de la Justicia entrerriana que detectó "efectivamente una alteración negativa del medio ambiente", y por eso solicitó la "la recomposición del ambiente volviendo las cosas a su estado anterior".
Por ende, la empresa Altos de Unzué, encargada de la construcción, y la Municipalidad de Pueblo General Belgrano, donde se construyó el barrio privado, tenían 180 días para el desmantelamiento de la zona.
Aún no se detectaron cambios ni ninguna actividad que dé cuenta de que la empresa "tenga voluntad de cumplir" con la sentencia, se indicó.
Por eso, en septiembre del 2022 el juez civil y comercial de Gualeguaychú, Javier Mudrovici, impuso una multa de $ 200.000 como multa por cada día de atraso en cumplir con el fallo.
Los vecinos explicaron en un escrito que el barrio privado "jamás obtuvo licencia social", y que el humedal sobre el que se pretendió construir ayuda a contener las inundaciones de vecinos "afincados desde hace más de dos siglos sobre la vera del río Gualeguaychú".
Los humedales "hacen posible la vida, el 40% de la biodiversidad vive o se reproduce allí, son filtros depuradores y reservorios de agua dulce, amortiguando los impactos de las lluvias y ayudan a disminuir el cambio climático", remarcaron.
Con información de Télam
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