Aumentos de las tarifas de luz y gas y la posibilidad de frenarlos en la Justicia

El gobierno de Javier Milei diseñó un aumento de tarifas energéticas que llevará a los usuarios a un cambio de paradigma en el consumo de los servicios públicos de electricidad y gas natural en el país. En los hechos, ahora los hogares y comercios pagarán una factura final dolarizada, con subas mensuales (por primera vez desde las privatizaciones) y con un elevadísimo cargo fijo sobre el cargo variable (consumo), a la inversa de lo que se viene implementando desde la salida de la convertibilidad.

El Destape pudo reconstruir a partir de distintas fuentes que diversas asociaciones de usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ya están aconsejando a comercios que en marzo y abril recibieron facturas cinco o seis veces superiores a las de febrero se presenten a la Justicia por la “irracionalidad” de los aumentos.

Una duda que surge en distintos sectores es si la suba de las tarifas y el cambio en el mecanismo de actualización responde los criterios de razonabilidad y accesibilidad que en 2016 sostuvo por unanimidad la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el histórico fallo CEPIS, la ONG que presentó un amparo y pudo frenar -por algunos meses- la suba que quería implementar Juan José Aranguren y Mauricio Macri, porque no respetaba esos criterios ni se habían hecho las audiencias públicas. Es decir, la Corte no sólo observó el porcentaje de los aumentos, si no cómo se implementaron.

El Destape dialogó con Walter Martello, ex interventor del ENRE, Juan Azcune, abogado de la ONG Pensando Políticas Públicas, y Claudio Boada, abogado especializado en derechos de consumidores y presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores, sobre la posibilidad de que los aumentos tarifarios encuentren un freno en la Justicia. A diferencia de 2016, el gobierno sí realizó las audiencias públicas, por eso ahora pesa más el debate sobre la razonabilidad.

Martello (ex ENRE) señaló que “estamos viendo una política tarifaria de shock que va a empujar a la pobreza energética a millones de usuarios, fundamentalmente del AMBA. Los aumentos se van a judicializar”. Y añadió: “es un error grave dolarizar las tarifas y también el aumento desmesurado del cargo fijo, que no tiene que ver con el consumo, está en línea con lo que pedían las empresas”.

¿Qué implica para los usuarios la suba mensual del cargo fijo y por qué el gobierno no lo informó como corresponde? A modo de ejemplo, la suba del cargo fijo implica que un hogar de bajos ingresos del Nivel 2 (“hogares vulnerables”, según describe el gobierno) de Metrogas pagaba de cargo fijo (sólo por estar conectado a la red) alrededor de $ 1.300 por mes,  pero ahora pasará a pagar $ 52.800 también. El aumento en el cargo fijo que sufrirán los hogares de bajos recursos será de 3.940% en 30 días, según un análisis que hizo el medio especializado en energía EconoJournal. Además, el porcentaje de aumento de un hogar pobre es igual a las familias de ingresos altos y medios (Nivel 1 y Nivel 3).

Consultado por este medio, Juan Azcune (Pensando Políticas Públicas) argumentó que “el aumento de la electricidad y el gas dio un giro copernicano en el esquema tributario dolarizando y mensualizando las tarifas y modificando el esquema del cargo fijo. Por eso creemos que la suba carece del requisito de accesibilidad necesario y lesiona los principios del fallo CEPIS”.

Y agregó que “la Corte Suprema habla de razonabilidad de los aumentos, pero también de gradualidad, que significa que se habilita para las empresas la recuperación del atraso tarifario, pero, al mismo tiempo, da lugar a los usuarios a programar el pago efectivo de las facturas atendiendo la situación económica y presupuestarias de las familias. Por eso la Corte habla de razonabilidad y gradualidad, que no está ocurriendo ahora con los fuertes aumentos”.

Por su parte, Claudio Boada (Unión de Usuarios y Consumidores) indicó que “el argumento para la judicialización es que no son justas ni razonables. Una de las claves del fallo CEPIS es que señalaba la necesidad de hacer audiencias públicas. Como ahora sí se hicieron, los argumentos serán sobre la razonabilidad, tanto para las empresas de energía como los para los hogares. Este debate no está resuelto en la Argentina”.

Aumentos

En gas y electricidad habrá aumentos mensuales. El salto en la factura de gas a partir del 1° de abril será de 450% y hasta 650% para usuarios de altos ingresos (Nivel 1 de la segmentación iniciada en el gobierno anterior) y para industrias y comercios. Hay pequeños locales de cercanía en el AMBA, como kioskos y panaderías, que ya están recibiendo facturas que superan los 400.000 pesos mensuales. A partir de mayo estos comercios recibirán facturas con nuevos aumentos.

En electricidad la suba impactará en todo el país. Algunas provincias se anticiparon y comenzaron a implementar cuotas para el pago de las tarifas. También hay gobernadores que quieren evitar el corte del servicio ante el incumplimiento de pago y están analizando medidas con las empresas. En el AMBA, según los cuadros tarifarios publicados, la suba será entre 150% y 300%, pese a que el gobierno había informado -incorrectamente- que iba a ser entre 65% y 150%.

Gradualidad

Azcune remarcó que “la Corte Suprema en el fallo CEPIS habla de un esquema tarifario que de certeza, previsibilidad, razonabilidad y gradualidad para evitar tarifas desproporcionadas sobre los derechos de los usuarios y resguardar así la seguridad jurídica de los ciudadanos”. “El fallo de 2016 también apunta a que los aumentos no impidan la cobertura de otras necesidades básicas y sean acordes a los ingresos de los usuarios. Tal como se están aplicando ahora, los incrementos van a generar pobreza energética”, indicó.

Martello expresó que “los enormes aumentos que llegaron en estos días son de marzo, pero la gente tiene que saber que en mayo, junio, julio y hasta diciembre van a tener aumentos todos los meses, el criterio de razonabilidad se pierde totalmente, por eso seguramente haya una lluvia de amparos, sobre todo de pequeñas y medianas empresas y comercios”.

Por último, Boada se preguntó: “¿es razonable una quita total de subsidios en dos o tres meses? El debate de fondo en las próximas semanas va a ser si los aumentos respetan la gradualidad. Esto podría durar años para que se resuelva en la Justicia”.