El cimbronazo en el Ministerio de Infraestructura y el despido de Guillermo Ferraro genera mayor incertidumbre en la política habitacional del Gobierno. El plan Procrear, marca estatal de mayor empuje en la construcción y entrega de viviendas, permanece frenado a la espera de un "relevamiento" que no tiene plazos. Casi 17 mil viviendas se encuentran en ejecución para ser finalizadas y peligran 90 mil puestos de trabajo.
"Es tal la precariedad de lo que dejaron que antes de entregar nada, si es que dejaron algo en condiciones de ser entregado, se va a relevar todo", explicó una fuente del Gobierno a este medio respecto al futuro de Procrear, una política pública de desarrollos urbanísticos y nuevos espacios públicos e infraestructura que permitan mejor conectividad. Sin dar precisiones sobre ese supuesto escenario catastrófico, actualmente hay 30 mil viviendas proyectadas para ser entregadas, lo cual requiere la disposición de 90 mil trabajadores.
Aún bajo la idea de que "lo que esté avanzado, se va a terminar", no hay definiciones sobre ningún plan de obra y el posible traspaso de Infraestructura a manos del Ministerio de Economía de Luis Caputo esfuma esperanzas de un vuelvo mayor de ingresos a esta área. Semanas atrás, con el objetivo de “garantizar la continuidad y finalización del proyecto Procrear” que está en marcha en la localidad de El Palomar, el intendente de Morón, Lucas Ghi, se reunió con el secretario de Vivienda y Hábitat, Héctor Lostri.
Se trató del primer acercamiento de un jefe comunal peronista y el nuevo gobierno nacional. Con la salida de Ferraro, ¿En qué queda esa reunión? El desplome de inversión estatal en obra pública por parte de Nación es un hito de campaña del presidente Javier Milei.
Procrear como salida a la casa propia
El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat entregó más de 180 mil créditos para construcción y adjudicó unas 130 mil viviendas con el Procrear II entre 2020 y 2023. Desde su inauguración en 2012, suma 530 mil soluciones habitacionales. La actual edición del programa se relanzó en agosto de 2020 y se compone por tres líneas de créditos: la línea Casa Propia brinda crédito para la construcción de una vivienda única, familiar y de ocupación permanente; la línea Desarrollos Urbanísticos ofrece crédito hipotecario para la compra de viviendas nuevas; y la línea de créditos Lotes con Servicios + Construcción genera suelo urbano de calidad para la construcción de viviendas mediante créditos hipotecarios.
Para la línea Casa Propia Construcción, el gobierno anterior entregó 181.302 créditos entre agosto 2020 y agosto 2023, con una inversión total de $ 300.955.217.888. De ese total, 115.963 créditos fueron entregados para mejoramiento habitacional y 65.339 para construcción de viviendas. Respecto a la línea de Desarrollos Urbanísticos, son casi 130.000 viviendas adjudicadas en todo el país desde 2020.
El programa, cuyo fiduciario es el Banco Hipotecario, es una política de desarrollo urbano, territorial y habitacional de alcance federal que busca mejorar las condiciones generales de acceso al hábitat. Los créditos para construcción son en pesos, a tasa cero y con plazos máximos de 30 años, destinados a la construcción de la vivienda única y de ocupación permanente de hasta 60 metros cuadrados en lote propio o de familiar directo.
Para esta edición se creó el Coeficiente Casa Propia de actualización crediticia, que está indexada a la evolución de los salarios de las familias adjudicatarias. De los más de 65 mil créditos liquidados en la línea Casa Propia con destino construcción en todo el país, hay más de cuatro millones de metros cuadrados construidos que impactan en la generación de nuevos puestos de trabajo.
Milei quiere suspender el financiamiento de barrios populares
En paralelo al freno de Procrear, el proyecto de Ley Ómnibus incluye en el artículo 211 un cambio sustancial para la ley de barrios populares, actualizada en 2022. La propuesta del Poder Ejecutivo daña concretamente al financiamiento de las obras públicas en estas zonas urbanas, las cuales se realizaban con el Fondo de Integración Socio Urbana, conformado con aportes provenientes del impuesto PAÍS.
Así lo fija la ley 27.541 en su artículo 42, donde está establecido que el 30% de lo recaudado a partir de este tributo está destinado a la construcción de obras de vivienda social. El otro 70%, por su parte, es para el financiamiento de los programas a cargo de la Anses y de las prestaciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.
A pesar de ser una de las propuestas votada por ambos bloques mayoritarios -Juntos por el Cambio y Unión por la Patria- el oficialismo pretende eliminarla con el paquete de leyes que se debate en la Cámara de Diputados. “Sustitúyese el artículo 42 de la Ley 27.541 por el siguiente”, empieza la redacción del artículo 211 de la Ley de Bases. El que lo reemplaza sostiene: “El producido del impuesto establecido en el artículo 35 será distribuido en su totalidad por el Poder Ejecutivo nacional para el financiamiento de los programas a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social y de las prestaciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados”.
De esta manera, el nuevo escrito deja de lado el financiamiento del fideicomiso Fondo de Integración Socio Urbana, creado por la ley 27.453, con el que se realizaban las obras en los barrios populares. Lo curioso es que hasta el expresidente Mauricio Macri omitió realizar modificaciones a esta legislación.
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