En los últimos días, La Rioja creó un aporte extraordinario de Grandes Contribuyentes, quienes contribuirán un 25% del impuesto determinado de Ingresos Brutos para aquellos que declaren una facturación mensual igual o superior a 200 millones de pesos. Con esta decisión, el Gobierno provincial buscó consolidar un fondo solidario destinado al Programa Alimentario Riojano.
En ese contexto, el gobernador Ricardo Quintela confirmó, en las últimas horas, que ampliará dicho aporte a funcionarios, jueces y diputados. "Con ello queremos garantizar que los comedores escolares funcionen normalmente, y queremos que esos fondos vayan a atender un sector de la sociedad que demanda. Hay que garantizar la nutrición de los chicos, que la Nación cortó", resaltó el mandatario riojano, según expresaron en el portal Rioja Virtual.
A través de la Ley 10.699, que prorroga la emergencia social, alimentaria, sanitaria, económico financiera, laboral, productiva, hídrica, administrativa, habitacional, de seguridad y de servicios público en la provincia, La Rioja dispuso la asignación específica de los recursos recaudados, creando el Fondo Solidario Para Gestión Alimentaria (FOSGA), a través del cual se deberá aportar al financiamiento de políticas públicas alimentarias, específicamente el PAR.
El aporte extraordinario que tributarán estas empresas se pagará sobre los anticipos de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2024. Los considerados grandes contribuyentes que declaren una facturación mensual igual o superior a 200 millones de pesos, deberán pagar un extra del 25% del impuesto determinado de Ingresos Brutos.
"No se si están de acuerdo. Es Ley, hay que ser solidario. Los que más tienen, deben colaborar con los que menos tienen, al menos para una copa de leche", sostuvo Quintela.
Por último, el gobernador reflexionó: "Hay una sociedad que exige mucho, pero no quiere aportar casi nada, fundamentalmente los que más tienen. Queremos que aporten un poquito, no se van a volver más pobres".
Fondos suspendidos
El gobierno de Javier Milei, en lo que va del 2024, suspendió el Programa Servicio Alimentario Escolar (SAE), por lo que fue decisión del Gobierno provincial priorizar el financiamiento con fondos propios. Esta politica alimentaria alcanza a las escuelas de nivel inicial, primario y secundario situadas en las zonas rurales de toda la provincia, como así también a determinadas escuelas en zonas urbanas que se encuentran en especial contexto de vulnerabilidad social.
A través de esta decisión se abarcan 335 comedores escolares y una matrícula de 11.650 alumnos y alumnas, quienes de lunes a viernes reciben el almuerzo durante el período escolar para garantizar una correcta alimentación a la par que estudian.
En este contexto, el aporte realizado por las grandes empresas resulta una estrategia clave para el financiamiento del PAR, con el fin de promover una mayor seguridad alimentaria de la comunidad escolar y en la juventud.
Por otra parte, el gobierno provincial decidió acompañar a las empresas privadas de la provincia por la descomunal suba en la tarifa de energía eléctrica, lo que significó un gran aliciente para los grandes contribuyentes que recibieron facturas con hasta un 400% de aumento debido al tarifazo.
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